¿Será el último año de protestas por Ayotzinapa, ahora que llega AMLO?— El cambio en los municipios siempre ha dejado problemas para los entrantes.— Hay propuesta para cambiar toma de posesión al 1° de enero
Enrique Vargas
Es natural que en los 4 años que han transcurrido desde la muerte de unos normalistas y la desaparición de los 43, se hayan dado protestas y reclamos, casi siempre violentos, en contra de las instituciones, de los gobiernos municipal, estatal y federal, y contra el Ejército, al que responsabilizan de haber participado en ese hechos graves ocurridos en Iguala la noche del 26 y durante el día del 27 de septiembre.
Sin embargo, debe advertirse que las protestas violentas de los normalistas de Ayotzinapa no ha rendido los resultados que ellos supuestamente esperan, que sería acelerar las investigaciones, ampliarlas y culpar de alguna manera a los militares, aunque no se haya demostrado que tuvieran alguna responsabilidad directa en la muerte de los 3 asesinados ni en la desaparición de los otros 43.
Debería advertirse a los alumnos de Ayotzinapa, a los grupos que los empujan e incluso a los padres de los desaparecidos, que la violencia en sus manifestaciones más que ayudar actúa en su contra, porque la gente está cansada de esas acciones vandálicas que siempre han mostrado esos grupos, lo que lleva a descalificar tales eventos públicos, porque no se acepta que sea el camino para manifestarse.
Ahora, el presidente electo AMLO les ha ofrecido que se investigará nuevamente la situación que viven los padres de los 43 y los estudiantes compañeros de las víctimas, por lo que, en respuesta, los grupos afectados y los que exigen justicia deben abrir una tregua y dar un plazo de un año o de lo que se convenga, para dar tiempo a que se rehaga la investigación, con la ayuda de los expertos de la CIDH, pero sin darle un sesgo político.
Es decir, la investigación debe ser absolutamente imparcial y totalmente apegada a los hechos, sin tratar de dar una impresión de que lo que se haga sea para culpar a un gobierno priista, para descalificarlos y evitar que más adelante puedan recuperarse.
Debe ser una investigación totalmente ajena a la política, basada únicamente en los hechos que se trata de aclarar, porque en todo caso, el gobierno que había en Iguala y en el estado era de procedencia perredista, aunque el gobierno federal era priista.
Lo importante es que realmente se llegue al fondo de ese grave delito de desaparición masiva de un grupo de estudiantes, que no supieron en lo que se estaban metiendo ni a quienes enfrentaban, que no eran otros que integrantes de la delincuencia organizada.
¿Cuánto tiempo más llevara esa investigación? ¿Va a empezar de cero o se utilizará la parte inicial de la indagatoria de la PGR, con las decenas de detenidos que estén en proceso?
Habrá que esperar a que el nuevo presidente tome posesión, organice a su gabinete, enfrente la oposición de gran parte de la clase política por alguna de sus iniciativas, como los coordinadores estatales, que tienen una amplia gama de rechazos.
Difícil que en un año se llegue a conclusiones que tengan la aceptación y reconocimiento de todas las partes y que realmente se pueda señalar a más culpables de los que están en la cárcel, muchos de los cuales pueden ser liberados porque aseguran que fueron víctimas de tortura para que aclararan los hechos y la forma en que se realizaron, además de declararse integrantes del grupo ejecutor.
Habrá que esperar, pues, el tiempo necesario para que se logre una nueva conclusión, que sea auténtica, basada en hechos y realidades y que no pretende convertirse en una cacería de brujas perredistas y priistas, algunos de los cuales ya han de andar en Morena
EL CAMBIO EN LOS MUNICIPIOS SIEMPRE HA DEJADO PROBLEMAS PARA LOS ENTRANTES.— En la actualidad casi puede asegurarse que no hay municipio donde las nuevas autoridades vayan a encontrar finanzas totalmente sanas, sin deudas y con todos los pagos obligados de salarios y prestaciones hechos en tiempo y forma.
Además, todo indica que “según el sapo es la pedrada”, de modo que entre más grande y más población tenga el municipio en cuestión, también de ese tamaño son los problemas, como se ve ahora con Acapulco, principalmente, aunque no escapan Chilpancingo e Iguala.
En el puerto, los reclamos son mayores y a eso hay que agregarle el conflicto que representa la intervención de las autoridades estatales y federales para poner orden en el sector de seguridad pública del puerto, al tiempo que se le hacen una serie de reclamos a Marco Leyva en la capital, por supuestas o reales carencias, lo mismo que en Iguala, donde el doctor Herón Delgado no parece haber dado el ancho y ahora surgen los señalamientos y los problemas.
La falta de recursos, la inexperiencia de los ediles en algunos casos y las presiones políticas y populares que resienten, tienen mucho que ver con las malas condiciones en que se entregan los ayuntamientos municipales.
Hay que buscar la manera de reducir las condiciones adversas que llevan a las malas entregas, aunque el factor humano, que puede ser el principal, es difícil de modelar.
HAY PROPUESTA PARA CAMBIAR TOMA DE POSESIÓN AL 1° DE ENERO.— Uno de los principales problemas en este fin de año es el pago de aguinaldos y otras prestaciones, porque quedan más de 2 meses antes de llegar a esa etapa, de modo que los salientes señalan que ellos pagan hasta septiembre y lo demás ya es bronca de los que llegan.
Hace tiempo, el diputado Ricardo Moreno Arcos hizo la propuesta de que la toma de posesión de los ayuntamientos se moviera al 1 de enero del año siguiente, en lugar de hacerlo en octubre, porque de esa manera el alcalde en funciones tendría que cubrir los pagos de diciembre, los más fuertes del año y el nuevo llegaría a planear sus acciones y su trabajo, sin la pesada presión de los aguinaldos, los bonos y demás pagos de los trabajadores.
No parece una mala propuesta, habría que analizarla y ver la posibilidad de aplicarla.
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