* El delegado de la Asociación Nacional de Locutores de México dijo que hay muchas agresiones contra periodistas, pero son pocos los que presentan denuncias y se acogen a mecanismos de protección
Jesús Saavedra
Cuando menos seis trabajadores de medios de comunicación en Guerrero, han tenido que salir de la entidad de manera forzada por amenazas del crimen organizado y agentes del estado, aseguró el delegado de la Asociación Nacional de Locutores de México, César Felipe Leyva.
Esa Asociación firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Comunicólogos del Estado de Guerrero y al finalizar, el delegado se refirió al tema de la violencia en la entidad que afecta de manera directa a los trabajadores de los medios de comunicación en la entidad.
Felipe Leyva dijo que se han entregado credenciales de identificación de esta Asociación a los afiliados que tiene en Guerrero como forma de identificación ante la situación de violencia que se vive en la entidad, que “nos permite acreditarnos, tener certeza jurídica y formamos parte del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”.
Indicó que en Guerrero “hay muchísimas agresiones a periodistas, lamentablemente son muchos los que no demandan, no se acercan al Mecanismo de Protección; no deben tener temor y deben acercarse al sistema de protección para que pueda ser evaluado su riesgo y ser elevado a ese sistema de protección”.
Señaló que son aproximadamente unos 20 periodistas que han pasado por ese tipo de situaciones, de los cuales al menos seis han tenido que abandonar el estado por temor a que puedan dañar su integridad.
“No podemos decir los nombres y los lugares a los que se han desplazado de manera forzada, pero son periodistas desplazados de Guerrero”, añadió.
Felipe Leyva sostuvo que además de las amenazas del crimen organizado, hay advertencias de funcionarios públicos, y aunque “a lo mejor hay un gobernador que está empeñado en dar su mejor esfuerzo, hay servidores públicos que no están empeñados en trabajar de manera pareja”.
Informó que los trabajadores de los medios de comunicación desplazados a otras partes del país vivían en Zihuatanejo, Acapulco y Chilpancingo, principalmente, pero “hay otros que permanecen en sus hogares, estamos en una situación social convulsionada por la violencia y es una situación muy difícil”.
Recordó que a casi un mes del asesinato del trabajador de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Gabriel Soriano, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado una respuesta satisfactoria a los familiares y a los trabajadores de los medios de comunicación en Guerrero que esperan que se haga justicia.
Aseguró que además de justicia y que se acabe la impunidad, esperan que se le dé una pensión a la esposa de Gabriel Soriano; “lamentamos esta situación de injusticia de este ataque directo al compañero y que no sea castigado conforme a la ley”.
