* Ayer participaron en su última sesión como miembros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Marisela Reyes, Leticia Martínez, René Vargas y Felipe Sánchez, en medio de cuestionamientos y críticas
Fernando Hernández
Entre cuestionamientos y críticas por una investigación que hace el Instituto Nacional Electoral por actos de nepotismo y por sus onerosos salarios, cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), incluida la presidenta Marisela Reyes Reyes, se despidieron este miércoles de sus cargos.
Los consejeros cuyo periodo en el cargo concluyó son Leticia Martínez, René Vargas Pineda y Felipe Arturo Sánchez Miranda, mientras que la presidenta presentó su renuncia ante el Consejo General del INE, luego de que se conoció que la Unidad Técnica de lo Contencioso del organismo nacional mantiene una investigación en su contra porque promovió a un familiar a un puesto directivo en el instituto.
Al encabezar su última sesión al frente del IEPC, Reyes Reyes recordó que las protestas sociales que se registraron tras los hechos de violencia ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, que derivaron en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pusieron a prueba el sistema electoral y su efectividad en el estado.
Además, recordó que la Auditoría General del Estado (AGE) realizó en los últimos tres años cinco procesos de fiscalización que desde hace 10 años no se realizaban, pero no tocó el tema de la observación que les hizo el órgano fiscalizar debido a los elevados sueldos que devengaban hasta julio pasado.
Por su parte, la consejera Leticia Martínez reconoció que durante el periodo en el que fungió como consejera “hemos ido de más a menos”, porque la expectativa era enorme y de manera general las instituciones electorales tienen alrededor del 34 por ciento de aceptación.
“Tanto los partidos como nuestras instituciones se encuentran” en estos niveles, “llegamos en medio de un clima de crispación” social en Guerrero, porque el movimiento social derivado de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “puso en jaque e proceso electoral” de 2015.
Recordó que a pesar de se esperaba una eventual anulación de las elecciones debido a los conflictos, los comicios se sacaron delante, salvo el caso de la elección de Ayuntamiento de Tixtla, que se tuvo que ir a un proceso extraordinario.
El consejero Felipe Arturo Sánchez Miranda indicó que desde el instituto coadyuvó al desarrollo de elecciones democráticas y a que se recuperará la gobernabilidad en el estado de Guerrero, a pesar de que el proceso electoral de 2015 se desarrolló en medio de un ambiente “violento y tenso”.
Finalmente, el consejero René Vargas recordó que a tres años de los hechos de violencia que se registraron en Iguala, “la justicia aún no ha llegado” para los familiares de los normalistas desaparecidos.
“Este hecho en ninguna parte del mundo o ninguna democracia es admisible; ningún régimen que se considere democrático puede admitir este tipo de hechos”, aseguró.
Señaló que la convulsión social derivada de esos hechos, “fue lo que tuvimos de bienvenida cuando” asumieron sus funciones, apenas unos días después de lo ocurrido en Iguala.
“En condiciones complicadísimas avanzamos las tareas del proceso electoral, con muchos problemas como la quema de boletas y este Consejo pudo resolver, al menos en ese proceso electoral. Los guerrerenses tuvieron constituidos los poderes Ejecutivos, Legislativo, y 80 ayuntamientos”, expresó.