* Activista advierte que las protestas tienen el objetivo de exigirle al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que elimine de la agenda nacional de Morena la legalización de la interrupción del embarazo
ALONDRA GARCÍA
Más de dos mil personas marcharon en Chilpancingo contra la despenalización del aborto; al frente de la protesta estuvieron el obispo Salvador Rangel Mendoza y sacerdotes de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa.
Vestidos de blanco, cientos de niños, jóvenes, hombres, mujeres y ancianos marcharon durante 4.1 kilómetros mientras gritaban consignas contra el aborto y ondeaban banderas y pañuelos de color azul celeste.
La movilización partió a las 10 de la mañana del parque Margarita Maza de Juárez y avanzó por las avenidas Insurgentes, Benito Juárez, Ignacio Ramírez y Miguel Alemán.
Al llegar a la plazuela Unidos por Guerrero, la marcha retornó para incorporarse a Juan N. Álvarez y se dirigió a la catedral de La Asunción de María, en el zócalo.
Las movilizaciones convocadas por el Frente Nacional por la Familia (FNF) se realizaron de manera paralela en 140 ciudades del país para defender el derecho a la vida desde la concepción.
El vocero del FNF en Guerrero, Oliver Larumbe Trujillo, advirtió que “los nuevos legisladores quieren imponer la cultura de la muerte, mejor conocida como el aborto”.
Por ello, dijo que las protestas tienen el objetivo de exigirle al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que elimine de la agenda nacional la legalización del aborto “y que las mujeres mexicanas tengan soluciones de vida y no de muerte”.
Larumbe Trujillo consideró que desconocer la demanda de millones de mexicanos que defienden la vida, equivale a “menoscabar el Estado de Derecho y el sentido fundamental de justicia”.
Sostuvo que el progreso debe de estar fundado en el respeto a los derechos humanos, puesto que de lo contrario “regresaremos a los gobiernos totalitarios, donde los grupos pro aborto deciden quién merece vivir y quién no”.
Además, advirtió que existen otras iniciativas que pretenden legalizar la eutanasia para adultos mayores, imponer la ideología de género en las escuelas y restringir a los padres el derecho de participar en la educación de sus hijos, en menoscabo de las libertades de conciencia y religión.
Por su parte, la vocera del FNF en Chilpancingo, Mayra Morales Sánchez, sostuvo que el aborto “no representa ninguna liberación” para la mujer, sino que por el contrario, se le deja “todo el peso de la responsabilidad, fomentando la irresponsabilidad del hombre y una cultura individualista de instrumentalización”.
“Estamos seguras de que el aborto promueve el machismo”, sentenció la activista pro vida.
Morales Sánchez aclaró que el movimiento pro vida está en contra de criminalizar a las mujeres que han cometido un aborto.
El interés, dijo, es “ayudarlas y tenderles la mano”. Por ello es que las consignas del movimiento pro vida exigen que se le garantice a las madres el acceso a la salud, educación y empleo.
“No al aborto y no al castigo”, pide el obispo
En entrevista al término de la marcha, el obispo Salvador Rangel Mendoza manifestó su rechazo al aborto, pero también dijo que está en contra de que se criminalice a las mujeres que tuvieron uno de manera involuntaria o forzada.
Hace una semana, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que no está a favor del aborto, pero que tampoco está de acuerdo en que las mujeres pasen 30 años en la cárcel por someterse a esta práctica.
Durante la entrevista, el prelado se refirió a la declaración de Sánchez Cordero, la cual calificó como “bastante sensata”, porque coincidió con ella en que “no es justo en que metan a una mujer a la cárcel hasta por 30 años por un aborto, cuando a lo mejor fue involuntario, a lo mejor fue forzada (a practicárselo)”.
“Yo digo no al aborto, pero en lo personal también digo que no al castigo que se le da a las mujeres”, sentenció el obispo.
Por ello, insistió en que “los legisladores tienen que hacer algo y quitar esas penalizaciones tan severas en contra de una mujer que aborta, que a lo mejor no se da cuenta o es obligada”.
Insistió en que el Código Penal debe reformarse para “decir no al aborto y en ciertas condiciones no penalizarlo”.