Jesús Saavedra

 

Unos mil profesores que trabajan en comunidades ubicadas en el Chilpancingo-Chilapa, demandaron a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), que no se les inicien sanciones administrativas por no cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones laborales, ante la falta de servicio público de transporte para llegar a sus centros de trabajo.

Desde hace tres semanas ese servicio se suspendió ante la ola de violencia que hay en Chilapa y por los constantes asesinatos de conductores de las urvans que prestan el servicio.

Hasta esta semana se reinició de manera preventiva y los choferes empiezan a circular por esta carretera federal hasta después de las 08:00 y hasta las 18:00 horas, lo que afecta a quienes se trasladan a sus labores cotidianas en la zona, entre ellos los profesores.

Este fin de semana, maestros que laboran en escuelas públicas pidieron a la SEG que tenga en consideración ese problema para evitar que se ordenen descuentos u otras medidas administrativas por lo retardos o las inasistencias a sus labores.

“Somos unos mil profesores los que estamos siendo afectados de manera directa por este problema de la inseguridad y de la decisión de haberse suspendido este servicio público”, explica Tomás García Ventura.

El profesor señala que han pedido a sus directores y supervisores que trabajen de manera coordinada y se eviten los descuentos o procedimientos administrativos en su contra.

Dijo que el servicio se reanudó el lunes pasado, “de manera limitada porque no hay urvans hasta las 8 de la mañana y a esa hora apenas vamos saliendo para nuestros centros de trabajo”, explicó.

Añadió que a pesar de que en la semana se instalaron tres bases de seguridad en esta carretera a Chilapa, aún existe temor entre los choferes y los usuarios de ese servicio de que puedan ser víctimas de un ataque a balazos por parte de los grupos del crimen organizado que operan en la zona.