RAÚL SALGADO LEYVA
En las últimas semanas hemos sido testigos de una acción del próximo gobierno federal que pretende legitimar decisiones importantes a través de la consulta popular. Sin duda alguna, es un procedimiento democrático que pareciera, por un lado, no cargar consecuencias personales de la medida que se tome, o bien la sana intención de compartir responsabilidades entre gobierno y gobernados.
De los diversos foros nacionales a los que se ha convocado, particularmente los referidos a Seguridad y Educación, han arrojado experiencias no muy agradables, pero que sí despertaron mucho malestar.
Los Foros de Seguridad han tenido graves repercusiones, derivado de posturas previamente definidas, como el del “perdón y olvido”, resultando natural el enojo y molestia de las “víctimas”, cuando se eludía el clamor desesperado de “justicia”.
Los más de 20 foros en esta materia, transcurrieron con serias complicaciones y fue evidente la misma réplica en cada uno de ellos.
El Foro de Educación realizado en nuestra entidad, en Acapulco precisamente, el pasado día 7 de octubre, resultó con alteraciones graves, atribuibles a una notable desorganización y ausencia de previsiones político-sindicales.
De acuerdo a la relatoría obtenida a través de los diversos medios de información, el evento no fue previa y suficientemente analizado ni discutido en su fase programática y organizacional.
Es ampliamente conocido que estructuralmente existe un sindicato formalmente reconocido (SNTE), pero es innegable también la presencia de una corriente disidente (CETEG), que aunque pretendiéramos negarlo, existe, y su línea de acción se ha caracterizado por su activismo, asumiendo en ocasiones posturas poco flexibles o explicables.
Sin embargo, fueron evidentes las frontales diferencias que por años han mantenido los dos grupos y no resultaba casual ni extraño que el evento fuera vergonzosamente cancelado.
Sin duda alguna los esfuerzos se vieron frustrados ante la ausencia de medidas que las circunstancias políticas aconsejaban para la obtención de consensos y acuerdos que pudieron haberse considerado a través de “cabildeos políticos”, necesarios y obligados, para haber sacado adelante, con razonable entendimiento, esta importante tarea.
La irracional exigencia para “cancelar” la Reforma Educativa, resultaría por el momento un acto de inconstitucionalidad, independientemente de que exista la decisión manifiesta del nuevo gobierno para echarla abajo, pero ésta deberá ser en tiempo y forma, y habrá de responder a la reiterada petición de una gran parte del magisterio.
La idea universal que deberá prevalecer es que el país, en materia de educación, no podrá por ningún motivo partir de cero. Existen contenidos, textos, métodos y modelos educativos que contienen mucho de bueno y que deben rescatarse, como también hace falta mucho por aportar y perfeccionar.
Para las grandes decisiones del país, no deben soslayarse responsabilidades, como tampoco eludir nuestro firme y leal compromiso con la historia.