* El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura emitió una recomendación dirigida el gobierno del estado debido a que persisten situaciones apremiantes a atender para prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad en 5 prisiones en Guerrero
Fernando Hernández
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que atrajo el caso del expediente sobre los hechos violentos ocurridos en el Centro de Reinserción Social de Acapulco para investigar violaciones a los derechos humanos de los internos, mientras que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura emitió una recomendación dirigida al gobierno de Guerrero debido a que persisten situaciones apremiantes a atender para prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad en los cinco centros de internamiento del estado.
En la Recomendación M-02/2017, el MNPT pide al gobierno estatal que ponga especial énfasis en atender el autogobierno que prevalece en los cinco penales más grandes de la entidad.
La CNDH solicita al gobierno de Guerrero que realice de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de “personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina, el orden y la gobernabilidad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitenciaria ejerza sus funciones que legalmente le corresponden e imposibilite que los internos participen en ellas”.
Recomendó que la evaluación tenga como finalidad evitar que continúen los abusos “contra la población recluida, los cobros ilegales, y forzados, y la existencia de privilegios de cualquier naturaleza”.
Además se pide al gobierno que tome en cuenta “requerimientos de personal femenino para la custodia de mujeres privadas de la libertad”.
El organismo de la CNDH advirtió que el gobierno de Guerrero tendrá que informarles de manera bimestral sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
El MNPT también recomienda al gobierno del estado la construcción de un penal femenil y para ello “se deben de realizar de inmediato las gestiones pertinentes para la elaboración de un proyecto que permita evaluar los costos y el tiempo de construcción, e informar trimestralmente sobre el estado de los avances”.
La CNDH recomienda al Ejecutivo de Guerrero que en los penales se separen a los reos del fuero federal y del fuero común, y que proponga ante el juez de ejecución nombres de presos que puedan ser beneficiarios de la libertad anticipada. Esta recomendación en particular tendrá que ser atendida en un plazo de seis meses y se deberá de informar a la CNDH cada tres meses, de sus avances.
Penales de Guerrero: autogobierno
y condiciones infrahumanas
En los argumentos de la recomendación, el MNPT menciona que las cárceles de Chilapa, Acapulco y Chilpancingo persisten grupos de poder que ejercen el control sobre los presos, y que además realizan diversas actividades propias de las autoridades en los penales.
La CNDH menciona que los presos han señalado a su personal que en las cárceles imperan los cobros de piso por protección, asignación de planchas para dormir, alimentos, mantenimiento de los dormitorios, acceso al área médica, recibir visitas familiares, uso de estancias de visitas íntimas.
“Asimismo, existen celdas que alojan a un número menor de internos que la mayoría de ellas y/o presos que poseen artículos que a la población general no les permiten ingresar”, señala el organismo.
La recomendación señala que en la cárcel de Acapulco se imponen sanciones disciplinarias a los reos de hasta 30 días en condiciones de aislamiento, además que persiste la falta de servicios médicos generales, de ginecología para las internas y de pediatría para los hijos que viven con sus padres reclusos en la cárcel.
También se criticó que el personal médico del penal no visita a los presos que están en situación de aislamiento para verificar su estado, ni supervisa la elaboración de los alimentos.
El MNPT precisa que esta recomendación ya fue debidamente notificada a las autoridades estatales de Guerrero.