* César Mayares, titular de esa dependencia, dijo que habitantes de ese lugar han seguido extrayendo materiales pétreos de una mina sin técnica adecuada y eso ocasionó la formación de una oquedad
ROSARIO GARCÍA
El socavón que se formó en la comunidad de Pinzán Morado, municipio de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, es producto de la explotación de minerales que sin asesoría técnica la población ha hecho desde hace 35 años de manera clandestina, lugar donde ha sido necesario evacuar a unas 30 familias y dos escuelas.
Así lo informó el secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, quien mencionó que personal de la dependencia a su cargo hizo el dictamen correspondiente en torno a este fenómeno y se determinó que la comunidad de Pinzán Morado está asentada sobre una mina que dejo de ser explotada “técnicamente” desde hace 35 y 50 años.
Sin embargo, a pesar de la empresa dejó de explotar esa mina, los mismos habitantes de la comunidad han continuado extrayendo minerales sin los conocimientos técnicos adecuados, ni el equipo que se requiere, lo que provocó que se debilitara la estructura y se venciera.
De acuerdo con los estudios realizados hasta este momento, los ciudadanos sacaban entre 14 y 21 metros cúbicos de material pétreo diariamente, lo que representa unos 3 camiones de volteo.
Mayares Salvador afirmó que en esa comunidad se detectaron largos túneles ramificados que aparentemente fueron debilitados por los mismos pobladores, quienes no cuentan con los soportes técnicos necesarios para garantizar la seguridad de los habitantes de la localidad.
La extracción clandestina de minerales es un delito, dijo Mayares Salvador, quien agregó que será tarea de las autoridades correspondientes determinar quién o quiénes tienen responsabilidad en ese hecho y las sanciones a las que se harán acreedores.
El funcionario estatal no descartó la posibilidad de desalojar a las 350 viviendas que tiene actualmente la comunidad de Pinzán Morado, por el riesgo de que el socavón siga creciendo y ponga en peligro a las familias que viven ahí.
Dependencias federales y estatales, así como empresas del clúster minero realizan estudios en la zona, dijo Marco Mayares, quien agregó que en unos 30 días podrían estar listos los resultados para determinar la magnitud del riesgo y actuar en consecuencia.