* Juzgado Federal dejó sin efectos resolución que exoneraba a servidores públicos que podrían haber incurrido en irregularidades durante la investigación por la desaparición de 43 normalistas, informó Tlachinollan
Jesús Saavedra
Un juzgado federal en materia administrativa de la Ciudad de México dejó sin efectos la resolución de la Visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) que exoneraba de conductas irregulares a funcionarios de esa dependencia en las investigaciones que realizó por la desaparición de 43 normalistas, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre del 2014.
De esa manera, el Poder Judicial de la Federación determinó además que se investigue la probable responsabilidad penal de funcionarios de PGR por esas presuntas irregularidades en las pesquisas por ese caso.
Esa sentencia la emitió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro de un juicio de amparo que interpusieron los abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Ese recurso está identificado con el número 195/2017 y el Juzgado determinó dejar “sin efectos” la resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR que consideraba “faltas leves” las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa, exonerando en los hechos a diversos funcionarios.
En su sentencia, el Juez ordena que se emita una nueva resolución que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible “trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la PGR.
Así lo informó este domingo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ a través de un comunicado, donde explica que después de que en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) diera a conocer graves irregularidades respecto de diligencias practicadas en el Río San Juan —donde, según se reportó, se hallaron los fragmentos óseos que a la postre se identificó pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio—, la Visitaduría General de la PGR inició una investigación de control interno.
Sostienen que esa investigación “no llegó a buen puerto, pues el titular de la Vistaduría fue apartado de su puesto. Posteriormente, dicho funcionario revelaría haber recibido presiones para disminuir el alcance de su resolución. En este contexto, la nueva titular de la Visitaduría auspició otra resolución que diluyó la responsabilidad de los funcionarios. Ante esta determinación, las familias de los normalistas presentaron una demanda de amparo indirecto aduciendo violados sus derechos a la verdad y al acceso a la justicia”.
También puntualizaron que es necesario “recordar que la propia Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en su momento que, a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, se produjo un viraje ‘lamentable’ que significaba una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”.
Y explicaron que el 12 de diciembre de 2018 se publicó la resolución que otorgó el amparo a las familias, misma que les fue notificada en días recientes, “sentando un precedente positivo, la sentencia reconoce el interés jurídico de las víctimas indirectas en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad”.
Añaden que esa resolución judicial “considera que la resolución de la Visitaduría no fue exhaustiva ni congruente y advierte que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad. En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas”.
Aseveran que para las y los familiares de los normalistas desaparecidos, “esta sentencia representa una oportunidad para que la nueva Administración Federal revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del Caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo”.
Finalizaron afirmando que “la sentencia llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad”.