• Familiares lamentaron que a un año de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene indicios de que este cuádruple crimen se vaya a resolver y menos aún que se vaya a castigar a los asesinos

JESÚS SAAVEDRA

A un año del brutal asesinato del exdiputado local, exdirigente del PRD en el estado y activista político de izquierda Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y un ahijado, la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene indicios de que este cuádruple crimen se vaya a resolver y menos aún que se vaya a castigar a los asesinos.
Este caso, como miles más por los que la FGE abre carpetas de investigación pero que nunca son aclarados, exhibe lo que World Project Justice ha señalado en su informe reciente y que ubica a Guerrero como el estado peor evaluado en materia de acceso a la justicia y de atención a las víctimas de la grave violencia que se vive en nuestra entidad.
Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio Barrios, y su ahijado Antonio Pineda Patricio, viajaron la mañana del 14 de octubre del año pasado de Chilapa a la cabecera municipal de Ahuacotzingo para visitar unos plantíos de sorgo, maíz y calabaza que esa familia tenía en esa localidad de la Montaña baja de nuestra entidad.
A las 5 de la tarde aproximadamente regresaban de Ahuacotzingo a Chilapa, en un trayecto que normalmente no es mayor a las 2 horas de traslado de un lugar a otro.
Para las 8 de la noche, al ver que no llegaban a su domicilio en Chilapa y tras varios intentos fallidos de localizarlos en sus teléfonos móviles, los familiares decidieron dar parte a las autoridades, pues temían que algo malo les había sucedido.
Esos temores resultaron fundados: después de las 11 de la noche un grupo de la policía del Estado inició un recorrido desde Chilapa hacia Ahuacotzingo para tratar de localizar a Ranferi y a las tres personas que lo acompañaban.
Esos grupos de policías pasaron el retén militar que se ubica en la carretera Chilapa-Tlapa, en el punto conocido como Los Ajos y tomaron el entronque hacia Ahuacotzingo. Un kilómetro más adelante se encuentra la comunidad de Nejapa, casi afuera de ese poblado fue encontrada la camioneta en la que viajaban el fundador del PRD, su esposa, su suegra y su ahijado.
La camioneta estaba terminándose de consumir por el fuego que intencionalmente le prendieron los asesinos.
De acuerdo a las diligencias ministeriales, Antonio Pineda estaba en la posición del conductor; la señora Juana Dircio en la parte posterior de la doble cabina de la camioneta; en tanto que Ranferi Hernández y su esposa Lucía Hernández estaban amordazados, con huellas de tortura en la caja posterior de esa camioneta.
Los cuatro cuerpos estaban quemados de manera intencional.
Los familiares que llegaron hasta el lugar donde fue hallada la camioneta, confirmaron la identidad de las cuatro personas.
Ese cuádruple asesinato generó la condena de las organizaciones políticas, de los dirigentes de izquierda y de las organizaciones sociales y campesinas que conocían a Ranferi Hernández.
Exigieron a la Fiscalía General del Estado, que en ese entonces estaba a cargo de Xavier Olea Peláez, que realizara una indagatoria profesional para aclarar lo que sucedió y llevar ante la justicia a los responsables.
Un año después de este crimen no hay ninguna persona detenida o señalada de ser responsable de esos cuatro asesinatos; Olea Peláez ya no está al frente de la FGE y las familias de esas cuatro personas no saben nada de las investigaciones.
Los familiares de las víctimas han solicitado la atención del actual fiscal, Zuriel de los Santos Barrila, con quien han buscado en vano una audiencia.
Al sepelio de Ranferi Hernández y sus tres acompañantes, que se realizó en Ahuacotzingo el 15 de octubre del año pasado, asistieron aproximadamente un millar de personas.
Ahí estuvieron, entre otros, el ex alcalde de Acapulco y actual senador de la República Félix Salgado Macedonio; los ex dirigentes perredistas Misael Medrano Baza, Saúl López Sollano y Apolinar Segueda Dorantes; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, quienes exigieron justicia, que a un año de esos hechos no ha llegado.
La semana pasada, en el informe de “Tlachinollan” en Tlapa en la región de la Montaña, el secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Emilio Álvarez Icaza, dio a conocer que de cada cien delitos que se cometen en México sólo dos son aclarados y castigados, por lo que el reto de la administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1º de diciembre próximo será el de acabar con la impunidad.
Ho domingo por la mañana La Organización Independiente Campesina “Vicente Guerrero”, ha convocado para la mañana de hoy domingo a una marcha en la ciudad de Chilapa contra la impunidad y por la justicia en este cuádruple asesinato, que partirá de la glorieta a Eucaria Apreza en el bulevar de esa cabecera municipal.
Ranferi Hernández fue fundador del PRD y fundador de la OCSS; acusó a Rubén Figueroa Alcocer de haber sido el autor intelectual del asesinato de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995.
En su momento denunció que fue perseguido y acosado razón por la que se exilió en Francia, donde vivió durante cuatro años aproximadamente.
Posteriormente regresó al país para incorporarse al activismo como dirigente de la Organización Independiente Campesina “Vicente Guerrero” y cuando fue asesinado formaba parte de la Coordinadora Estatal pro Andrés Manuel López Obrador, conformada por ex perredistas.