* Viridiana Gutiérrez, del Observatorio Ciudadano de Violencia Hacia las Mujeres, insistió en la necesidad de garantizarles su derecho a abortar sin autorización del Ministerio Público
Carlos Navarrete
En las últimas dos semanas, en Guerrero fueron documentados seis casos de menores de edad violadas y que resultaron embarazadas. En la mitad de estos hay acompañamiento del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres para que la Secretaría de Salud (SSa) les garantice su derecho a abortar sin necesidad de la autorización del Ministerio Público.
En entrevista, Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio, explicó que las víctimas son adolescentes de entre 12 y 16 años, y afirmó que estos casos exhiben el nivel de violencia sexual al que se enfrentan las mujeres, principalmente las menores de edad, en la entidad.
Por ello, insistió en la necesidad de que el Congreso del Estado realice una reforma al Código Penal y se homologue con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que establece que las mujeres que quedan embarazadas como resultado de una violación, podrán abortar sin necesidad de que presenten una denuncia ni exista autorización del Ministerio Público.
El pasado 25 de junio, se informó en estas páginas que el Observatorio Ciudadano de Violencia Hacia las Mujeres solicitará a la federación que se decrete en Guerrero una segunda alerta por violencia de género, pero por agravio comparado, al considerar que las políticas públicas implementadas por el gobierno del estado para la atención integral a víctimas de violencia sexual, han fracasado.
Esta modalidad se ejecuta cuando una o varias políticas públicas son discriminatorias contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y en el caso específico de Guerrero las organizaciones explican que el sistema de salud local se niega a practicar abortos en los casos que se encuadran en la NOM-046.
Viridiana Gutiérrez explicó que la solicitud ya fue elaborada, pero aún no es presentada ante las autoridades correspondientes. Comentó que la próxima semana, integrantes del Observatorio se reunirán con la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Maira Martínez Pineda, para hacer una evaluación de la violencia sexual en el estado.
Indicó que en ese encuentro la organización presentará un diagnóstico del problema y escuchará los planteamientos que tiene el gobierno del estado, en voz de la funcionaria. Aclaró que la presentación de la solicitud dependerá de los resultados de la reunión con Martínez Pineda.
Sin embargo, precisó que el problema no se resolverá solamente con la homologación del Código Penal, pues es necesaria la capacitación y profesionalización efectiva del personal del sistema de salud y de las corporaciones policiacas para que se aplique correctamente el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, pues muchas veces se incurre en la revictimización.
Comentó que en ocasiones el personal médico convence a las mujeres que han sido víctimas de violación de no abortar, exponiendo argumentos morales y no científicos, situación que, afirmó, no debe ocurrir. Explicó que todos esos elementos serán considerados en la reunión que sostenga el 30 de julio con la secretaria de la Mujer.
Viridiana Gutiérrez recordó que “me tocó atender ayer a una niña de Coyuca de Benítez, de 14 años; cuando ingresamos el caso la chica estaba convencida de que no quería tener al hijo de su violador, así que empezamos a hacer los trámites para solicitar a la Secretaría de Salud la interrupción del embarazo, pero dos horas después la chica cambió de opinión, salió diciendo que no podría asesinar al bebé”.
La activista consideró que “hay un discurso muy moral” en los empleados de la Secretaría de Salud, “cuando el papel de las instituciones es dar información científica”, y aseguró que “nosotras no obligamos a nadie a abortar, solo queremos que estén informadas para tomar decisiones”.
Recordó que la reforma al Código Penal se planteó entre las recomendaciones que recibió el gobierno del estado tras la declaratoria por violencia de género que decretó la federación en junio de 2017, por lo que las organizaciones feministas no deberían estar pugnando por ese derecho, y acusó al Congreso del Estado y a la SSa de ser omisos.
Aclaró también que el Observatorio “no promueve el aborto”, sino que, a las mujeres que hayan sido víctimas de una violación y quedaron embarazadas, se les permita ejercer su derecho a decidir, sin que exista revictimización ni criminalización.
Finalmente, indicó que el Observatorio ya ha sostenido acercamientos con los diputados locales electos que integrarán la próxima legislatura, a quienes han solicitado retomar la agenda de género cuando inicien sus funciones.