* La candidata a senadora por Morena estuvo presa poco más de 2 años y medio por los secuestros de al menos 50 personas, cuatro de ellas menores de edad (mujeres de 11, de 13 y dos más de 17 años), pero puede participar en el proceso electoral porque no está detenida

REDACCIÓN

Nestora Salgado García, candidata al Senado de la República por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene dos causas penales abiertas “por el delito de secuestro”, de acuerdo con el sitio Verificado 2018, que publicó el pasado 20 de abril un informe detallado de cuál es su situación legal, pero puede participar en el proceso electoral porque no está detenida, según interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el sitio, que fue creado para confirmar la veracidad de la información que circula en redes sociales relacionada con el proceso electoral que está en curso, la ex comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, quien estuvo presa poco más de 2 años y medio por los secuestros de al menos 50 personas, cuatro de ellas menores de edad (mujeres de 11, de 13 y dos más de 17 años), también “se le acusó de crimen organizado”.
Verificado 2018, que cuenta “con el apoyo de Facebook, Google News Lab y Twitter, además de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y fundaciones como Open Society y Oxfam”, de acuerdo con su sitio, “el 21 de agosto de 2013, Salgado García fue detenida por elementos del Ejército Nacional, Marina y Policía Federal en el municipio de Ayutla, por el delito de secuestro y delincuencia organizada. Dos días más tarde fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Nayarit”.
Según la información confirmada, la candidata de Morena –quien es también ciudadana estadounidense— fue acusada de secuestro por los “familiares de los detenidos”, por lo que el 22 y 23 de agosto de 2013, “el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo giró una orden de cateo para la Casa de Justicia de la localidad El Paraíso, municipio de Ayutla, el sitio en el que la policía comunitaria, a cargo de Nestora Salgado, operaba”, y en ese lugar las autoridades estatales “liberaron a 42 personas”.
Verificado 2018 consultó a los abogados de las personas secuestradas por Nestora García, quienes dijeron que “todos los liberados se encontraban injustificadamente privados de su libertad, ya que no existían denuncias formuladas en su contra por alguna víctima directa o indirecta… Ni se aportaron, ante el Ministerio Público, las pruebas que sirvieron para proceder en contra de las mismas o los expedientes que debieron integrarse”.
Al respecto, Andrés Díaz Fernández, un abogado especialista en temas de pueblos indígenas, argumentó que “el sistema normativo de las comunidades indígenas es predominantemente oral y no obliga a llevar o avisar sobre los detenidos al Ministerio Público, pues las autoridades comunitarias tienen plena jurisdicción para poder actuar. ‘Decir que no se acude al Ministerio Público y que no se tienen expedientes, es desconocer que los pueblos indígenas tienen una forma válida de regirse’”, señala.
Sin embargo, “la defensa de las víctimas también denunció que la Policía Comunitaria solicitaba a los detenidos dinero, cuyos montos iban desde los cinco mil hasta los 20 mil pesos, para ser liberados”, por lo que al solicitar Nestora García “un beneficio económico, se acredita el delito de secuestro”.
Este señalamiento fue confirmado por Leonel Rivero, defensor de Nestora Salgado, quien argumentó que el dinero solicitado por la ahora candidata a senadora eran “medidas para la reparación del daño, tras los delitos que habrían cometido los imputados”.
Pero Nestora Salgado no fue acusada solamente por la vía penal, sino que sus víctimas también acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abrió el expediente CNDH/2/2014/2343/OD como respuesta a las quejas recibidas el 7 de abril de 2014 por parte de cuatro personas detenidas por la Policía Comunitaria de Nestora Salgado, identificadas por el organismo como Personas Sujetas al Proceso de Reeducación (PSPR). En las quejas, denunciaron haber sido “víctimas de detención arbitraria, secuestro, abusos y trato cruel por parte de Nestora Salgado y otros policías comunitarios, así como haber recibido tocamientos (eran entonces mujeres menores de edad), golpes y la exigencia de un pago o entrega de bienes a cambio de su libertad”.
Verificado 2018 confirma en su informe que “entre los testimonios de las víctimas se incluyen los de PSPR1 y PSPR2, dos mujeres menores de edad quienes declararon ante el agente del Ministerio Público que fueron detenidas el 9 de junio de 2013 por Nestora Salgado y otros miembros de la Policía Comunitaria, con el argumento de que ‘se sabía que se dedicaban a vender droga y prostituirse’. Ambas mujeres negaron la acusación. Sin embargo, según su versión, fueron despojadas de sus pertenencias y trasladadas al domicilio de Nestora Salgado García”.
