La reforma a la Ley 701 protege a la Policía Comunitaria pero evita grupos armados irregulares.— Congreso legisla reelección del auditor del estado y evita cambiar a auditores especiales arbitrariamente
Enrique Vargas
Las reformas que realizó el Congreso del Estado sobre la Ley 701 permitirá fortalecer la función y la permanencia de la Policía Comunitaria original que opera en las comunidades indígenas, apegada a sus usos y costumbres, y sus labores serán respetadas, como se ha hecho desde que aparecieron hace cerca de 20 años.
Se trata de delimitar bien lo que es la originaria policía comunitaria, que habrá de conservar sus funciones y la protección que le brinda la ley, pero también busca evitar que grupos armados, que no pueden ostentarse como comunitarios alteren el orden y el derecho de tránsito en las carreteras del estado, porque se trata de grupos que no protege la ley señalada, porque sólo sirven a sus propios intereses y en algunos casos hasta se les ha visto aliados con la delincuencia organizada, por los beneficios que les representa.
El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que es necesario poner orden en ese sector y fue lo que hicieron los diputados de la actual legislatura, para cuidar a la policía comunitaria y evitar la acción de grupos amados que están fuera de las condiciones de los comunitarios.
No existe la intención de actuar contra la policía comunitaria, porque “sería una temeridad” señaló HAF, pero si se trata de regular las autodefensas, que no tienen sustento en la ley, ya que es peligroso e inapropiado que esos grupos se asienten en todas las carreteras del estado, porque no tienen la preparación necesaria y en esas condiciones se han vuelto un peligro para la gente que usa esos caminos, ya que en varias ocasiones han herido a viajeros que no se detienen, porque más parecen grupos de asaltantes armados que policías.
Han surgido críticas sobre la reforma de la ley señalada, pero eso en parte se debe a desinformación o información insuficiente, pero también porque las autodefensas armados sin sustento rechazan suspender esas actividades, porque encontraron la forma de allegarse buenos recursos, no siempre dentro de la ley, y por eso rechazan la reforma que los anula porque son ilegales.
Advierten que no acatarán la nueva norma y amenazan con actuar en contra de aplicarles la ley y desarmarlos.
Resulta indispensable que a estas alturas se busque la manera de regular la acción de esas autodefensas que han proliferado en el estado al margen de la ley, porque de otra manera el Estado de derecho estará siempre en riesgo y bajo la amenaza de grupos armados que actúan de manera muy improvisada, sin observar los protocolos mínimos de respeto a la sociedad, y representan un peligro real para la sociedad que vive en los territorios que pretenden controlar y para los visitantes, que en varias ocasiones han sido agredidos y lesionados de gravedad por esas autodefensas, que no saben manejar situaciones de seguridad en los caminos y carreteras del estado.
CONGRESO LEGISLA REELECCIÓN DEL AUDITOR DEL ESTADO Y EVITA CAMBIAR A AUDITORES ESPECIALES ARBITRARIAMENTE.— Dentro del paquete de reformas que dejaron terminadas los integrantes de la 61 Legislatura del estado, está la comentada en el espacio anterior, pero también los cambios sobre la Auditoría Superior del Estado (ASE), el principal organismo que supervisa y señala el manejo apropiado o el desvío de los recursos públicos que se ejercen en el gobierno del estado, los municipios y en organismos públicos descentralizados, con la intención de fortalecerla y evitar que hagan cambios interesados, con la finalidad de darse protección indebida.
Se permitirá la reelección del actual auditor, Alfonso Damián Peralta, que ha entregado buenos y confiables resultados, y también se rechazan los intentos de cambiar por capricho a los auditores especiales, que supervisan diferentes sectores del aparato gubernamental.
La intención es proteger a la Auditoría Superior del Estado, al auditor principal y los auditores que colaboran en esa tarea tan delicada, de los cambios interesados que pretenden hacer algunas autoridades, vigentes o de nuevo ingreso, con la intención de protegerse o para actuar con mucho liberalismo en el manejo de los presupuestos.
Realmente, nadie puede sentirse afectado por estos cambios que protegen a los auditores de malas intenciones de los gobernantes, ya que por la naturaleza de su labor, pueden señalar a quienes busquen beneficios fuera de la norma.
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