* El diputado Pablo Sandoval argumentó que “la austeridad en el gasto nos obliga a establecer límites” a los sueldos “exorbitantes que no se justifican y no son adecuados en el ejercicio de la función pública”
Gilberto Guzmán
“No podemos seguir permitiendo que exista un pueblo pobre con servidores públicos ricos”, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, al presentar la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado, cuyo objetivo es “acabar con el dispendio del dinero público”.
Al presentar la iniciativa, el legislador de Morena argumentó que el objetivo es que el estado de Guerrero homologue su legislación a las reformas de ley anunciadas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero también por la reforma constitucional y legal que se promulgó hace algunos días.
Señaló que la propuesta forma parte del compromiso moral y ético que Morena tiene con los electores que respaldaron su proyecto político en las urnas el pasado 1 de julio, y que están en contra del dispendio y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.
Expuso que el 24 de agosto del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 123 y 127 de la Constitución Política del país, en materia de remuneraciones de los servidores públicos, y las bases para su regulación, con efecto para todos los servidores públicos y niveles de gobierno, incluyendo el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, las entidades, dependencias y administraciones paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente del estado.
Pablo Sandoval dijo que en el transitorio cuarto de la mencionada ley se establece la obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados, y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para expedir o adecuar la legislación de conformidad con el contenido aprobado en ese entonces.
Recordó que se indicaba en esa reforma que en los 180 días posteriores se debería legislar en la materia, pero en Guerrero hay nueve años de atraso en esta legislación.
Dijo además que en el quinto transitorio se establecía que se debe tipificar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad fuese eludir lo dispuesto en esta reforma.
Agregó que los diputados están conscientes de que los servidores públicos que se encargan de los poderes del estado de Guerrero deben disponer de una remuneración adecuada y proporcional en función de su encargo, empleo o comisión, que les permita cubrir sus necesidades personales y las de su núcleo familiar.
Austeridad republicana, la base
Afirmó que también hay claridad en que el establecimiento del sistema de remuneraciones de los servidores públicos del estado tuvo como finalidad atender la situación crítica por la que atraviesan los poderes del estado y entes públicos de los tres órdenes de gobierno, “en el entendido de que un gobierno con austeridad republicana reclama austeridad en el gasto con el objetivo de encaminar los recursos a la atención de las necesidades generales”.
“La austeridad en el gasto nos obliga a establecer límites y prohibiciones en materia de los salarios exorbitantes que no se justifican y no son adecuados en el ejercicio de la función, cargo o empleo que desarrollan algunos de los servidores públicos”, subrayó.
Mencionó que el pasado 13 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, y hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta ley que cambiará el ejercicio de la presupuestación.
Porque la reforma legal limitará, pondrá fin a la discrecionalidad, opacidad y desproporcionalidad en la configuración de las remuneraciones de los servidores públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios, de órganos autónomos, institutos, dependencias y cualquier otro ente público, estableciendo criterios de asignación, control y supervisión, incluso con la posibilidad de denuncia ciudadana para evitar retribuciones estratosféricas, sin menoscabar el derecho de recibir un salario digno.
Pablo Sandoval añadió que existe un escenario de hartazgo y desatención de los ciudadanos con una clase política y funcionarios públicos que no es posible seguir obviando, porque se ha caído en un círculo vicioso donde la administración pública de manera desmedida dispone de grandes cantidades de dinero por concepto de retribuciones, compensaciones, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, haberes de retiro, seguros, “que permite a muchos servidores públicos tener un ingreso muy por encima del promedio nacional”.
Por estas circunstancias, el diputado dijo que resulta inaplazable que la 62 Legislatura armonice e integre en su ordenamiento jurídico local el mandato establecido en los artículos 116 con relación al 127 la Constitución Política federal, y realizar las modificaciones y actualizaciones jurídicas que dicha ley no contempló en su creación, como son la Unidad de Actualización y Medida como nuevo parámetro para realizar estas obligaciones.
“Es imperativo que los poderes públicos actúen de conformidad con los lineamientos de austeridad republicana, necesitamos tener sobriedad, eficacia y ética pública, además de evitar en todo momento el derroche de los recursos públicos”, convocó.
Afirmó que la aplicación de una política pública de austeridad republicana es garantía de protección del interés público y resguardo del patrimonio público de los administrados, (…) es un estilo de vida orientado a evitar el despilfarro en el ejercicio de los recursos públicos”, destacó.
Subrayó que es importante acabar con los procedimientos en la asignación de remuneraciones de los servidores públicos y en algunos casos autoasignaciones de salarios, que en muchos casos conlleva a la formación de un esquema de privilegios que a la postre se traduce en dispendio de recursos públicos en este rubro.
“No podemos seguir permitiendo que exista un pueblo pobre con servidores públicos ricos; la realidad económica que atraviesa la gran mayoría de la población guerrerense requiere de medidas contundentes y una de ellas es precisamente acabar con el dispendio del dinero público”, indicó el legislador.
La iniciativa de Ley de Remuneración de los Servidores públicos del estado de Guerrero y reforma al Código Penal del Estado en materia de retribuciones de los servidores públicos se turnó a las comisiones de Desarrollo Económico y Trabajo, así como a la de Justicia, para el trámite legislativo correspondiente.