* El presidente dijo estar consciente de ese ordenamiento “es especialmente sensible para la vida pública del país”, y trasladó a la SCJN la responsabilidad de definir si es constitucional o no
* Opositores a la LSI señalaron que con la decisión del mandatario se “ha cerrado un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil”
CIUDAD DE MÉXICO.— La Ley de Seguridad Interior fue publicada esta tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que ahora sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida si es o no constitucional.
Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró estar “consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.
Ante gobernadores y funcionarios del gabinete de seguridad, el mandatario dijo que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.
Preciso que “la ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”.
Peña Nieto decidió promulgar la Ley de Seguridad Interior a pesar de las críticas por parte de organizaciones civiles, activistas, ciudadanos y políticos de oposición que afirman que su contenido es inconstitucional, y que han advertido que permitirán que las fuerzas armadas incurran en más violaciones a los derechos humanos de los mexicanos.
Después del anuncio hecho por el presidente, la iniciativa ciudadana #SeguridadSinGuerra señaló que con la decisión del mandatario se “ha cerrado un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil, desdeñando el diálogo que él mismo solicitó”.
Conformado por más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 personas, el colectivo alertó a la sociedad que al incumplir la promesa de no emitir, por ahora, declaratoria alguna, “es una simulación más en este penoso proceso”.
“Como ha sido advertido por diversos organismos nacionales e internacionales y centenas de organizaciones de la sociedad civil, el proyecto de Ley está revestido de elementos de opacidad que permiten el uso discrecional y permanente de las fuerzas armadas para realizar acciones que pueden lesionar derechos humanos sin necesidad de declaratoria alguna”, recordó el colectivo.
El Artículo 26 de la Ley de Seguridad indica que “las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías Generales de Comunicación e Instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos”.
#Seguridad SinGuerra señaló que si el Presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la Ley, “lo responsable sería hacer las observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución, y no promulgar una ley peligrosa y que considera de dudosa constitucionalidad”.
“Reiteramos, con más claridad y contundencia que nunca, que buscaremos apoyar e impulsar todas las acciones legales encaminadas a revertir este golpe de un Gobierno, su partido y sus aliados que cada día se alejan más de la construcción de un modelo de seguridad ciudadana, que resuelva los problemas de fondo y detenga el horror de 11 años de guerra”.
Finalmente, calificó este día como uno “muy triste para la Nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”.
La expanista y aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, cuyo esposo es responsable de que las fuerzas armadas estén en las calles haciendo labores de seguridad y combate a grupos del narcotráfico, dijo que “si la Corte debe revisar la Ley de Seguridad Interior, debería él mismo (el presidente) hacer las observaciones (veto). El artículo 72 constitucional le da esa facultad”, escribió en su cuenta de Twitter.
El activista Emlio Álvarez Icaza, presidente de la organización Ahora, expresó que con este decreto, el lugar de Peña Nieto en la historia del país está “del lado de la vergüenza e ignominia. No sólo por la escandalosa corrupción, sino por la violencia y baño de sangre”.
En tanto, la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) lamentó que el presidente Peña Nieto cumpliera con su amenaza e hiciera “realidad el sueño de diputados y senadores”.
“Les reiteramos, señores gobernantes, que la militarización no es la solución. Necesitamos seguridad sin guerra”.
Desde que el pasado viernes el Senado de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior, ciudadanos y activistas han salido a las calles para exigirle al presidente que vete la legislación, propuesta por él mismo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunos grupos que desde el exterior del país le han alertado a Peña Nieto y al Congreso que la Ley de Seguridad garantizará más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
Este día, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se hizo presente en la Sesión de Seguridad Nacional, celebrada en Palacio Nacional, y entregó a Peña Nieto una carta en la que le pide escuchar a la sociedad y vetar la Ley de Seguridad Interior.
“Se está optando por un modelo ajeno a la seguridad ciudadana al tratar de implementar la Ley de Seguridad Interior en lugar de fortalecer a las instituciones policiales”, dice el documento.
“No se trata de responsabilidades que deban ser cumplimentadas por voluntad, sino por deber para garantizar el desarrollo y crecimiento del país.
“Este preocupante estadio del contexto nacional está determinado por el incremento de diversos delitos de alto impacto a niveles históricos; por los claros atentados contra la libertad de expresión […] por la persistencia de la incidencia y falta de acceso a la justicia en materia de desapariciones forzadas e involuntarias”, resalta el escrito.