* Al comparecer ante diputados, el secretario de Gobierno aseguró que “la clase media aspira a la burocratización, a tener ingresos del gobierno”, mientras que los empresarios quieren “contratos o concesiones del sector público”

* Destacó que “la protesta social voluntarista” atenta contra la paz pública, daña la economía estatal y es “onerosa” para el gasto público, y a pesar de eso, el gobierno prioriza el diálogo con inconformes

Carlos Navarrete

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado, el secretario General de Gobierno hizo tres afirmaciones contundentes: en Guerrero, la mayoría de los guerrerenses aspira a vivir del gobierno; no hay presos políticos; y los productores de amapola están pagando las consecuencias de su decisión de sembrar esa planta ilegal.
Ayer por la tarde, Salazar Adame acudió a la sede del Poder Legislativo, donde ofreció un mensaje por los tres años de la actual administración, que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores, y posteriormente fue cuestionado por los diputados respecto a la política interior de la entidad, que está a su cargo.
En su intervención en tribuna, el secretario de Gobierno aseguró que las condiciones de marginación hicieron a los guerrerenses “rebeldes y ariscos”, y afirmó que las guerrillas, masacres y hechos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “nos hacen comprender que Guerrero es, como lo ha señalado el gobernador Astudillo, un asunto de seguridad nacional”.
Afirmó también que en Guerrero ha prevalecido la pobreza y la desigualdad, así como la extracción de los recursos sin que se alivien las necesidades de la población.
“Se han tocado las puertas del centro (del país) de muchas maneras con modestos resultados. Ello explica por qué, aquí en Guerrero, de una u otra manera, la mayoría aspira a vivir del gobierno”, señaló.
Salazar Adame manifestó que el de Guerrero es un pueblo subsidiado a través de programas asistencialistas, y señaló que particulares, gremios y organizaciones sociales, presionan al gobierno para beneficiarse de esos recursos.
“La clase media aspira a la burocratización, a tener ingresos del gobierno. El sector empresarial quiere contratos o concesiones del sector público. Y en los hechos, en no pocos casos, la administración substituye las obligaciones patronales con los trabajadores de los medios” de comunicación, señaló.
De los productores de amapola, Salazar Adame dijo que estos cambiaron los cultivos tradicionales por esa planta ilegal, a fin de obtener más ingresos, “y hoy son víctimas de esa decisión”.
Afirmó que la actual administración ha sido respetuosa del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, así como de la crítica y la disidencia, y negó que en Guerrero existan presos políticos.
“La nuestra es una sociedad inconforme pero no uniforme. En su pluralidad se expresa el disenso, inherente al régimen democrático. El gobernador Astudillo ha dado muestras sobradas de su carácter inclusivo y tolerante”, aseguró.
Salazar Adame expresó que “la protesta social voluntarista” atenta contra la paz pública, daña la economía estatal y es “onerosa” para el gasto público, y que a pesar de eso, se prioriza el diálogo.
“Este es un gobierno de acuerdos, no de represión. No provocamos conflictos ni los deseamos. El conflicto marcha en sentido opuesto al interés del estado”, precisó.

Alcalde de Chichihualco no ha respetado
acuerdos, en tema de desplazados

En el informe que proporcionó Salazar Adame a los diputados, previo a su comparecencia, reveló que hasta el 31 de agosto se tenía un registro de 685 personas desplazadas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa, Apaxtla de Castrejón y San Miguel Totolapan.
También refirió que la violencia detonada por bandas criminales que se disputan el control de la droga en la sierra, propició que el pasado 12 de noviembre, 270 personas de las comunidades de Corralitos, Filo de Caballos, Los Morros y Campo de Aviación, de desplazaran a Chichihualco.
Al respecto, dijo que “de inmediato el gobierno del estado y la 35 Zona Militar desplegaron fuerzas de seguridad para restablecer el orden y brindar ayuda humanitaria a las familias. La presencia del gobierno en la zona es permanente y organiza la entrega de los materiales de apoyo a las personas desplazadas”, afirmó.
El funcionario estatal destacó que para generar las condiciones que permitieran el retorno de los desplazados, funcionarios del gobierno del estado dialogaron con los alcaldes de Tlacotepec, Serafín Hernández Landa, y el de Chichihualco, Ismael Cástulo Guzmán, de modo que el 17 de noviembre se programó el regreso de las familias a sus hogares.
Sin embargo, comentó que luego de que se realizaron algunos disparos al aire, el regreso se vio interrumpido entre las comunidades de Los Morros y Campo de Aviación, provocando que 60 personas no llegaran a su hogar, y de nueva cuenta se refugiaran en Chichihualco.
Aseguró que desde entonces, se ha dialogado con ambos alcaldes para tratar de ayudar a las personas que siguen en calidad de desplazados, pero denunció que esto no se ha conseguido porque Ismael Cástulo no ha respetado los acuerdos conseguidos en varias reuniones.