* El grupo guerrillero califica como “mala novela policiaca” la versión que involucra a varios de sus integrantes en el homicidio de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado
Alondra García
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) rechazó tener alguna participación con el homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera, expresidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, y sugirió que si alguien debe ser investigado por ese crimen, es el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
A través de un comunicado difundido por correo electrónico, el ERPI recordó que el asesinato de Chavarría Barrera, perpetrado el 20 de agosto de 2009, afuera de su casa, ocurrió en un contexto de enfrentamiento político con el entonces gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, derivado de “la disputa de la candidatura del PRD al Ejecutivo estatal”.
El comunicado señala que Torreblanca Galindo fue señalado por la opinión pública de ser el autor intelectual.
El ERPI incluso acusó al exmandatario de “tratar de desviar la atención filtrando información a la prensa sobre dos líneas de investigación: la primera de tipo pasional y la otra que señalaba al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI”.
Respecto a la línea que apunta hacia la guerrilla, el grupo armado indica que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) –hoy Fiscalía General del Estado— y el CISEN “armaron una mala novela policiaca integrada por la declaración de Raúl Jiménez García –el miliciano Pedro— supuesto exguerrillero, notas periodísticas, informantes anónimos y comunicados del ERPI publicados en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema)”.
Según la declaración del supuesto exguerrillero Jiménez García, se habría planeado el asesinato de Armando Chavarría en una reunión del ERPI que se llevó a cabo en Tlapa en la casa de Roberto Ángel García, encabezada por el comandante Ramiro, el 19 de agosto de 2009 (un día antes del crimen) a la que supuestamente asistieron miembros del ERPI y políticos del PRD, entre ellos Dolores Padierna y René Bejarano.
“De acuerdo con esta mentira, antes de retirarse de la reunión el Comandante Ramiro encargó la ejecución de Armando Chavarría a Miguel Ángel Serafín identificado como el comandante Beto y a Roberto Ángel García. En el expediente de la declaración, el miliciano Pedro dice que los autores materiales fueron Camerino Florentino Cayetano y Miguel Díaz Escobar, originarios de Tepecoacuilco y Quechultenango respectivamente”, detalla el comunicado del ERPI.
El grupo guerrillero señala que en la versión oficial, el miliciano Pedro, a quien se señala como informante del CISEN, ese 20 de agosto acompañó a Miguel Ángel Serafín a un recorrido por varios municipios de la región de la Montaña y escuchó cuando le informaron vía telefónica al comandante Beto que Armando Chavarría ya había sido ejecutado en la capital del estado.
El ERPI destacó que el testimonio del miliciano Pedro fue desestimado por el Poder Judicial de la Federación mediante el Juzgado Séptimo de Distrito, órgano jurisdiccional que no concedió las órdenes de aprehensión contra Miguel Ángel Serafín, alias Comandante Beto, Camerino Florentino, Roberto Ángel García y Miguel Díaz Escobar.
Por tanto, el ERPI insistió en que la historia es falsa, incluso a los ojos del Poder Judicial de la Federación.
Se trata, según el grupo guerrillero, en una trama ideada para culpar al ERPI de dicho asesinato y en consecuencia, criminalizar al movimiento social y a los políticos del PRD.
Un día antes de que la Fiscalía General del Estado informe el resultado de ocho años de investigación en el caso Chavarría, el grupo guerrillero se adelantó con la siguiente respuesta: “Rechazamos que el ERPI estuvo involucrado en el asesinato del diputado Armando Chavarría, esa reunión entre guerrilleros y políticos del PRD jamás existió. El Comandante Ramiro fue ampliamente reconocido como uno de nuestros militantes, pero nunca estableció algún tipo de relación ni personal ni política con el diputado asesinado”.
También rechazó que Raúl Jiménez García, “miliciano Pedro”, haya sido miembro de la organización.
También se rechaza que Miguel Ángel Serafín “Comandante Beto”, Roberto Ángel García, Miguel Díaz Escobar, Camerino Florentino, Demetrio Rosendo, junto con una larga lista de personas que se mencionan en el expediente formen parte de la estructura del ERPI.
En el caso de Jacobo Silva Nogales, conocido como excomandante Antonio, el grupo armado refiere que tras su detención el 19 de octubre de 1999, no participa en actividad alguna del ERPI, por lo que tampoco pudo haber planeado ni participado en el homicidio.
El ERPI aseveró que si el gobierno actual quiere reivindicarse, el fiscal Xavier Olea Peláez tendría que detener al exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, al extitular de la Auditoría General del Estado (AGE), Ignacio Rendón Romero, y al exdiputado local Carlos Álvarez Reyes, entre otros.
El grupo guerrillero recordó que en el asesinato de Chavarría Barrera estuvieron involucrados elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), según lo dicho por el comandante Trinidad Zamora Rojo al exprocurador Alberto López Rosas.
El comunicado cierra con una exigencia al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que no continúe con la versión en la que se acusa a la guerrilla del asesinato del presidente de la comisión de Gobierno del Congreso local, ya que dicha versión solo se maneja para engañar a la opinión pública.
El lunes 26 de junio, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez compareció ante comisiones unidas del Congreso local, en dicho encuentro anunció que en un término de tres semanas a más tardar, daría información que esclarecería el asesinato de Armando Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto de 2009.
En el transcurso de la semana, se manejó la versión de que durante los días sábado 8 o domingo 9 de julio, el fiscal Olea Peláez se presentaría al Congreso local para entregar información relacionada con los autores materiales e intelectuales del crimen, al tiempo en que solicitaría la liberación de órdenes de aprehensión contra los mismos.
Chavarría Barrera, quien era presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, se perfilaba como candidato a la gubernatura por el PRD. A casi ocho años y ocho procuradores de justicia, no se ha resuelto el caso.