* La contralora del Ayuntamiento, Arely Ascencio, reveló que durante la pasada administración se dejaron de pagar cuotas al ISSSPEG, el ISR e Infonavit, que se descuentan a trabajadores
* Además, se hicieron préstamos personales a funcionarios fuera del marco legal, dejó faltante de equipo y vehículos, y se pagaron completas obras “fantasmas”
* Dejó una nómina de 8 mil 660 trabajadores de todo tipo, que representa casi 112 millones de pesos mensuales; advirtió que se iniciaron procedimientos administrativos y se dará vista a la Fiscalía
ANA LILIA TORRES
ACAPULCO.— La administración municipal que encabezó Evodio Velázquez Aguirre incurrió en una serie de irregularidades que ocasionaron un quebranto financiero por más de 2 mil 700 millones de pesos al Ayuntamiento de Acapulco, reveló este martes la contralora municipal Arely Ascencio López, quien advirtió que se iniciarán los procedimientos para fincar responsabilidad administrativa.
En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes la alcaldesa Adela Román Ocampo y delegado regional del Gobierno de la República en Acapulco, César Núñez Ramos, la funcionaria municipal informó el resultado de las revisiones realizadas en las distintas áreas del gobierno municipal.
Señaló que derivado del proceso de entrega recepción se detectó que en el gobierno de Evodio Velázquez había una nómina elevada, omisiones en el pago de impuestos, de cuotas al ISSSPEG, ISR e Infonavit, que se descuentan a trabajadores, así como préstamos personales a funcionarios fuera del marco legal, faltante de equipo y vehículos, obras “fantasmas”, entre otras anomalías.
La contralora municipal dijo que en las revisiones del estado financiero se encontraron cuentas por cobrar con un monto de 461 millones 632 mil 252 pesos, entre ellos se encuentra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAMA) por préstamos económicos que realizó el municipio al organismo, además de que no se pagaron becas escolares ni dejaron recursos para eventos culturales como el Festival de la Nao 2018 que estaban debidamente etiquetados.
También dijo que de manera ilegal se otorgaron recursos a ex servidores públicos por 10 millones de pesos, que no comprobaron al término de su gestión, así como adeudos, retenciones, contribuciones y sueldos por pagar con un monto superior a los 800 millones de pesos, entre ellos las cuotas del Infonavit y del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), por 207 millones 94 mil 842 pesos.
Además, señaló que en los estados financieros se detectó que hubo retenciones del ISR e impuestos del dos por ciento al estado, por 252 millones 681 mil 634 pesos, “todo retenido a los trabajadores y no entregado a las instituciones correspondientes”, indicó.
En el aspecto de recursos humanos, la funcionaria municipal informó que el gobierno anterior heredó al Ayuntamiento una nómina de 8 mil 660 trabajadores, entre sindicalizados, supernumerarios, confianza y lista de raya, con un costo total mensual de 111 millones 771 mil 484 pesos, misma que dejó de pagar en la segunda quincena del mes de septiembre, además que el gobierno de Evodio Velázquez no dejó los recursos correspondientes al pago de aguinaldos.
“En el rubro de obra pública se detectaron irregularidades por un monto superior a los 62 millones de pesos por el pago de 8 obras sin soporte documental, 22 fueron pagadas al 100 por ciento y no fueron concluidas, entre ellas se destaca la edificación del nuevo Ayuntamiento y seis obras más pagadas y que no fueron ejecutadas”, dijo.
En el aspecto legal señaló que se recibió un total de 2 mil 821 juicios en trámite, de los cuales 346 se encuentran en ejecución de sentencia por un monto a pagar por más de 300 millones de pesos, de los cuales más de 145 millones son por laudos de la administración.
Todas estas irregularidades ocasionaron un quebranto financiero que asciende a un monto total de 2 mil 779 millones 120 mil 429 pesos, precisó Arely Ascencio.
Sobre la forma en que se procederá al respecto, la contralora advirtió que exfuncionarios tendrán a partir de la fecha 15 días hábiles para justificar las irregularidades detectadas y que de no aclararse las observaciones, se dará inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y en su caso imponer las sanciones pertinentes en términos de la Ley número 465 de Responsabilidad Administrativas y presuntas conductas ilícitas, dando vista a la Fiscalía General del Estado.