* El alcalde con licencia Chilpancingo dijo que está listo para volver “por dignidad”, después de un linchamiento político que fue orquestado desde el propio PRI
(Primera de dos partes)
Alondra García
El encuentro con Marco Antonio Leyva Mena ocurrió la noche del sábado, en la casa de un amigo y colaborador suyo.
Cuando llegamos al domicilio lo encontramos de pie en el jardín, ataviado con una camisa blanca de finas líneas negras y, como es su costumbre, con la camisa arremangada hasta los codos.
Completan el atuendo del político un pantalón de mezclilla y el cabello plateado peinado de copetito, muy parecido al del presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque los últimos meses han sido complicados, de un golpeteo político intenso, el priísta mantiene el estilo relajado que lo caracteriza.
Se le ve tranquilo. Su respiración y su discurso no se aceleran nunca, ni siquiera durante las preguntas más difíciles.
Ahí mismo, en el jardín, Leyva Mena concede la primera entrevista formal desde que dejó la alcaldía capitalina. En enero hizo declaraciones a los medios durante una conferencia de prensa, después de la cual irrumpió en el despacho del alcalde en el palacio municipal e una intentona para reasumir el cargo e incluso firmó varios nombramientos de colaboradores que nunca tuvieron efecto.
Mientras, a lo lejos, se escuchaban los tiroteos de una noche normal en Chilpancingo.
El 16 de octubre del año pasado, Leyva Mena presentó ante el Congreso de Guerrero su solicitud de licencia para separarse del cargo de manera indefinida.
En ese momento su gobierno enfrentaba una crisis en materia de recolección, tratamiento y destino final de la basura, que fue aprovechada por organizaciones y diputados locales opositores para reactivarle un juicio de revocación de mandato.
El trámite legislativo tuvo una celeridad inédita. Incluso los diputados priistas respaldaron el juicio y la dirigencia estatal del PRI le die la espalda a Leyva Mena.
– ¿De qué manera ocurrió tu solicitud de licencia?, ¿te obligaron?, ¿te amenazaron?, se le cuestionó.
-Yo vi muy claro el asunto de mi revocación de mandato por parte de todas las fuerzas políticas. En ese momento no había una situación muy clara de las pruebas del asunto que se me implicaba en el tema de la basura. Yo sabía que me iba a enfrentar prácticamente a todas las fuerzas políticas del Congreso y lo que hicimos fue una salida lateral del tema. Una vez reunidas las pruebas yo estoy de vuelta, explica el alcalde con licencia.
El 8 de enero, Leyva Mena notificó al Congreso del Estado su disposición para reinstalarse al cargo y funciones de presidente municipal. El Legislativo le respondió que su oficio estaba mal redactado, por lo que el 10 de enero volvió a presentarlo.
Tras cumplirse un mes sin obtener respuesta, acudió al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), donde le respondieron que el Congreso aún se encontraba dentro de los tiempos legales para dictaminar.
Ante la negativa del TEE, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el pasado 5 de abril emitió su resolución en la que exhibió la “omisión” del
Congreso de Guerrero al dilatar la solicitud de Leyva Mena.
“Ahí no puede caber duda, la sentencia es muy clara en el sentido de que se ha violentado un derecho, el derecho humano a ser votado. Un pueblo votó por una persona en particular y esta persona, de acuerdo con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también por parte de organismos internacionales, de jurisprudencia también, señalan que debe existir el derecho humano en el sentido del ejercicio del cargo. Lo que pasó con la omisión del Congreso fue violentar ese derecho. El Tribunal Federal fue muy claro en que no es potestad del Legislativo el reconocimiento de esa situación de votar o no votar, de permitir o no permitir la reinstalación”, argumenta el priísta.
Leyva Mena, quien ya fue diputado, también señala que el trámite legislativo para la reinstalación de un servidor público no requiere un dictamen, ni turnarse a comisiones, ni mucho menos ser votado por el Pleno.
Únicamente, dice, debe notificarse a la mesa directiva para que esta, a su vez, notifique al alcalde sustituto Jesús Tejeda Vargas.
