* El 30 de junio debe cubrir $11 millones de lo contrario enfrentará sentencias de embargo, situación de la que el secretario general responsabilizó a gobiernos anteriores
Rosario García
El Ayuntamiento de Chilpancingo deberá pagar, a más tardar el 30 de junio, alrededor de 11 millones de pesos por 17 laudos laborales, declarados como ejecutorios por parte de las autoridades del ramo.
Así lo informó el secretario general del Ayuntamiento capitalino, Joel Eugenio Flores, quien agregó que se trata de laudos acumulados desde el año 2000 al 2017, algunos resueltos hace algunas semanas, por lo que deben liquidarse 11 millones 582 mil pesos, de lo contrario, podría enfrentar sentencias de embargo de propiedades municipales.
Dijo que esa situación afecta seriamente las finanzas de la administración municipal, porque de por sí el gobierno capitalino enfrenta problemas con la disponibilidad de recursos económicos.
Ante esa situación, el funcionario explicó que la administración municipal buscará mecanismos para resolver el conflicto, por lo que acudirán a las instancias necesarias para solucionar de mejor manera el problema laboral.
Eugenio Flores dijo que al inicio del presente ejercicio fiscal, se presupuestó un recurso para cubrir las necesidades de esa naturaleza, pero no se puede disponer de la totalidad del monto, debido a que el dinero es asignado a la Tesorería del ayuntamiento por ministraciones mensuales.
Con la finalidad de que se vayan solucionando ese tipo de problemas, dijo que el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas, ordenó que sean cubiertos algunos otros laudos ya ganados, con la finalidad de no dejar pendientes para la siguiente administración municipal.
Eugenio Flores precisó que el ayuntamiento de Chilpancingo enfrenta 98 laudos laborales, los cuales implicarían pagos superiores a los 31 millones de pesos, si no se logra un acuerdo con quienes tienen una demanda laboral contra la administración municipal, pero precisó que los ejecutorios son 17.
El argumento de la mayoría de los juicios promovidos por los ex empleados son por despido injustificado, pero las administraciones municipales anteriores, por omisión o desconocimiento, no asumieron una defensa efectiva de los intereses del municipio.