* Erika Valencia, de Morena, calificó como irresponsables las declaraciones del obispo Salvador Rangel sobre homicidios de mujeres
Carlos Navarrete
Diputadas locales de Morena y del PRD lamentaron que la violencia haya costado ya las vidas de aproximadamente 200 mujeres este año, razón por la que exigieron al fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, que garantice a las familias de las víctimas acceso a la justicia o, de lo contrario, que renuncie al cargo.
También condenaron las declaraciones del obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien dijo que las mujeres asesinadas en la entidad “no andaban en misa ni en la catedral”, vinculándolas a la prostitución o al crimen organizado, postura que, de acuerdo con una de las legisladoras, criminaliza a las víctimas.
En la sesión de ayer del Congreso del Estado, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Erika Valencia Cardona, subió a tribuna para fijar postura por los últimos asesinatos de mujeres ocurridos en Guerrero.
“Una sociedad que mata, un estado que mata, es la antesala del estado fallido. De qué sirve auto vanagloriarse de logros en un informe de gobierno, si el bien jurídico más preciado de nuestro orden normativo, la vida, es el más violado”, afirmó.
Añadioó que en Guerrero ocurren al año cerca de dos mil 500 homicidios, lo que consideró un fenómeno de “deshumanización, de barbarie”, que “deja patente la descomposición” de las instituciones.
En el caso específico de los feminicidios, Valencia Cardona dijo que los crímenes han incrementado en el estado y el país de manera alarmante, situación que coloca a la entidad entre los más peligrosos para las mujeres.
Ante este contexto, expresó que la Alerta por Violencia de Género que se decretó en la entidad hace un año, debe servir como un protocolo político para fomentar el respeto a las mujeres y a la vida, además dijo que es importante implementar políticas públicas que sirvan para ese mismo fin.
“Cierto es también que la cultura patriarcal en Guerrero ha propiciado la desigualdad de género. Una sociedad pluricultural como la nuestra debe de romper esos paradigmas, hoy en día obsoletos y caducos, y este congreso del Estado, debe asumir con gran responsabilidad y por el momento histórico en que se vive, la gran tarea de legislar para la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente”, argumentó.
Valencia Cardona llamó al gobierno del estado a frenar la violencia feminicida, y pidió que se busquen alternativas para la construcción de una sociedad “más humanizada” en la que no prevalezca la omisión.
“Desde aquí conmino al gobernador a que ponga más atención en este asunto de violencia, ninguna muerte debe quedar impune, y para ello exhorto al fiscal en el Estado para que trabaje en sanear y eficientar la estructura de procuración de justicia que le fue encomendada, Guerrero sigue esperando resultados, sigue esperando justicia para las muertas y desaparecidas, si no puede que renuncie”, señaló.
Aprovechó su intervención para criticar la postura del obispo Salvador Rangel, pues dijo que sus declaraciones respecto a que las mujeres que han sido asesinadas no “andaban en misa ni en la catedral”, son irresponsables y criminalizan a las víctimas.
“Que esta tribuna sirva también para dejar patente que no permitiremos mensajes irresponsables y sin sustento, que denosten (sic) la libertad y la dignidad de la mujer. En un país democrático como el nuestro, la dignidad y la libertad son derechos que han costado sangre y la lucha de miles de mujeres que también han construido patria. La libertad en su expresión más amplia, nos da el legítimo derecho a no ir a misa, a disentir en todos los sentidos, a efectuar comportamientos en el marco de la ley, bajo la premisa de que lo no prohibido está permitido”, concluyó.
No es sólo responsabilidad del gobernador, PRI
Sobre el mismo tema, la diputada priista, Alicia Zamora Villalba, coincidió en que la situación que enfrentan las mujeres en la entidad es preocupante, pero dijo que no era correcto responsabilizar de ello sólo al gobierno del estado.
“Me parece que no es un asunto que sólo sea competencia de las mujeres, es competencia de la sociedad en su conjunto, no es competencia de un partido, es facultad y competencia de la sociedad en su conjunto”, dijo la legisladora.
Añadió que “descalificar y buscar el aplauso fácil es la ruta más corta, y nosotros no lo compartimos. Venir a decir aquí que vamos a conminar al ciudadano gobernador es como suponer que es el único responsable y dejamos fuera a los municipios, a los padres de familia”.
Por ello, llamó a que todos los sectores de la población y las instituciones, promuevan conjuntamente políticas públicas que fortalezcan las acciones que ha emprendido el gobierno del estado para la atención de este problema.
La diputada del PRD, Dimna Salgado Apátiga, expresó que, pese a que ha transcurrido más de un año desde que se decretó la Alerta por Violencia de Género en el estado, no se ven resultados favorables.
“Los esfuerzos han sido muy limitados, tanto los del gobierno del estado como los de los gobiernos municipales, porque no se ha logrado avanzar en la prevención y castigo a los responsables; aun cuando se reconoce la tipificación del delito de feminicidio en nuestro Código Penal”, señaló.
Salgado Apátiga lamentó que la mayoría de los asesinatos de mujeres no sean investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como feminicidios, y por el contrario, sean clasificados como homicidios dolosos, vinculando a las víctimas a la delincuencia organizada.
“Es hora de anteponer a cualquier otro interés, el interés supremo del pueblo de Guerrero y hacer el compromiso de unir esfuerzos, empezando desde aquí, desde el interior de este Poder Legislativo, por el bien de la mujer guerrerense y de la sociedad. Pongamos freno a los feminicidios en nuestro estado, todos queremos que no haya impunidad, que se castigue a los responsables con la aplicación de la Ley”, dijo.
Por ello, llamó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía y al Poder Judicial, a que establezcan acciones de prevención, procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, que feminicidios sean investigados como tal y se actualicen y utilicen los protocolos de actuación, “no son para estar archivados, sino para dirigir las actuaciones de las autoridades”.
“No pasemos a la historia como un legislativo incompetente y omiso ante la inseguridad, la impunidad, la falta de garantías y la injusticia. Estos trágicos casos de feminicidios y de diversos delitos contra las mujeres, nos llenan de dolor, de preocupación, de vergüenza y miedo”, concluyó.