NEJAPA
Encabezados por familiares, unas 500 personas exigieron justicia por la muerte de quien fuera dirigente del PRD, su esposa, su suegra y su ahijado
Jesús Saavedra
CHILAPA.— Unas 500 personas participaron en una marcha desde esta cabecera municipal al poblado de Nejapa, para conmemorar el primer aniversario de los asesinatos de Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y su ahijado, y recriminaron la “indolencia y complicidad” de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las indagatorias que sigue de este caso.
Los familiares de Hernández Acevedo; su esposa Lucía Hernández Dircio; su suegra Juana Dircio Barrios, y su ahijado Antonio Pineda Patricio, convocaron a una marcha que partió de esta ciudad a la comunidad de Nejapa al cumplirse un año de ese cuádruple homicidio.
A esta convocatoria asistieron en su mayoría integrantes de la Organización Independiente Campesina “Vicente Guerrero”, agrupación que encabezaba Hernández Acevedo; también asistieron defensores de derechos humanos, ex dirigentes históricos del PRD encabezados por el senador Félix Salgado Macedonio, ahora senador de Morena; normalistas de Ayotzinapa y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.
En la glorieta a “Eucaria Apreza” se concentraron los contingentes y tomaron su camino a la carretera que conduce a Tlapa, en el crucero hacia Ahuacuotzingo se introdujeron y llegaron a la comunidad de Nejapa; unos 8 kilómetros marcharon hasta llegar al lugar donde hace un año encontraron los cuerpos calcinados de esas cuatro personas dentro de una camioneta que fue incendiada por los perpetradores de ese cuádruple asesinato.
Los participantes fueron resguardados por dos patrullas de la policía de Tránsito municipal y al menos seis camionetas de la Policía del Estado; en el trayecto del bulevar de Chilapa fueron custodiados por policías que iban a píe y a un costado de los costados de la marcha.
El momento más tenso de esta marcha sucedió cuando el contingente cruzó en el trébol de la carretera hacia el poblado de Atzacualoya y la carretera a Tlapa, el punto conocido como Los Ajos, donde se ha colocado desde hace tres años un retén militar, comenzó a gritarles a los militares “cómplices, no intervinieron para evitar esos asesinatos. ¡Malditos!”.
Los inconformes recriminaban a los elementos del Ejército que a pesar de que hayan establecido dos retenes en los accesos a Chilapa, “los asesinatos, las ejecuciones no han disminuido, son unos cómplices que solo están de palo y no intervienen en la defensa y protección de la ciudadanía”.
La marcha llegó a unos 15 metros del acceso a la comunidad de Nejapa, donde hace un año encontraron en llamas la camioneta de Hernández Acevedo, cuyo cuerpo junto con el de su mujer estaban maniatados con huellas de tortura e incinerados en la parte posterior de la camioneta; los cuerpos de su suegra y ahijado estaban adelante.
En el lugar se colocó una ofrenda floral y adelantaron la colocación de flores del campo, miel de calabaza, pan, comida, maíz, fríjol, como ofrendas a su memoria, “aunque se haya llenado de horror este lugar la memoria de nuestros compañeros es vida, porque lucharon por la vida, por defender la vida ante los poderosos, ante los abusos, por eso esta ofrenda”, aseveró la persona que encabezaba el carro con el sonido para la manifestación.
La FGE es cómplice de los asesinos por sus omisiones
En ese lugar, una de las hijas del fundador del PRD asesinado, Diana Hernández Hernández, dijo que a un año del crimen de sus papás, abuela y ahijado, sigue siendo un crimen que a su familia les “llena de rabia, de indignación y dolor, nos cuesta trabajo estar de pie, pero sabemos que no estamos solos y eso nos da valor”.
Aseguró que el asesinato de su familia “no tiene nombre, entiendo perfectamente que muchos líderes han caído y para nosotros perder a los pilares que nos dan la fuerza no es fácil de superar, estoy encabronada con la justicia porque no vemos resultados y no sabemos qué está pasando en Guerrero”.
Lamentó que en ese corredor de Guerrero de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo haya una violencia desbordada a diario, “nos están asesinando y esos grupos ya tienen poder, dinero, territorio; ¿qué chingados quieren?”.
Diana Hernández afirmó que sus padres lucharon por “la vida y es indigno de acabar con la vida de esta manera, es un acto de cobardía, quienes hicieron esto no son hombres, son animales salvajes para tratar así a una madre, a una abuelita y a cuantos se les crucen en el camino”.
Dijo que su familia está molesta con el gobierno, “porque en sus discursos solo engaña a la gente, estamos cansados, no vamos a claudicar que quede claro porque tenemos hijos, niños que están desprotegidos y nos sentimos destrozados porque no hacen nada, no hay investigación, no hay resultados”.
Sin precisar nombres, aseguró que en la Fiscalía “compadres o amigos de quienes hicieron esto; me siento mal porque ustedes perdieron a un amigo y nosotros perdimos una familia, mi familia no va a volver y eso duele, indigna, somos un país grandioso, pero hay gente inepta en las instituciones”.
Diana Hernández reiteró que en su familia no se van a quedar callados porque “queremos resultados y que Enrique Peña Nieto rinda cuentas antes de que se vaya, porque es triste que deje a un país donde los inocentes en las cárceles y los delincuentes en las calles”.
“No hay leyes que castigan a los delincuentes, no queremos que siga esto, esperando que seamos los próximos; por eso debemos de organizarnos desde el pueblo y mientras el gobierno no nos dé lo que necesitamos seguiremos luchando”, añadió.
Piden también Comisión de la
Verdad para crímenes políticos
En ese sitio donde asesinaron a estas cuatro personas dieron lectura a una postura de la Organización Indígena Campesina “Vicente Guerrero”, donde le piden al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que también se comprometa a crear una “comisión de la verdad para el esclarecimiento de crímenes políticos”.
Señalaron en el comunicado que a un año del “cobarde” asesinato de Ranferi Hernández y sus familiares, “el caso se encuentra en la total impunidad y la FGE ha reducido al caso a solicitar a la familia realizar los peritajes del caso”.
Se quejaron que en 365 días no han realizado ningún operativo para detener a los responsables materiales del crimen “a pesar de que dicen saber quiénes fueron, y menos a los responsables intelectuales de este artero asesinato”.
Aseguraron que en estos casos es la misma postura “oficial para los crímenes políticos en México” y recordaron que están impunes los asesinatos de los dirigentes sociales de Iguala, Arturo Hernández Cardona, asesinado en mayo del 2013; de Raymundo Velázquez Flores, asesinado en agosto 2013; de Miguel y Rocío Mesino, asesinados en septiembre 2005 y octubre del 2013, respectivamente; de Luis Olivares asesinado en noviembre 2013 y el de Armando Chavarría asesinado en agosto 2009.
Indicaron que hay otros casos como la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, la masacre de El Charco, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y señalaron que “el Estado solo ha utilizado todo lo que está a su alcance para entorpecer la verdad y la justicia”
Dijeron que ven como una “señal positiva” la decisión del presidente electo para crear una comisión de la verdad que investigue la desaparición de los normalistas en Iguala, “pero de esa misma forma se deben investigar crímenes desde guerra sucia a la fecha porque es la misma impunidad”.
Agregaron que “el confiar (en López Obrador) no es un cheque en blanco, llamamos al nuevo gobierno a escuchar, no reducir las cosas a foros, el tamaño de injusticias es grande y profundo; hay un hartazgo a la injusticia y la impunidad, por eso a los asesinos les decimos quemaron los cuerpos de los compañeros pero nunca van a poder quemar su memoria”, finalizaron.