* Javier Ríos presentó un informe sobre la entrega recepción en el que detalló los pasivos que heredaron del gobierno pasado, además que reveló que no encuentran 43 vehículos

Alondra García

El gobierno que encabezó el priísta Marco Antonio Leyva Mena dejó pasivos por casi 400 millones de pesos en el Ayuntamiento de Chilpancingo, un saldo negativo millonario en cuentas bancarias y decenas de vehículos, maquinaria, equipo operativo y muebles extraviados.
El contralor interno del ayuntamiento, Francisco Javier Ríos Martínez, presentó este martes los resultados preliminares del proceso de entrega-recepción. En la conferencia de prensa estuvieron los integrantes del actual cabildo y secretarios de despacho.
De inicio, el funcionario informó que el gobierno que preside actualmente el perredista Antonio Gaspar Betrán recibió cuentas bancarias cuyos montos arrojan un saldo global negativo de un millón 235 mil 114.28 pesos.
Explicó que esta situación se debe a que existe un juicio ejecutivo mercantil en contra del ayuntamiento, por lo que una de las cuentas bancarias está embargada.
Además, señaló que el gobierno anterior no dejó el recurso financiero necesario para cubrir el pago de la segunda quincena de septiembre a los trabajadores del ayuntamiento, por un monto de 13 millones 225 mil 073 pesos.
A esto se suma el hecho de que la administración de Leyva Mena no dejó los recursos necesarios para el pago proporcional del aguinaldo y prestaciones de fin de año para los trabajadores, con lo que se violaron el artículo 19 de la Ley 213 de entrega-recepción de las administraciones públicas del estado y municipios de Guerrero, así como el artículo 39 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
En cuanto a los aspectos contables, el contralor interno indicó que se recibieron estados financieros únicamente al 30 de junio de este año, por lo que el gobierno de Leyva Mena omitió presentar la información contable y financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal, es decir, al mes de septiembre en que fue entregada la administración.
Ríos Martínez indicó además que con los estados financieros al 30 de junio se reportaron pasivos por un monto de 80 millones 649 mil 464 pesos.
Sin embargo, reveló que con la revisión de los registros contables y el análisis de la información que dejó disponible el gobierno anterior, de manera preliminar se encontraron adeudos por 397 millones 350 mil 159 pesos.
Puntualizó que tan sólo en cuotas por pagar al ISSSPEG se deben 105 millones 021 mil 695 pesos; en impuestos retenidos por pagar la cifra es de 61 millones 830 mil 287 pesos y en deudas contraídas con proveedores y contratistas el monto es por 37 millones 155 mil 306 pesos.
Con relación al análisis del parque vehicular, informó que del total que se reportó en la entrega-recepción aún no se han localizado 43 unidades, de las cuales 41 corresponden a vehículos automotores y dos a maquinaria pesada. La mayoría de estos vehículos pertenecen al área de Seguridad Pública.
Respecto al mobiliario y equipo, el contralor interno indicó que se realizó el cotejo con la información que proporcionó Control Patrimonial y “existen algunas diferencias”.
Detalló que hay mobiliario y equipo no localizado aún, entre los que destacan 20 equipos de radiocomunicación de dos vías, cuatro laptops y equipo fotográfico diverso, entre ellos una cámara profesional.
El contralor interno Francisco Javier Ríos Martínez explicó que esa es la información preliminar con la que cuenta hasta el momento el gobierno municipal actual.
“Se está revisando cada una de las secretarías, todavía estamos dentro del plazo que la ley establece para este proceso”, apuntó.
Asimismo, informó que ya se hicieron algunos llamados a ex servidores públicos para que que acudan ante el órgano interno de control y hagan las aclaraciones correspondientes.
“Estamos analizando ya la información y tal como lo establece la ley, si esa información no fuera suficiente, estaríamos dando inicio a los procedimientos de responsabilidad que corresponden”, sentenció.
Por su parte el presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán informó que el cabildo aprobó en su última sesión la Ley de Ingresos que enviarán al Congreso local para el ejercicio fiscal 2019.
También se aprobó una petición al Poder Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que contemplen a Chilpancingo dentro del rescate financiero que se vaya a instrumentar para las municipalidades, ya que el ayuntamiento enfrenta una situación de crisis.
El perredista aclaró que hacer público el informe preliminar de la entrega-recepción no implica un “tema personal”, como reclamó el ex alcalde Marco Antonio Leyva Mena.
“Son asuntos institucionales y asuntos públicos. Estamos implementando una política de transparenciay de mantener a la ciudadanía informada sobre el proceso que guarda la entrega-recepción”, aclaró
Dijo que una vez concluido el proceso corresponderá a la Contraloría Interna y a la Primera Sindicatura “dar los cauces legales a que haya lugar”.
“Como hombres de la ley seremos respetuosos de los tiempos que la ley establezca para comparecencias y aclaraciones”, apuntó.