* Así lo determina el decreto que emitió el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación de ese mecanismo para dar seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa
Jesús Saavedra
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto por el cual el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador crea una Comisión Especial que investigará el Caso Ayotzinapa, existe un plazo de 30 días hábiles para conformarla y definir el mecanismo de funcionamiento, que establece asistencia técnica internacional, para la cual también se tendrán que firmar sendos acuerdos internacionales.
Así lo dio a conocer este martes el Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’, que forma parte del equipo de abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.
A través de un comunicado, los abogados de los padres indican que el decreto ordena la creación, en 30 días hábiles, de una Comisión Presidencial que será coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Indicaron que ese decreto establece que “proveerá a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes en la investigación, de todas las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos”.
Además se establece que esa Comisión “estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos”.
El presidente López Obrador también establece en ese decreto “que toda la Administración Pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias; específicamente, el subsecretario Alejandro Encinas deberá realizar las vinculaciones necesarias con las dependencias y con el aparato de justicia para la buena marcha de la comisión”.
Señalaron los abogados del Centro ProDH que confían en la palabra del presidente al momento de firmar el decreto el lunes, en el que estableció que “no habrá ninguna traba para llegar a la verdad”.
Insistieron que los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala “pidieron que no se les nieguen las audiencias necesarias y se les trate con humanidad”.
Ese decreto se publicó este martes en el DOF y entrará en vigor un día después de su publicación. En él se establece además que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para el funcionamiento ‘sin obstáculos’ de la Comisión”.
Establece además que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de realizar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a efectos de que se intensifique la cooperación internacional y asistencia técnica en el caso.
El Centro ProDH también explicó en este comunicado que la Comisión Presidencial que se publica en decreto en el DOF este martes, “no es la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas”.
Y que esa Comisión “deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República —como ente autónomo— o, en su defecto, por la actual Procuraduría General de la República. Sin embargo, el decreto sí instruye a la Secretaría de Gobernación que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de asegurar su creación”.
Finalmente los abogados, dieron a conocer que los padres de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala a través de sus abogados, que a partir del 5 de diciembre, se dialogará con la CIDH la asistencia técnica, específicamente con personas expertas del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