– ¿Qué ocurriría si el martes el Congreso no te reinstala en el cargo?
– Si el Congreso no hace la sentencia que manda el Tribunal, caerá en desacato. Eso tiene la consecuencia de no permanecer en el cargo y también la privación de la libertad de los diputados que participen. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver con la coalición de servidores públicos para no dejar que otro servidor público ejerza su cargo y esa también es una sanción de carácter penal, advierte.
El alcalde con licencia reflexiona sobre las implicaciones que tendría el desacato de los diputados en la vida política de la entidad.
“No puede obedecerse solamente una línea de carácter político como lo dijo el presidente de mi partido, el señor Heriberto Huicochea, que la razón política está arriba de la razón jurídica. En un Estado de Derecho tiene que prevalecer siempre la ley y en una democracia siempre el funcionario, el servidor público, tiene la limitación de que su conducta se ciña a la ley”, asegura Leyva Mena.
Por ello, el alcalde con licencia hace un llamado a los nuevos legisladores suplentes a que se documenten y se asesoren correctamente sobre la sentencia del TEPJF, pues advierte que lo declarado por el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso, Benjamín Gallegos Segura, podría meterlos en un problema penal.
De acuerdo con Gallegos Segura, la sentencia únicamente obliga al Legislativo a responder a la solicitud de reincorporación de Marco Leyva, más no a su reinstalación.
– Estamos a pocos meses de que termine este periodo constitucional, ¿tiene sentido regresar a la alcaldía o cuál es el propósito de insistir?
-Mira, yo te voy a comentar varias razones. La primera razón, sin lugar a dudas, es por dignidad, porque yo creo que cuando te hacen tres tipos de presunciones, delictivas todas ellas, uno debe responder con mucha dignidad, repsonde.
Las tres acusaciones a las que se refiera Leyva Mena son su presunta inacción para atender la problemática de la basura, su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de dos jóvenes a manos de la Policía Preventiva y el supuesto desfalco financiero del ayuntamiento.
En el tema de la basura, él afirma que hizo todo lo que estaba en su poder, como la construcción de la celda emergente de Matlalapa, la compra de un predio en Zumpango, la operación con el alcalde de Eduardo Neri, su comparecencia en el Congreso local para informar sobre el tema y pedir apoyo y sus reuniones con el gobernador Héctor Astudillo Flores y los alcaldes de Tixtla y Eduardo Neri.
También niega que se haya quedado con los recursos para el saneamiento del basurero de El Platanal, como se le acusó.
“He dicho y comprobado con documentación bancaria que ese dinero fue depositado de manera directa a la empresa”, afirma Leyva Mena.
Respecto a la presunta desaparición forzada y ejecución extrajudicial de dos jóvenes a manos de la Policía Preventiva, también aclara que él no tiene responsabilidad, porque cuando ocurrieron los hechos ya estaba en funciones el alcalde suplente Jesús Tejeda Vargas.
“¿Cómo voy a ser parte de esa situación si no estaba en la cadena de mando? Yo había salido en octubre y en el mes de diciembre ocurrieron los hechos. Creo que hay mucho todavía que investigar y creo que la sociedad de Chilpancingo merece una explicación sobre ese tema”, señala.
Destaca que en lo que a él competía, logró la certificación del 100 por ciento de los elementos policiacos. Los 24 uniformados que no aprobaron los exámenes de control y confianza fueron despedidos y liquidados conforme a derecho.
La tercera acusación que pesa en su contra es el supuesto quebranto financiero del ayuntamiento.
“No pueden decir que hay un quebranto financiero cuando ni siquiera hemos hecho una entrega-recepción, ni siquiera hemos entregado la cuenta pública. ¿Cómo pueden aseverar ese tipo de cosas cuando la autoridad responsable ni siquiera te comenta este tipo de situaciones?”, cuestiona Leyva Mena.
Incluso advierte que la sustracción y manipulación de información están catalogados como carácter penal. (Continuará…)