Pide Marco Leyva que el obispo Rangel se ocupe del espíritu y deje la política.—A 8 años del asesinato se niega justicia a Chavarría: MOC.— Piden diputados revisar transportes turísticos privados
Enrique Vargas
En el tiempo que el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza tiene en el cargo, como supuesto guía espiritual de esta región, nunca o casi nunca se le ha escuchado tratar en público los asuntos espirituales de los feligreses, sino que sólo se enfoca a los temas políticos de la región Centro y del estado en general.
Lo mismo promueve el inaceptable diálogo con la delincuencia organizada, que se lanza contra el Ejército, al que exige regresar a sus cuarteles, o que critica al ayuntamiento capitalino, porque en su opinión no cumple con las funciones que le corresponden para hacer una mejor ciudad y municipio.
Por eso ha recibido numerosas críticas a las propuestas equivocadas que promueve, como en el caso del diálogo con delincuentes, pues el mismo ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), Emilio Álvarez Icaza, le hace ver que eso no es posible porque la ley y el gobierno no pueden establecer pactos o convenios con los delincuentes, porque eso representaría violar la ley.
El religioso tiene una tendencia muy marcada a actuar como clero político, situación que en México fue superada desde la época del presidente Benito Juárez y confirmada en la Constitución de 1917.
Sin embargo, su afán protagónico le gana y no hay semana que no aparezca en los medios de comunicación con planteamientos cada vez más absurdos y equivocados.
Por eso, también el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, le recordó la famosa definición de quien debe ser el jefe máximo del religioso, quien rechazó abordar los asuntos de política y de los bienes materiales, al plantear que “hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Y tiene razón, porque el hombre de la sotana debe hacerse cargo de las cuestiones religiosas y espirituales de su rebaño y dejar que los gobiernos se encarguen de resolver los problemas y necesidades que se plantean, como en el caso de la basura y el agua potable, que usó para atacar al primer edil, quien con claridad le hizo ver que esos no son problemas que hayan surgido en su administración, sino que se trata de rezagos históricos.
Lo que había de hacer el obispo Rangel es dejar el obispado en manos de quien entienda esa función y buscar una diputación o la alcaldía de Chilpancingo, para que resuelva las deficiencias que encuentra.
Pero claro que no es lo mismo actuar y resolver, que sólo “echar verbo”.
A 8 AÑOS DEL ASESINATO SE NIEGA JUSTICIA A CHAVARRÍA: MOC.—Está claro que no existe en el sector oficial la determinación de aclarar el asesinato de Armando Chavarría Barrera, quien fungía como titular del Poder Legislativo por lo que su caso fue catalogado como un magnicidio, que podría representar el motivo por el que se niega justicia al legislador sacrificado y a su familia.
Hasta ahora no se conoce con certeza ni a los autores materiales ni mucho menos al o los intelectuales que llevaron a esa ejecución ocurrida hace ya 8 años.
Ha sido básicamente la familia, encabezada por su viuda, Martha Obeso Cázares, y sus hijos, han mantenido la exigencia de que se aclare ese crimen, pero hasta ahora no se advierte que haya la intención de hacerlo y consignar a los responsables.
Por el contrario, los absurdos planteamientos y supuestas conclusiones que presentó el fiscal Xavier Olea, hacen pensar que lo que busca es afirmar que ya se hicieron las investigaciones necesarias y que esas con las conclusiones, por lo que no hay forma de seguir adelante con ese asunto.
Efectivamente, como dice la señora Obeso Cásares, se advierte una actitud que busca darle carpetazo al asesinato de Armando Chavarría y mandarlo al archivo, para no darle más vueltas.
Lamentable, sin duda, pero eso es lo que muestra la actitud del fallido fiscal guerrerense.
PIDEN DIPUTADOS REVISAR TRANSPORTES TURÍSTICOS PRIVADOS.—Para proteger a los paseantes que utilizan los servicios de agencias turísticas que les proporcionan diversos servicios, entre ellos el de transporte en vehículos particulares, la diputada Silvia Romero Suárez, pidió hacer un exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se realicen revisiones constantes a esas unidades, para proteger la seguridad de los pasajeros desde el momento en que abordan el autobús.
La propuesta debe ser aplicada, porque son frecuentes los accidentes de camiones viejos o en condiciones deficientes, que transportan grupos de visitantes que son llevados a los centros turísticos del país y del estado.
La mayoría de esas empresas que promueven el turismo social, son de bajo nivel financiero y material, lo que hace que las unidades que utilizan para los viajes a distintos lugares atractivos para la población, sean de modelos atrasados, que no siempre están en las mejores condiciones mecánicas, lo que hace que los accidentes fatales sean bastante frecuentes en esas condiciones.
Para proteger a los viajantes de clase popular, la SCT debe cumplir con esa revisión constante como propuso la legisladora del estado, Silvia Romero.
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