Reflejo de la grave inseguridad: renuncian 335 candidatos: IEPC. —Desecha juzgado demanda de Nestora contra Meade; reconoce INE errores en registro de la candidata. —Congreso debe resolver en uno o dos días el caso de Marco Leyva
Enrique Vargas
Nunca en varias de las décadas recientes se había presentado una situación de crisis por inseguridad como la que se enfrenta actualmente y que se refleja, entre otras cosas, en las 335 solicitudes presentadas hasta ahora de quienes prefieren renunciar a sus candidaturas, que antes buscaron y obtuvieron, para contender en la elección del primer domingo de julio por una posición dentro de los ayuntamientos municipales y las diputaciones locales.
Obviamente son muchas las presiones, las amenazas, las posibilidades de extorsión que reciben quienes habían decidido contender por alguna posición en alguna de las 81 alcaldías o en las diputaciones locales, que son las que maneja el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), porque además de esas están las diputaciones federales y las senadurías, que están bajo control del Instituto Nacional Electoral (INE), que deben estar en una situación semejante por la presencia e intervención de la delincuencia organizada, que busca la manera de inmiscuirse en los nuevos gobiernos locales o de lograr la influencia necesaria para tomar parte en las decisiones que le interesan.
De las 335 renuncias, el Instituto Electoral informa que 26 eran de candidatos a una alcaldía, además de que otros 55 de los dimitentes eran aspirantes a diputaciones de mayoría y pluris.
Del total de las renuncias 280 corresponden a las planillas de los ayuntamientos, de los cuales 141 son hombres y 139 mujeres.
Ya fueron procesadas y aprobadas 280 renuncias y le faltan 49 al Instituto, para cerrar esta etapa que en unos días más quedará concluido, sin posibilidades de hacer más cambios, de modo que si hay más renuncias, ese espacio o candidatura quedaría sin candidato, pero aún incluido en las boletas electorales.
Verdaderamente resulta alarmante que un número tan elevado de aspirantes decidan retirarse de la contienda, por supuestas o reales amenazas o presiones que hayan recibido de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, aunque también se puede deber a que los candidatos adviertan que no tienen posibilidades de ganar y prefieran retirarse o que lo hagan por falta de financiamiento para hacer una buena campaña.
De cualquier manera, el actual proceso electoral quedará marcado por esas numerosas renuncias, situación que no se había presentado anteriormente, cuando menos en una cantidad tan elevada.
DESECHA JUZGADO DEMANDA DE NESTORA CONTRA MEADE; RECONOCE INE ERRORES EN REGISTRO DE ESA CANDIDATA. —La demanda que Nestora Salgado presentó contra José Antonio Meade, candidato presidencial, por supuesto daño moral, por haberla señalado como secuestradora en el segundo debate presidencial, fue desechada por el juzgado federal donde la presentaron sus abogados, ya que en ese tipo de reclamos tiene que hacerse en un juzgado del fuero común, lo que por lo visto ignoran sus asesores.
Nestora, quien tiene pendientes varias acusaciones por secuestro y hasta por homicidio, pretende demandar a Meade para que le ofrezca una disculpa pública por llamarla secuestradora, en el debate de referencia.
El candidato ya había respondido que de ninguna manera ofrecerá una disculpa a esa señora, porque existen muchas evidencias y pruebas de que efectivamente secuestró a muchas personas
NESTORA PUEDE PERDER LA CANDIDATURA, porque ahora el INE reconoce que existen errores en el registro de su candidatura porque no manifestó su doble nacionalidad, la mexicana y la de EU, lo que es impedimento legal para ocupar la posición de senadora, ya que su lealtad estaría en duda y los senadores de la República tienen que ser mexicanos por nacimiento sin ningún compromiso con otra nación.
En las circunstancias actuales, Nestora enfrenta una situación muy delicada, ya que puede quedarse sin la candidatura que le regaló el Peje López Obrador y hasta puede regresar a la cárcel, porque varias de las averiguaciones previas que hay en su contra ya fueron reabiertas y el juez que las lleva puede dictar nuevas órdenes de aprehensión en su contra, si existen los elementos legales para hacerlo en las causas que tiene pendientes.
CONGRESO DEBE RESOLVER EN UNO O DOS DÍAS EL CASO DE MARCO LEYVA. —El Congreso del Estado, que coordina el priista Héctor Vicario Castrejón, recibió el pasado viernes la comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de que debe reinstalar a Marco Antonio Leyva Mena en el cargo de presidente municipal, ya que el Legislativo no presentó ninguna justificación legal para dejarlo fuera de la posición que ganó en las urnas, por lo que se estableció que en un plazo máximo de cinco días, que se cumplen en esta semana, debe dar cumplimiento a esa orden judicial, que tendría graves repercusiones si no se acata la decisión totalmente, sin pretextos ni justificaciones.
El Congreso del estado no puede hacer otra cosa, en estos momentos, que cumplir la sentencia judicial que ganó finalmente el alcalde con licencia, con lo que logró que se le reconociera que le asistía la razón al demandar que se le autorizara retornar al cargo que dejó a fines del año pasado, por los problemas de gobernabilidad y de mala operación de los servicios públicos municipales, especialmente el de la basura.
Sin embargo, el legislativo estatal no tiene la posibilidad de alegar, como lo hizo anteriormente, que por esas deficiencias se le podía cancelar el retorno a la alcaldía, lo que el Tribunal desestimó, ya que esa es una situación que puede presentarse por diversas circunstancias, no siempre atribuibles a deficiencias del alcalde en funciones que es acusado.
La cuestión es que Marco Leyva ganó el diferendo legal y el Tribunal falló a su favor, pero ahora falta que pueda ejercer el cargo, porque se van a lanzar en su contra diversos grupos interesados, varios de ellos manipulados por fuerza extra municipales.
Seguramente, Marco Leyva va a demandar que se le brinde la protección y respaldo necesario para que pueda regresar a sus oficinas y reanudar sus actividades, porque también eso podría estar considerado en la decisión tomada por el Tribunal Federal, que no puede ser desacatado, porque traería repercusiones legales graves para quienes incurrieran en incumplimiento de las decisiones tomadas.
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