* Diputados de ese partido demandaron a Semaren y Propeg aplicar sanciones al Ayuntamiento de Acapulco por seguir permitiendo las calandrias tiradas por caballos
Carlos Navarrete
La fracción parlamentaria del PVEM en el Congreso de Guerrero exigió que se sancione al gobierno de Acapulco por no hacer efectiva la Ley de Protección Animal y permitir la circulación de calandrias tiradas por caballos en las principales avenidas del puerto.
En conferencia de prensa los diputados Rossana Agraz Ulloa, Eduardo Cueva Ruiz y Carmen Ileana Castillo Ávila, celebraron que la Delegación de Transportes del Gobierno del Estado en Acapulco anunció que no renovarán 56 concesiones para la operación de calandrias.
En voz de la diputada Rossana Agraz, el grupo parlamentario del PVEM lamentó que a pesar de que en reiteradas ocasiones la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) y la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg) han solicitado al Ayuntamiento de Acapulco informar respecto a lo que se ha hecho para prohibir la circulación de las calandrias tiradas por caballos, como lo establece la Ley de Protección Animal, la autoridad no haya atendido esa petición.
“Lamentamos la evasivas del ayuntamiento de Acapulco para asumir su responsabilidad y aplicar la parte que le corresponde de la Ley. Pensamos que si no se tiene la capacidad o voluntad de hacer prevalecer el Estado de Derecho en los temas menos complejos, no se podrá hacer en los temas más complicados que azotan a la sociedad”, señalaron.
En un principio, Rossana Agraz afirmó que el grupo parlamentario del PVEM estudiaba la posibilidad de interponer un recurso legal en contra del gobierno que encabeza el perredista Evodio Velázquez Aguirre, pero después Eduardo Cueva reculó y dijo que no está en las facultades de los legisladores promover procedimientos legales en contra de la autoridad municipal, sino que es facultad tanto de la Semaren como de la PROPEG aplicar las sanciones correspondientes.
Agraz Ulloa, quien preside la Comisión de Recursos Naturales, recordó que la Ley de Protección Animal tiene más de dos años de haberse aprobado, tiempo que consideró suficiente para que los ayuntamientos emprendieran acciones para retirar de las calles las calandrias.
Incluso dijo que en ese tiempo las autoridades pudieron haber ofrecido otras alternativas a las familias que dependen directamente de esa actividad para que no se queden sin trabajo ni ingresos, e insistió en que mientras no exista voluntad del gobierno acapulqueño difícilmente se podrá superar ese tema.
“La Ley de Bienestar Animal es una ley vigente que es técnica, jurídica y socialmente aplicable, no sólo es una norma legalmente establecida, sino una norma legítima, apoyada por la mayoría de la sociedad guerrerense. La Ley fue impulsada por el Partido Verde y aprobada por unanimidad del Congreso del Estado con base en la demanda social ciudadana para prevenir y acabar con el maltrato animal”, señaló.
Como ejemplo refirió al gobierno municipal de Zihuatanejo, que es gobernado por el también perredista Gustavo García Bello, el cual no permite la proliferación de las calandrias tiradas por caballos en ese destino turístico.
Los diputados del PVEM advirtieron que se podrían aplicar sanciones administrativas y económicas en contra del gobierno de Acapulco si éste no hace efectiva la Ley de Bienestar Animal, por lo que llamó a la Semaren y a la Propeg a ejercer sus facultades en este caso.