“Respecto a los abusos, PSPR2 declaró que uno de los policías comunitarios le realizó tocamientos y que cuando lo intentó reportar, los demás policías comunitarios se rieron”.
Sobre este caso, “la CNDH emitió la recomendación 09/2016 ‘Sobre la situación de la policía comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, la detención de diversos integrantes de la Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, así como de la detención de personas por parte de esa Policía Comunitaria’”.
Esa recomendación “fue dirigida a las autoridades del gobierno, al Congreso, a la Fiscalía General de Guerrero y al ayuntamiento de Olinalá, y en ella se establece que hubo violaciones de derechos humanos hacia los policías comunitarios detenidos por parte de sus captores”.
A pesar de que Nestora Salgado y sus policías comunitarios habrían violado flagrantemente los derechos humanos de las personas que secuestraron, particularmente las menores de edad, la CNDH recomendó al gobierno estatal, entonces perredista, “asegurar el respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y pide delimitar competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia, y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal”.
“La CNDH también exigió establecer las medidas adecuadas para la reparación del daño a Nestora Salgado y a los otros ocho policías comunitarios por las violaciones de derechos humanos acreditadas, en términos de la Ley General de Víctimas”, pero no habla de la reparación de daño para las adolescentes ultrajadas por Nestora Salgado y sus policías comunitarios.
La CNDH recomendó que “se investigue y, en su caso, se sancione a los servidores públicos involucrados en violaciones de derechos humanos, tanto de las autoridades estatales como indígenas del Sistema de Justicia Comunitario, informando puntualmente las acciones realizadas por las instancias investigadoras y su determinación”.
Según el informe de Verificado 2018, “el 31 de marzo de 2014, el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en Acapulco dejó sin efecto la acusación sobre crimen organizado, el cual era el único delito del ámbito federal que se le imputó a Salgado”, pero “las investigaciones por secuestro continuaron su curso”.
En 2015, cuando era gobernador de Guerrero Rogelio Ortega Martínez, “ya siendo declarada inocente de delincuencia organizada (el único delito federal en su contra), Nestora Salgado fue trasladada al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, y luego fue enviada a la Torre Médica de Tepepan, para que fuera atendida por un padecimiento de columna”.
Añade que 3 jueces de Guerrero “determinaron su inocencia ante las acusaciones por los delitos que se le imputaron” y, después de dos años y siete meses presa, Nestora Salgado fue liberada el 18 de marzo de 2016, pero la Fiscalía de Guerrero aseguró que “hay dos causas penales abiertas por el delito de secuestro en contra de la ahora candidata al Senado.
Sobre esta situación, Leonel Rivero, abogado de Nestora Salgado dijo que su representada enfrentó siete procesos penales, de los cuales “cinco están concluidos: el de delincuencia organizada y cuatro más por secuestro”, y que “en todos los casos fue declarada inocente”, aunque aceptó que otros dos procesos siguen abiertos, “porque el Ministerio Público interpuso dos recursos de apelación, en 2016, contra su liberación”.
Argumentó que “ya han pasado prácticamente dos años (de esa apelación) y no se han podido celebrar ni las audiencias (para concluir los procesos) porque, según las autoridades, ha sido imposible notificar a las víctimas”.
Aseguró que Nestora Salgado, quien después de salir libre abandonó de México, no tiene ninguna orden de aprehensión pendiente y que “la única manera en que pudiera revertirse esta situación es que dichas apelaciones sean declaradas procedentes, y aún en ese caso, el Ministerio Público no solicitaría nuevamente la aprehensión, ya que Nestora Salgado podría pelear esas resoluciones con un amparo indirecto e incluso podría contar con el recurso de revisión”.
Según Verificado 2018, Arturo Espinosa, especialista en derecho electoral, “de acuerdo con el artículo 38 fracción II de la Constitución Política”, Nestora Salgado puede ser candidata al Senado porque los derechos electorales se suspenden a un ciudadano cuando están “sujetos a proceso criminal”, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “ha interpretado” que eso ocurre “hasta que las personas estén privadas de la libertad”.