El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, consideró necesario que alrededor de cinco mil desplazados puedan ser incorporados al Censo del Bienestar del gobierno federal.
En entrevista para el portal Bajo Palabra, el activista señaló que aunque no existe un censo general de personas que han sido forzadas a dejar sus hogares, existen visibles casos masivos de desplazamiento a causa de violencia, el más reciente de pobladores de Tlaltempanapa.
Olivares Hernández catalogó como necesario que el gobierno federal contemple censar a víctimas de desplazamiento forzada para que puedan acceder a programas sociales, porque son estos quienes están en mayor vulnerabilidad.
“Ya varias ya fueron censadas, a varias familias desplazadas, en otros si necesitaríamos solicitar que se acuda a censar a la gente que está más apartada, en este caso a la gente de Quetzalcoatlán (Zitlala), que está totalmente abandonado a la gente que está allá arriba en la sierra de Petatlán, que también está abandonada por el contexto de violencia”, señaló.
En los últimos años, se ha documentado el desplazamiento de pobladores de comunidades pertenecientes a los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo (Chichihualco), y Coyuca de Catalán.
El plan del gobierno federal, de acuerdo al delegado de los Programas Integrales de Desarrollo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, es que los cientos de desplazados en la entidad, puedan acceder a asistencia social, a través del Censo del Bienestar, del que se encargan los más de don mil Servidores de la Nación, desplegados en territorio guerrerense.
