* Las integrantes de esa corte ciudadana consideraron que a pesar de que Guerrero registra alto índice de homicidios de mujeres, no se reconoce “que se vive en un contexto de alta criminalidad” contra ellas
Jesús Saavedra
Las integrantes del Tribunal por los Derechos de las Mujeres lamentaron que a pesar de que Guerrero es una de las entidades con un alto índice de homicidios de mujeres, hace falta “tipificar e implementar el tipo penal” de lo que se considera feminicidio, lo que denota “que las autoridades no quieren reconocer que se vive en un contexto de alta criminalidad hacia las mujeres”.
Este martes sesionó dicho Tribunal que se trata de un ejercicio que promovió por primera ocasión el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y que tuvo como “jueces civiles” a tres abogadas y activistas por los derechos de las mujeres.
Las integrantes de ese Tribunal escucharon cuatro testimonios de mujeres indígenas de la Montaña que han sufrido de violencia obstétrica, violencia oficial, violencia intrafamiliar e incluso un feminicidio, en el marco de este panel de justicia llamado “Los Rostros Luminosos de la Justicia”.
Como “juezas civiles” de ese Tribunal participaron la periodista y activista argentina, Marta Dillon Taboada; la abogada y activista en México, Regina Tamés Noriega, y Ana Yeli Pérez Garrido, abogada y feminista también de nuestro país.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó en la inauguración que en Guerrero se vive “en un mundo al revés, donde los hombres con poder arremeten cobardemente contra las mujeres que son víctimas de la violencia, hacen escarnio de sus asesinatos, las califican y catalogan como comparsas del crimen organizado”.
Barrera Hernández consideró que las Fiscalías para atender a las mujeres, “parecen estar creadas para revictimizarlas, no hay personal especializado para dar atención adecuada, los servicios periciales están ausentes donde se concentra la violencia contra las mujeres, los hombres del poder se niegan a aceptar esa violencia feminicida, no toleran que se les señale como cómplices de este pantano de la muerte”.
Añadió que el informe sobre feminicidios en México que elaboró la Organización de Naciones Unidas con el gobierno federal, “nos ubica en la línea del tiempo para mostrar una grave realidad, en los últimos 33 años ha habido 52 mil muertes de mujeres que se presume fueron feminicidios; de esa cifra 15 mil se consumaron en los últimos seis años”.
Luego recordó que Guerrero ocupó el primer lugar en asesinatos de mujeres en 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 y 2017, y en “municipios como Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Zihuatanejo es donde se concentra el mayor número de casos”.
Señaló que los primeros dos meses de este año hay 11 mujeres desaparecidas; 28 asesinatos de mujeres en enero y 27 crímenes en febrero de acuerdo con datos periodísticos; “la violencia tiene rostro en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Chilapa, pero las autoridades no tienen datos confiables, no hay voluntad política para atender demandas de las mujeres que han levantado la voz a costa de su propia seguridad a pesar del grave problema de feminicidios en Guerrero”, agregó.
En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto López Celis, aseguró que la sesión de este Tribunal “es un buen ejercicio para visibilizar problemáticas en materia de impartición de justicia en las que se ven inmersas las mujeres indígenas, compartimos su preocupación por mejorar el acceso a la justicia y se trabaja en el mejoramiento de sus procesos, estamos conscientes del rol de nuestros jueces en materia de perspectiva de género; cumplir cabalmente con este designio es uno de nuestros retos y principales compromisos”.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, dio a conocer los casos de cuatro mujeres indígenas de la Montaña que han sufrido de violencia y que expusieron ante las jueces civiles.
El primer caso fue el de Juana Ramírez Marcos, indígena de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, quien es jornalera agrícola en campos de cultivo del norte del país y de acuerdo con su testimonio sufrió durante 20 años violencia intrafamiliar.
Explicaron que Ramírez Marcos viajó hace diez años a trabajar en la temporada de pizca junto con sus tres hijos para tener dinero y sostener su tienda en su poblado, pero que al regreso ya estaba su ahora ex esposo con otra nueva pareja y la sacaron de manera violenta de su vivienda.
Por si fuera poco, la indígena fue denunciada penalmente y sufrió además una violación sexual de parte de su ex pareja; su denuncia no fue aceptada por la juez, María Celia Fernández, pero la denuncia en su contra sí prosperó y estuvo a punto de ir a dar a la cárcel.
Juana Ramírez dijo que le han hecho “mucho daño, tenía una casa y vivía bien con mi pareja, pero Ambrosio me dijo que él tenía derecho de tener dos mujeres y que quien era dueño de la casa era él, fui violada y él está libre; lo único que pido es justicia, que nos escuchen, tengo temor que me pase algo, por eso les pido a las mujeres que no sufran y que denuncien los casos”.
Otro caso es el de Elvia Méndez Castillo, vecina de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, quien también vivió una situación similar con su pareja que la dejó con una hija y la acusó de haber intentado asesinarlo, por lo que esta mujer enfrenta un proceso penal desde hace cuatro años que la obliga a viajar hasta Tlapa de manera constante para atender la denuncia en su contra. Se informó que el caso lo lleva la misma juez Celia Fernández.
En la sesión también se dio a conocer el caso de Verónica Bautista Flores, de 17 años de edad, vecina de La Victoria, municipio de Xalpatláhuac, a quien por una negligencia médica en el Hospital del Niño y la Madre cuando dio a luz a su hija, por la impericia de las parteras que la atendieron, le arrancaron la placenta con todo y útero.
Finalmente expusieron el caso de Florencia Sánchez Joaquín, víctima de feminicidio, quien vivía en Loma Tuza, municipio de Acatepec, y fue asesinada a golpes con un martillo en la cabeza, porque le exigió a su ex pareja una pensión para sostener a sus hijos.
En la sesión, los familiares de Florencia denunciaron que hasta la fecha siguen recibiendo amenazas en su contra por exigir justicia y se castigue al responsable de este homicidio.
Al final, las panelistas coincidieron en que debe haber “una reflexión seria y profunda para construir un país donde no haya una violencia feminicida”, además que “las sentencias que se emitan por esos casos deben de ir más allá para evitar que esos delitos sucedan y lastimen a la sociedad”.