Optimizar el uso de los recursos públicos en seguridad pública, plantea Astudillo.— Perseguir de oficio y aumentar penas por abuso sexual contra menores, piden diputados.— AMLO proclama honestidad pero él y otros mantienen muchos datos ocultos
Enrique Vargas
Ante el repunte de la violencia que se ha dado en el estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la que se planteó la necesidad de utilizar de la mejor manera posible los recursos públicos disponibles en el estado, para alcanzar resultados positivos en ese esfuerzo por contener y disminuir la delincuencia.
Esa representación pública está integrada, como se conoce, por las instancias estatales como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y los municipios que registran la mayor parte de los problemas, con la participación permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la PGR.
Los municipios que estuvieron representados en esta nueva sesión pública fueron Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Zihuatanejo y Coyuca de Benítez, que son los que acumulan la mayor parte de la violencia entre las bandas delincuenciales, que dejan una cantidad importante de ejecuciones diarias.
Se analizaron las acciones que se desarrollan y la forma en que pueden lograrse mejores resultados, aunque debe hacerse notar que lo más importante es que la violencia se desarrolla especialmente entre los integrantes de las bandas delincuenciales por el enfrentamiento que mantienen permanente por el control de las zonas productoras de amapola, principalmente.
Sin embargo a pesar de las ejecuciones diarias, se advierte que se ha logrado contener esa violencia, porque no crece ni se mantiene en las mismas cifras, sino que ha disminuido, aunque sea en un porcentaje bajo, pero que indica que los homicidios no crecen, sino muestran clara contención y tendencia la baja.
Lo destacado de estos esfuerzos es que se mantiene una alerta permanente, pues no hay descuido en el esfuerzo por lograr mejores niveles de seguridad.
Sin embargo como menciona el gobernador Astudillo, Guerrero ha sido catalogado como un estado de violencia, de modo que los hechos de ese tipo que se registran alcanzan una marcada difusión mediática, lo que no ocurre con otras entidades, donde no hay contención de la violencia como aquí, sino que tienen índices de cerca del 200 por ciento de aumento de la criminalidad y sin embargo, no reciben la misma atención mediática como ocurre con lo sucedido en la entidad.
PERSEGUIR DE OFICIO Y AUMENTAR PENAS POR ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES, PIDEN DIPUTADOS.— Diputados del Congreso de Guerrero, en especial los integrantes de la Comisión de Justicia, plantearon la necesidad de adicionar el Código Penal del Estado para que el abuso sexual que se cometa contra menores de edad se persiga de oficio, además de aumentar la penalidad que se aplique a quienes cometan ese delito.
Hasta ahora se ha visto que esa situación no está bajo control, porque la mayor parte de esos excesos que vulneran la formación del menor se dan dentro de las familias, lo que hace que muchas veces se evite presentar las denuncias correspondientes, para evitar una mayor confrontación al interior del grupo familiar.
La propuesta es que de conocerse que sucedió un abuso, la autoridad pueda actuar contra el agresor, aún sin contar con una denuncia por parte de algún integrante de la familia, como sucede con la mayoría de los delitos graves.
En la actualidad el Código Penal sólo establece penas de 4 a 8 años de prisión por el delito de violación a menores de edad y de 5 a 500 días de multa.
Con la propuesta presentada no sólo se busca que esos casos se persigan de oficio y que el Ministerio Público estará obligado a investigar y castigar al culpable de un hecho de esa naturaleza.
Las denuncias señalan que entre el 65 y el 85 por ciento de las agresiones provienen de un integrante de la familia o el círculo social de la víctima.
Por eso es necesario que tales hechos puedan ser resueltos por el MP sin contar con la anuencia o la denuncia familiar, porque de esa manera podrían sancionarse y castigarse un mayor número de casos, que ahora quedan en la impunidad.
AMLO PROCLAMA HONESTIDAD PERO ÉL Y OTROS MANTIENEN MUCHOS DATOS OCULTOS.— En su desesperación y ansiedad por ganar la elección presidencial, que ya perdió en las dos ocasiones anteriores, el dueño del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, se ha dedicado a recoger del camino a mucha gente que ya estaba marginada por haber incurrido en hechos penados por la ley por incurrir en corrupción o abuso de los espacios que ocuparon en una determinada etapa y lugar.
Existen cuestiones que nunca fueron dilucidadas, tanto por el propio candidato como por los que ahora tiene como sus principales colaboradores y operadores.
En el caso de AMLO, construyó los segundos pisos de varias vialidades, que son obras de una magnitud destacada y que por lo mismo representaron inversiones de varios cientos o hasta miles de millones de pesos salidos de las arcas del entonces gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, El Peje nunca informó, como debe hacerse y se ha hecho con ese tipo de obras, cuál fue el costo que alcanzaron y en qué porcentajes se usaron para las diversas etapas de la construcción. Esa fue, seguramente, la obra de mayor costo que ejecutó el entonces gobernante del anterior Distrito Federal.
Sin embargo, ordenó que toda esa información “se reservara” durante unos 20 años, es decir que en ese tiempo nadie puede consultarla ni revisarla, ni analizarla, ni hacer cálculos de si fue un gasto excesivo y si hubo utilidades excesivas para los constructores o si se pagaron “moches” al gobierno que ordenó su construcción.
Es más que obvio que ocultar información de ese tipo es porque ahí hay cosas irregulares, tan poco claras que si se dieran a conocer en estos momentos representarían un daño de grandes dimensiones para el candidato que quiere presentarse como la imagen misma de la honestidad.
Los mismos seguidores de AMLO deberían reclamarle que informe y también varios de sus colaboradores que tienen su propios casos mañosos ocultos, antes de seguir con una campaña de engaños, de falsa moral, de secretos de finanzas que se mantienen escondidos, por alguna razón.
¿No sería lo correcto?
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