Alejandro Mendoza
El buen gobierno es un término muy recurrido en las últimas dos décadas ante los retos que vive a humanidad a futuro. Y al mismo tiempo es algo que exigen los ciudadanos con fuerza, y hasta desesperación y angustia, ante los críticos niveles de calidad de vida que enfrentan.
El buen gobierno es una forma de ejercicio del poder caracterizada por rasgos como la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de derecho, que revela la determinación del gobierno de utilizar los recursos disponibles a favor del desarrollo económico y social.
De acuerdo con estudiosos y especialistas en la materia, el concepto de buen gobierno se ha difundido ampliamente en la literatura sobre estudios del desarrollo desde principios de los años 90, a raíz de un estudio realizado por el banco mundial en 1992 sobre la crisis y el crecimiento sostenido en países pobres del África y la importancia del mencionado buen gobierno en el desarrollo económico.
Desde entonces se tiene conocimiento que el fracaso en muchos países africanos, de las políticas de ajuste estructural, se habría debido precisamente a la ausencia de aquél, esto es, al mal gobierno reinante, que habría dificultado las necesarias inversiones extranjeras.
Este mal gobierno se caracteriza por problemas como: a) la falta de responsabilidad y de una rendición de cuentas de los poderes públicos; b) la falta de transparencia; c) la escasa capacidad de previsión de los políticos y funcionarios; y d) la ausencia del Estado de derecho.
En consecuencia, desde los 90 se pudo tener plena conciencia de que el mal gobierno es un cáncer en muchos países del mundo. Y México, Guerrero y Chilpancingo, no son la excepción.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo contempla claves más ambiciosas, que guardan coherencia con su concepto de desarrollo humano. Además, interpreta el gobierno como el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para manejar los asuntos de un país en todos los niveles, a fin de que el Estado promueva la cohesión social, la integración y el bienestar de su población.
Luego de los gobiernos del PRI, PAN y PRI en la Presidencia de la República se abre una nueva oportunidad con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a través de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al ganar contundentemente en las urnas el pasado 1 de julio.
Sin embargo, el buen gobierno requiere la participación pública para asegurar que las prioridades políticas, sociales y económicas estén basadas en un amplio consenso social, así como que las poblaciones más pobres y más vulnerables puedan incidir directamente en el proceso político de toma de decisiones.
Al igual que el ámbito federal, también el gobierno estatal y las próximas administraciones municipales deben considerar la nueva geografía política como una oportunidad para sacar adelante al estado de Guerrero de los niveles de atraso, pobreza y marginación en que se encuentra, más allá de considerar sólo los intereses políticos, partidistas o personales.
Hoy más que nunca se requiere disponer de un programa de buen gobierno que se centra en las instituciones de gobierno, la gestión de los sectores públicos y privados, la descentralización, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos municipales en transición.
En definitiva, la concepción del buen gobierno debe ser más amplia que en otro tiempo, teniendo en cuenta elementos como los factores culturales, las particularidades nacionales, regionales, municipales, así como los liderazgos y la responsabilidad política, los procesos de participación social, así como la construcción de capacidades.
En resumen, las políticas públicas deben traducirse en beneficios sociales y de estabilidad política para todos.
Los errores fueron míos, los aciertos de Dios, sonría, sonría y sea feliz
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