* Por la protesta que encabezó en enero de 2017 en las oficinas del programe federal Prospera, en Chilpancingo
Jesús Saavedra
Ocho personas que lanzaron jitomates y huevos contra las oficinas del programa Prospera, en Chilpancingo, fueron sentenciados por un juez federal a realizar trabajo social, que incluye la alfabetización de personas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en esta capital.
El juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, José Miguel López Rodríguez, determinó lo anterior dentro de la causa penal que se inició contra quienes participaron en una protesta que ocurrió en enero del 2017, cuando un grupo de trabajadores despedidos de Prospera protestaron en las oficinas de ese programa federal.
En aquella ocasión los trabajadores estaban acompañados por el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Por esos hechos se integró una averiguación previa en la Procuraduría General de la República en contra de Chávez Adame y siete personas más; en mayo pasado, el dirigente de la APPG fue detenido y trasladado a Acapulco donde fue liberado de inmediato.
El juez federal que conoció la causa penal determinó sancionar a las ocho personas involucradas con penas de seis meses de trabajo comunitario. Chávez Adame informó que esa sentencia la acatará en la UPN los fines de semana.
Explicó que en lugar de ir a firmar cada semana al juzgado federal, se le ordenó dar clases de alfabetización en la UPN, donde “tenemos un grupo ya de 30 personas quienes recibirán clases para aprender a leer y escribir”.
Dijo que también implementará “un programa independiente de concientización y alfabetización, no solo vamos a dar clases para que aprendan a leer y escribir, vamos a educarlos en el contexto de la lucha social”.
Nicolás Chávez agregó que los otros siente sentenciados realizarán trabajo social en el ayuntamiento de Chilpancingo, en bibliotecas públicas y donde requieran sus servicios en los próximos seis meses en esta capital que es donde viven.
Lamentó que quienes “protestan y levanten la voz por las injusticias en Guerrero seamos más perseguidos que la propia delincuencia organizada, es una grave situación de injusticia la que vivimos en este país. Pero será un honor que hagamos trabajo social, porque desde ahí vamos a concientizar a la población de esta capital”, añadió.
El dirigente de la APPG dijo que por su detención por agentes federales, interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y “por esa queja me mandaron a llamar a Asuntos Internos de PGR, donde querían que les dijera qué número de patrulla y los nombres de los agentes que me detuvieron; eso es imposible de dar respuesta y por eso no acudimos a este requerimiento como lo recomendó la CNDH”, añadió.