* Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas, determinó ayer que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones de los coinculpados por lo ocurrido en Iguala, el 24 de septiembre de 2014, fueron obtenidas por las autoridades mediante tortura
REDACCIÓN
Por unanimidad de votos, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenaron la reposición del procedimiento judicial por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, así como la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia, con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, los magistrados de dicho Tribunal establecieron que la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue ni pronta, ni efectiva, ni independiente, ni imparcial, por lo que también requirieron al Ministerio Público de la Federación a presentar dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo establecido en el Protocolo de Estambul.
En su sentencia, los magistrados señalaron la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, para así llegar a la verdad en este caso y se pueda garantizar que no se repitan graves violaciones a los derechos humanos, para lo cual armonizaron los artículos 20 constitucional —mismo que contempla el derecho de las víctimas a participar en la indagatoria—, y el 21 de la misma Carta Magna, que establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.
El Tribunal advierte que al no haber presentado dichos dictámenes, con las exigencias del Protocolo de Estambul, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones de los coinculpados por esos hechos fueron obtenidas por las autoridades mediante tortura.
En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos (tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales), y de que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente para investigar la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para este caso.
Dicha Comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán, así como las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales, como internacionales de derechos humanos.
En el caso Ayotzinapa hubo 43 personas desaparecidas, 6 ejecutados, más de 40 heridas, además de 30 sobrevivientes de ataques directos. La cronología de lo que sucedió en Iguala, que las autoridades federales llamaron “la verdad histórica”, fue desmentida en gran medida por el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional en las investigaciones.