Alejandro Mendoza
Todas las personas tienen sus propios intereses, sus propias visiones de ver la vida y el mundo, sus prioridades, sus objetivos, sus sueños y sus anhelos. Y es entendible este escenario dentro de la propia naturaleza del ser humano.
Sin embargo, también es notable el alto grado de corrupción que se ha generado en las formas y los métodos para llevar a cabo tales acciones. El deterioro moral y ético es tan evidente que parece que a la gran mayoría ya no le importa más que su propio bienestar.
En el contexto de las tragedias que viven miles de familias afectadas por la pérdida de un familiar o ser querido o patrimonios y bienes materiales, a causa de los sismos y huracanes pasados, surgen héroes que realizan proezas humanitarias de solidaridad y ayuda, pero también aquellos que a pesar de las circunstancias lucran, abusan, y se aprovechan para satisfacer sus más profundos deseos inhumanos y diabólicos.
El caso del gobernador de Morelos, Graco Ramírez es la ignominia de la práctica política que tiene hundido al país en las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en el que está.
Mientras la ayuda fluye y los centros de acopio se amontonan de gente y víveres, aumentan las denuncias contra el gobierno de Graco Ramírez por bloquear o condicionar la distribución de la ayuda para personas afectadas por el sismo de 7.1 grados que se registró el martes 19.
Y por su parte, choferes de tráileres en los que se transportaban víveres para los damnificados en Morelos por el sismo denunciaron que fueron retenidos por elementos de tránsito municipal y por órdenes de Elena Cepeda, esposa del gobernador perredista Graco Ramírez, y titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para retenerlos a su voluntad.
Mientras se confirman legalmente estas denuncias, esto permite reflexionar sobre el origen de tales comportamientos de quienes ostentan cargos de gobierno o responsabilidad política y pública, y quienes deberían ser los primeros interesados en ayudar a las familias afectadas de manera solidaria y responsable.
Danilo Rolando, en su tratado Conductas Corruptas, expone que el uso común del término corrupción se asocia con delito, transgresión, perversión, política, violencia, pero una definición más precisa es la propuesta por la organización no gubernamental de lucha contra la corrupción Transparency International: “abuso del poder en beneficio privado”. Ella destaca que la corrupción es una patología social de quienes ejercen el poder político y de gobierno.
Se puede decir que todo ser humano está expuesto a la corrupción, dado que, al menos en forma inconsciente, anida como una tentación que responde al deseo narcisista de disponer de todo o de todos, para la satisfacción de sí mismo.
Frente a ello se levanta la ética creada por la cultura, que pretende defender los intereses generales de la sociedad frente al egoísmo individual. Pero esa ética puede entrar en colisión consigo misma, cuando pasa a defender los intereses particulares de determinados sectores de la sociedad.
Lo que antecede permite entender que la corrupción haya existido en todos los tiempos y lugares, en todos los sistemas socio-económico-culturales, aunque de modo más notorio en los períodos de crisis sociales y tragedias, en la víspera de tiempos electorales.
La corrupción es un fenómeno social que está presente, pero en tiempo de crisis por tragedias, sueles notarse con más intensidad por intereses, principalmente, de los gobernantes, políticos e instituciones, que se abstienen del respeto, no sólo del marco legal, sino de las mínimas normas de la moral y la ética.
En las sociedades que sufren la corrupción política y de gobierno, experimentan en todos los sectores sociales y los individuos un desinterés y pérdida de confianza al punto que dejan de esforzarse para obtener éxitos por medios institucionalizados, y derivan hacia procedimientos no convencionales ni legítimos.
Se producen así situaciones sociales en las que se exalta el individualismo narcisista a un nivel casi adaptativo: el interés personal, el afán de poder, el éxito material desmedido, en perjuicio de otros valores. La pertenencia al colectivo aparece definida más por el éxito personal que por la participación y la contribución a la sociedad de manera genuina y desinteresada.
Esto tiene implicaciones sobre la ética y la moral. Se tiende a pasar de una moral social regida por el bien común a una gobernada por el beneficio personal, que deriva fácilmente en corrupción. Esto puede observarse a todo nivel: en los dirigentes sociales, políticos, intelectuales y en el ciudadano común, impulsados por intereses, deseos de poder y ascenso social, que frecuentemente se deslizan hacia la corrupción, en todas sus formas conocidas.
Pasa a reinar la ley del “más vivo”, del “todo vale”, es decir un funcionamiento social perverso, transgresor. El gobierno mismo puede dejar de ser el representante de la ley, si permite o tolera la impunidad y la corrupción, es más llegar a ser principal promotor de ese mal. Y eso es lo que pasa en este momento en muchos lugares donde las familias enfrentan una terrible tragedia por los efectos de los sismos y huracanes.
Los errores fueron míos, los aciertos de Dios, sonría, sonría y sea feliz
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