* En una acción que realizaron de manera simultánea en todos los estados del país, activistas denunciaron que las acciones de gobierno para “atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes”
Jesús Saavedra
Activistas que luchan por la erradicación de la violencia contra las mujeres clausuraron de manera simbólica las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para manifestar su repudio al escenario de violencia y feminicidios en el país, porque el gobierno federal que está por concluir heredará “un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres”.
La protesta de las feministas se realizó este domingo a las 2 de la tarde, de manera simultánea en las oficinas de las Fiscalías de los 32 estados del país, porque “las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género”.
Además consideraron que las procuradurías o fiscalías, en lugar de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, la obstruyen y son “negligentes y omisas”, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, emitida en marzo de 2015″.
Consideraron que las “estructuras patriarcales a las que nos enfrentamos las mujeres, se encuentran presentes en las relaciones de pareja, en la violencia laboral, en las zonas comunitarias, desde redes criminales y en la violencia institucional. La violencia de género afecta a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público”, señalaron.
Expresaron que las mujeres “nos enfrentamos a contextos comunitarios de alta criminalidad donde somos consideradas mercancía, botín de guerra. Atentan contra nuestro cuerpo y nos someten a niveles de violencias inimaginables”, situación que se agrava porque “la impunidad es imperante, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de la violencia”.
Señalaron que tan solo en materia de violencia sexual la situación es preocupante, ya que según datos de “la Secretaría de Salud, durante 2017, solo 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, lo que contrasta con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales al año, en los que nueve de cada diez víctimas, son mujeres”.
Destacaron que “las mujeres víctimas de violencia sexual no reciben una atención integral; por el contrario, en la mayoría de los casos se les criminaliza al negarles el acceso a la Interrupción legal del embarazo”.
En ese sentido revelaron que “entre 2008 y junio de 2017 organizaciones no gubernamentales documentamos 2 mil 659 denuncias contra mujeres por el delito de aborto”, aunque no precisaron si todos esos casos eran por embarazos producto de violaciones.
Se quejaron también por “el recrudecimiento de los obstáculos por la actuación de grupos antiderechos, que se empeñan en impedir cualquier avance que tenga que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres”.
Expresaron que la administración federal que está por concluir, se empeñó en “la militarización de la seguridad pública, como política destinada al combate de la violencia”, lo que se tradujo en un aumento del “uso ilegal e indiscriminado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y desaparición forzada de mujeres”.
Reclamaron que “el Estado no garantizó la realización de acciones inmediatas de búsqueda en campo, ni existió una coordinación efectiva entre las autoridades federales, estatales y municipales para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición de mujeres y niñas”.
Consideraron que los feminicidios en México “siguen siendo un flagelo nacional” y detallaron que “de acuerdo con datos recabados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el 40 por ciento de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70 por ciento de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras”.
Indicaron que en ese “contexto tan adverso, el Estado toleró y legitimó la presencia y el control territorial de redes y estructuras criminales a nivel nacional que atentaron contra la vida de las mujeres y niñas. A pesar de que se identificaron y documentaron patrones del delito, prácticas y modus operandi, tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, fueron omisos al negarse a reconocer la vinculación del feminicidio con otros delitos, reduciéndolo sólo al ámbito privado, intentando desconocer que los contextos criminales están atentando contra la vida de las mujeres”.
Añadieron que “de acuerdo con la información del gobierno federal, del 2012 al 2016 solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias”.
Acusaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) “no quiso corregir y fortalecer el Mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por las propias organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia”.
Precisaron que este domingo en el marco del ‘Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres’, existe en México “un contexto grave señalado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la ONU en su novena evaluación, al cuestionar al Estado mexicano, por el incumplimiento de varias de las recomendaciones reiteradas en las evaluaciones recientes y a pesar de las cuales, la situación de violencia es cada vez más grave”.
Añadieron que como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, “reconocemos que el nuevo gobierno se enfrentará a un contexto como nunca antes en la historia de México, por lo que se requiere de una acción urgente y responsable, con una ruta clara que permita evaluar los impactos de las medidas que implemente para erradicar la violencia contra las mujeres”.
Demandaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador hacer “un compromiso real del nuevo gobierno federal para resolver de fondo y con un enfoque diferencial, la situación de las violencias que viven las niñas y mujeres en México. Eliminar las políticas públicas que no dan resultados, a través de un sistema de evaluación en donde los impactos positivos puedan ser medibles”, concluyeron.