* Dieciséis familias que viven en esa comunidad de Zitlala, que cuentan con el resguardo de 7 policías estatales, temen ser víctimas de nuevas agresiones por parte de comunitarios de Tlaltempanapa
CARLOS NAVARRETE
QUETZALCOATLÁN, Zitlala.— Don Salomón vive con una bala incrustada en la cabeza. El día que lo intentaron matar, 12 de julio de 2017, recibió tres disparos, uno de estos le perforó el cráneo, pero no le generó secuelas motoras y sólo perdió la vista de su ojo derecho.
Afirma que los responsables de la agresión son de Tlaltempanapa, una comunidad que se encuentra a dos horas, a pie, de Quetzalcoatlán, donde él vive. Ambos pueblos pertenecen al municipio de Zitlala, ubicado en la región Centro de la entidad, donde dos grupos de la delincuencia, ‘Los Jefes’ y ‘Los Ardillos’, se disputan el control del trasiego de drogas.
Un año antes, el 6 de enero de 2016, civiles armados irrumpieron en Quetzalcoatlán y dispararon contra varias viviendas. Durante la agresión fueron asesinados seis hombres, todos habitantes de esa comunidad. Los pobladores afirman que quienes los mataron son de Tlaltempanapa. Desde entonces en Quetzalcoatlán viven con miedo de que ese escenario se repita.
La agresión que sufrieron obligó a las 62 familias que vivían ahí, unas 300 personas, a abandonar el pueblo para refugiarse en la cabecera municipal. A dos años del ataque, sólo 16 familias, 62 personas, son quienes habitan este pueblo.
Gracias al acompañamiento del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), de Chilapa, quienes viven en Quetzalcoatlán gozan de medidas cautelares, aunque muy limitadas. En el pueblo hay presencia permanente de policías estatales, quienes tienen la tarea de evitar una nueva irrupción.
El pasado 24 de marzo, 12 habitantes de la comunidad se trasladaron en una camioneta del Ayuntamiento a Zitlala para vacunar a sus hijos. Cuando regresaban fueron detenidos en Tlaltempanapa, paso obligado para llegar a Quetzalcoatlán. Ahí, un grupo de civiles armados que se autodenomina Policía Comunitaria bajó a una de las mujeres que viajaba en el vehículo para darle un mensaje: deberían correr a los policías que resguardan su comunidad, de lo contrario ellos se encargarían de hacerlo.
Pese a la amenaza, los pobladores de Quetzalcoatlán decidieron permanecer en la comunidad, e informaron al gobierno del estado del riesgo de un nuevo ataque. Las autoridades se limitaron a incrementar la presencia policiaca. De cuatro elementos que resguardaban el pueblo, ahora lo hacen siete.
La exigencia de las familias es que se envíe a más policías, pues no minimizan la posibilidad de que los habitantes de Tlaltempanapa cumplan su palabra. También piden que la camioneta del Ayuntamiento, que se encarga de llevar a las familias de Quetzalcoatlán a la cabecera, cambie de ruta, y evite la zona en la que se encuentran los civiles armados que los amenazaron.
El gobierno municipal ha planteado a las 16 familias que permanecen en el pueblo, una reubicación. La autoridad se compromete a comprar un terreno en otra zona a fin de eliminar por completo los riesgos, pero los habitantes de Quetzalcoatlán se niegan a abandonar sus viviendas y sus tierras.
La historia de don Salomón
El 12 de julio del año pasado, Salomón Lara Tlatempa se trasladó a Zitlala junto a su compadre Benigno Marabé Tlatempa, para recibir el pago correspondiente al Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). Cuando esperaban a una patrulla que los recogería para llevarlos de nuevo a Quetzalcoatlán, un joven los abordó. Éste les preguntó de dónde eran originarios, y tras informar que venían de Quetzalcoatlán, les disparó a quemarropa.
Benigno murió casi de inmediato luego de recibir dos disparos. A Salomón lo impactaron tres: uno en la cabeza, otro en el brazo derecho y uno más en el tórax. Tras la agresión, perdió la vista en su ojo derecho y gran parte de la movilidad una de sus manos. La bala que le incrustó en la cabeza no pudo ser retirada por los médicos que lo atendieron debido al riesgo de dañar su sistema nervioso. Por esa razón, decidieron que permanezca ahí.
Salomón afirma que el joven que les disparó es de Tlaltempanapa, y el motivo del ataque fue el solo hecho de ser originarios de Quetzalcoatlán. Desde entonces, cada que don Salomón necesita salir del pueblo para recibir atención médica, comprar productos de primera necesidad o recibir el apoyo de programas sociales, debe ser resguardado por policías del estado.
Él es el único habitante de la comunidad que es resguardado de manera personal. El resto debe moverse sin la protección de la corporación policiaca.
Sin servicios
Pese a que el gobierno del estado y el municipal se comprometieron a instalar un sistema de abastecimiento de agua para la comunidad, esto no ha ocurrido. Tampoco reciben las despensas que se les prometió de manera mensual. En su escuela primaria sólo toman clases cinco niños. El resto de los que vivían ahí ya no regresaron al pueblo, y en consecuencia la matrícula disminuyó.
El jardín de niños cerró de manera definitiva, pues no queda nadie para ser inscrito en el plantel. Los únicos ingresos que las familias obtienen son de la venta de cinta de palma. Cada rollo, de aproximadamente 20 metros, cuesta ocho pesos. Quienes tienen más experiencia pueden elaborar tres rollos al día, lo que significa un ingreso diario de apenas 24 pesos.
Una vez por semana, un hombre visita el pueblo para comprar las cintas que todas las familias elaboran en la comunidad, misma que son utilizadas para elaborar artesanías. De no ser por ello, nadie en el pueblo podría comprar productos indispensables para su alimentación o uso personal.