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miércoles, 5 octubre , 2022

El Congreso federal pide acelerar investigaciones sobre masacre en penal

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* En la sesión de ayer, la Comisión Permanente aprobó un exhorto dirigido al gobierno de Guerrero y a otras instancias federales, para que aclaren lo que ocurrió en el Cereso de Las Cruces

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Fernando Hernández

 

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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al gobierno de Guerrero que acelere las investigaciones relacionadas con la masacre ocurrida el pasado 6 de julio en el penal de Las Cruces, en Acapulco, donde fueron asesinados 28 presos.

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió al pleno que está al frente de los trabajos parlamentarios en este periodo de receso, un dictamen sobre “los acontecimientos del pasado 6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de las Cruces del municipio de Acapulco, Guerrero”.

En dicho dictamen, el Congreso de la Unión “exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Guerrero a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los acontecimientos suscitados el 6 de julio de 2017” en la cárcel de Las Cruces.

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Además, en el acuerdo de la Comisión Permanente se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad Pública que haga llegar a llegar al Congreso de la Unión un “informe relativo a las acciones que se han llevado a cabo para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios del territorio nacional”.

El exhorto contempla un llamado a los gobiernos de los estados y al gobierno federal para que implementen “acciones a fin de fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios a su cargo”.

El dictamen que fue remitido por la Primera Comisión fusionó una serie de iniciativas que previamente habían presentado legisladores en relación con la masacre ocurrida en el penal de Las Cruces.

El pasado 12 de junio, a la Primera Comisión llegó una iniciativa de la bancada panista en la que condenaban la matanza ocurrida en la cárcel de Acapulco.

En la sesión de la Comisión Permanente de ese mismo día los perredistas Jesús Zambrano Grijalva, jefe de la tribu de Los Chuchos, así como Francisco Martínez Neri, y las diputadas Maricela Contreras y Hortensia Aragón, solicitaron al gobierno federal que implemente acciones para “adecuar las estrategias para el mantenimiento del orden y la garantía de los derechos humanos en los penales”.

Otra diputada del PRD, María Cristina Teresa García Bravo, pidió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad implemente acciones a fin de contrarrestar el ambiente de autogobierno que impera en los penales del país y que ha sido señalado en informes de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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