* Los integrantes de ese grupo de búsqueda de personas desaparecidas señalan que se debe dar transparencia al proceso de reconocimiento e identificación de restos humanos que han encontrados en todo el país
Jesús Saavedra
La Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos demandó al gobierno federal la creación del Instituto Nacional Forense (INF) que “transparente” el proceso de reconocimiento e identificación de los miles de restos óseos que han encontrado en su labor a lo largo y ancho del país.
El miércoles se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la zona Norte de nuestra entidad y este jueves dieron a conocer el documento que le entregaron con sus peticiones concretas.
Hoy darán una conferencia de prensa en Huitzuco para ofrecer un balance de su visita a Guerrero, pues destacaron que está Brigada forma parte de “un ejercicio de autonomía y democracia por parte de los colectivos de familiares para realizar tareas de búsqueda ciudadana de personas desaparecidas”.
Añadieron que “surge con el fin de crear un espacio organizativo y un mecanismo de búsqueda que logre resultados y obligue a las autoridades a cumplir con su mandato de proteger a la ciudadanía y encontrar a nuestras personas desparecidas. Es un mecanismo integral de reconstrucción del tejido social, pues desata un proceso profundo de transformación, mostrando una vía para la construcción de paz”.
Explicaron que su trabajo se basa en 3 ejes que son “la búsqueda de campo, actividades en escuelas y plazas públicas, y actividades en iglesias con comunidades de fe”.
Sostienen en el documento que entregaron al funcionario federal que con sus actividades, “la Brigada busca iniciar procesos permanentes de construcción de la paz en zonas afectadas por la violencia”.
Señalan que desde el viernes 19 y hasta la fecha “hemos recorrido diversas comunidades en Huitzuco, Iguala y Chilpancingo, realizando labores en nuestros diversos ejes. En el marco de la búsqueda, hemos hallado restos óseos y otras evidencias en fosas clandestinas. En Chilpancingo, por ejemplo, pudimos localizar y resguardar más de 60 huesos que desde nuestro análisis preliminar son restos humanos de mujeres y hombres, enterrados en fosas clandestinas; en Tetelilla, fueron tres puntos positivos”.
Informan a Encinas Rodríguez que han “encontrado restos humanos en la mayor parte de los sitios que hemos recorrido. Señalamos con gran preocupación que muchos de los hallazgos en el municipio de Chilpancingo fueron encontrados en lugares que ya habían sido procesados por las autoridades, lo que nos habla de negligencia por su parte tanto en el proceso de búsqueda, como en la recolección de evidencias que podrían llevar a la identificación de personas desaparecidas”.
Y le señalan que la desaparición forzada en México “es un tema en la agenda internacional de derechos humanos, que ha obligado a los tres niveles de gobierno a implementar acciones y medidas que están muy lejos de cumplir las expectativas de las familias de los desaparecidos”.
Aseguran que en México “no contamos ni a nivel federal ni estatal con Fiscalías que sirvan; las carpetas y averiguaciones previas no avanzan pues los ministerios públicos son omisos ante sus obligaciones, las comisiones de atención a víctimas se pierden en una maraña burocrática, las Fiscalías especializadas en desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, así como las comisiones federal y estatal de búsqueda, no resuelven los casos al no contar con recursos humanos, materiales y económicos, violentando nuestro derecho a la verdad y acceso a la justicia. En este largo camino de buscar a nuestros seres queridos, ha sido indignante la indiferencia y revictimización de muchos funcionarios, que retrasan los trabajos y obstaculizan el trabajo”.
Exigen al gobierno estatal que se “comprometa con las familias del estado de Guerrero para que los resultados arrogados por esta Brigada no sean en vano ni formen parte sólo de las estadísticas. Solicitamos que se trace una ruta de trabajo clara, de la mano de las familias”.
En ese sentido plantean una serie de demandas como que se “ordene una exploración completa en las áreas en donde la Brigada trabajó en coordinación con el Frente Guerrero y encontró restos humanos e indicios de fosas clandestinas, y de otros puntos identificados, con el fin de rescatar a estas personas y proceder con la identificación y entrega de sus restos a sus familias”.
Solicitan además que los restos humanos encontrados y entregados a los expertos de la Procuraduría General de la República (PGR) “sean analizados de manera pronta y comparados con la base de datos de personas desaparecidas, a fin de identificarlos y ser entregados a sus familiares. Es necesario desarrollar un mecanismo puntual y transparente de seguimiento del proceso de identificación”.
Piden de manera concreta a la Secretaría de Gobernación que instale una mesa inter-institucional, “a efecto de tejer una ruta de trabajo con las familias de personas desaparecidas en la entidad, para lo cual el primer contacto con esta Brigada sea el Frente Guerrero. Esta mesa debe tener capacidad de decisión, voluntad política y una interlocución constante con los colectivos de familiares”.
Consideraron además necesario dar “seguridad y protección a personas que enfrentan graves riesgos en su trabajo cotidiano de búsqueda y defensa de derechos humanos”, y que han solicitado tal protección del estado sin recibir respuesta, “entre ellos la familia Vergara (de Huitzuco) que ayudó en la preparación de la jornada de trabajo en esta zona”.
Solicitan por ello la creación del Instituto Nacional Forense “para realizar, coordinar y transparentar el trabajo de investigación e identificación de restos. Implementar de manera efectiva el Plan Nacional de Exhumación”.
Le piden al gobierno federal la reparación integral, garantías de no repetición, “el respeto y cumplimiento de todos los derechos de las víctimas —económicos, sociales, políticos y culturales— en base a los estándares internacionales y de la Ley General de Víctimas”.
Exigen además la implementación de una estrategia integral de seguridad pública “que prevenga y elimine al crimen organizado, por lo que tiene que surgir de la consulta a todos los sectores, colectivos de víctimas, organizaciones sociales y organismos civiles de derechos humanos”.
Agregaron que es necesario que “se garantice la efectividad de los órganos encargados de impartir y administrar la justicia. La búsqueda y localización de las personas desaparecidas hasta encontrar a todos y todas”.