Jesús Saavedra
TLAXMALAC. — La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República suspendió este lunes una diligencia en las inmediaciones de una cueva llamada El Saltito, en esta comunidad del municipio de Huitzuco, en donde hay una fosa clandestina en la cual fueron hallados los restos de una persona que fue asesinada de un balazo en la cabeza.
La diligencia se realizaría luego de una denuncia penal que hizo el dirigente en Guerrero de las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Desaparecidos, Mario Vergara Hernández, en una reunión que hubo en mayo con Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Vergara Hernández relató que en ese encuentro Sales Heredia les dijo en qué podía ayudarlos, por lo que le dijo el funcionario que la mejor manera de respaldar a las familias que tienen personas desaparecidas por manos criminales, era en no desistir en la búsqueda de fosas clandestinas y de la identificación de esos cadáveres o restos humanos que han sido encontrados.
Dijo que para ubicar las fosas clandestinas reciben denuncias anónimas, establecen contacto y tratan de verificar que sea cierta la información, y señaló que en el caso de la diligencia que se iba a realizar este lunes, los integrantes de estas brigadas ya habían visitado la cueva en tres ocasiones.
Mario Vergara indicó que dentro de la cueva encontraron una osamenta y un cráneo al que se le aprecia un tiro de gracia en la cabeza, además encontraron un fémur, un cúbito y otros restos que están enterrados en una fosa clandestina en ese lugar.
“Sólo así los encontramos a nuestros familiares, no como deseamos, con vida, pero al fin sabemos en dónde están sus restos cuando menos”, añadió.
Se quejó de que “hacemos que el trabajo que el Gobierno no hace, nosotros buscamos, hacemos la parte difícil, ellos sólo tienen que venir a levantar las diligencias y los cuerpos de nuestros familiares”.
Y es que para llegar a esa cueva ubicada en un macizo montañoso al fondo de este poblado, se necesitan de cuando menos tres horas a pie cuesta arriba, por lo que solicitó que la diligencia ministerial de la AIC se realizara desde primeras horas de la mañana.
Sin embargo, el grupo de ministerios públicos de la AIC, de la Policía Federal y del Ejército no llegó hasta pasadas las 10 de la mañana, y condicionaron que se realizará sin la presencia de ningún reportero, además que ya era tardía la hora para subir hasta la cueva.
Ante esta actitud, Mario Vergara decidió suspender la diligencia y reprochó a los agentes de la PGR su tardanza y su actitud tan frívola, y recordó que “hemos subido tres ocasiones y sin acompañamiento, ahora que era su obligación ministerial subir solo buscaron pretextos”.
El activista señaló que su trabajo es denunciar lo que está pasando en Guerrero y los miles de desaparecidos, “hacemos un trabajo para que nadie sufra, aquí siguen secuestrando a gentes, se sigue pagando por secuestros hasta 150 mil pesos y estamos en la indefensión”.
Indicó que desde hace tres años han localizado en fosas clandestinas 170 cuerpos enteros de personas y dos mil fragmentos de huesos que han sido rescatados en su labor, en Iguala, Huitzuco, Tepecuacuilco, Mezcala, Taxco, Quetzalapa y Teloloapan.
Señaló que desde el 2012, antes de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, esta zona “se puso fea y sigue estando fea, las autoridades no quieren hacer su trabajo y lo dejan a grupos como los que hemos organizado que han hecho el trabajo de las autoridades”.
Mario Vergara es una de las centenares de personas que han padecido la violencia criminal que ha dejado a miles de personas desaparecidas de manera forzada; su hermano Tomás, fue privado de su libertad el 5 de julio del 2012.
Luego de ese hecho sus captores se comunicaron con la familia para pedir rescate por la liberación de Tomás en los primeros días y luego se cortó toda comunicación, desde entonces no se sabe nada de él.
A cinco años de ese hecho, Mario considera que hace falta voluntad para esclarecer los centenares de casos de personas desaparecidas en esta zona Norte de la entidad.
“Tras mucha insistencia y después de tres años nos dijeron en PGR que había unas coordenadas del teléfono donde pedían el rescate de mi hermano y cuando fui a localizar esa referencia, era una antena de repetición de telefonía celular, y cuando reclamé me dijeron que en un radio de 260 metros debía estar el lugar donde llamaban, pero ya habían pasado tres años. Hay una indolencia oficial que lastima a las familias afectadas”, reprochó.