* Guerrero ocupa el primer lugar nacional en migración interna y la Montaña con la Costa Chica son las regiones que más expulsan mano de obra jornalera
JESÚS SAAVEDRA
Ante la proximidad del inicio del éxodo de centenares de familias indígenas de la región de la Montaña hacia campos de cultivo agrícolas del norte del país, exigieron a las autoridades estatales y municipales que atiendan el grado de vulnerabilidad que viven en este peregrinar y no los dejen en el desamparo.
Este fin de semana, integrantes del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña expusieron ante autoridades de los tres niveles de gobierno las condiciones adversas frente a las que se encuentran en su salida a campos agrícolas del norte del país, en donde son contratados sin las mínimas garantías laborales.
Durante el encuentro con funcionarios de distintas dependencias, solicitaron atención emergente y seguimiento a una serie de demandas en el marco del inicio de la temporada fuerte de migración.
Este fin de semana se realizó la segunda reunión con la Comisión Intersecretarial de Atención y Apoyo a Jornaleros Migrantes y sus Familias, integrada por representantes de dependencias en su mayoría estatales, pero también del ámbito municipal y federal.
Durante el encuentro, miembros del Consejo expresaron el llamado urgente para que las autoridades generen un mecanismo de operación inmediata en casos de emergencia.
También expusieron que el pasado 6 de septiembre, la joven jornalera de 17 años Florida Guzmán Santiago, originaria de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, murió en el Hospital General de Zacatecas.
Indicaron que para la familia de esta joven indígena fue un viacrucis conseguir recursos para su traslado desde Zacatecas hasta su comunidad, “este caso representa un ejemplo del descuido, trato discriminatorio e indolencia por parte de las autoridades de la Comisión quienes no proporcionan respuestas eficaces e inmediatas a jornaleras y jornaleros indígenas de Guerrero en casos de indefensión”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Abel Barrera Hernández.
Sostuvo que la muerte de niños indígenas en campos agrícolas son lamentablemente los casos más comunes, y recordó que tan solo de julio de 2016 a este año, “‘Tlachinollan’ documentó nueve casos”, indicó.
Guerrero ocupa el primer lugar nacional en migración interna y la Montaña con la Costa Chica son las regiones que más expulsan mano de obra jornalera a 17 entidades del norte del país.
Para Barrera Hernández resulta relevante que, en un ejercicio “inédito” de diálogo directo entre las autoridades y jornaleros para desahogar puntos de una agenda específica y generar las condiciones para una interlocución, la Comisión cumpla cabalmente con los acuerdos pactados en las reuniones con jornaleros indígenas, quienes son una población tendiente a ser vulnerable y víctima de abusos.
Los integrantes de la Comisión intersecretarial a nombre de secretarías de estado como la de Asuntos Indígenas y Afromexicanos; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Migrantes y Asuntos Internacionales; Salud o el ayuntamiento de Tlapa, entre otras, se comprometieron a proporcionar un contacto inmediato en casos de emergencia, dotar de insumos al comedor de la Unidad de Servicios Integrales (USI), así como vigilancia, reparaciones y adecuaciones físicas al lugar, además de mediar con personas que ocupan de manera irregular el espacio de dormitorio para jornaleros en la USI.
También, el secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Gilberto Solano, acordó pronunciarse y actuar cuando elementos de las policías ministerial, estatal, municipal o tránsito, pretendan extorsionar y criminalizar a jornaleros que conducen vehículos con placas de otros estados.
Entre los ejes pendientes de discusión y atención está el de una agenda laboral que abarca desde los abusos de contratistas, mujeres jornaleras, contratos de trabajo, inspecciones, el seguro del Servicio Nacional de Empleo, generación de un programa estatal de atención a migrantes jornaleros, además de temas como la seguridad social en los estados receptores y educación.