* Miembros de la organización que encabeza Bruno Plácido se reunieron en El Ocotito para prepararse ante un eventual operativo de fuerzas del orden, cuyo objetivo sea decomisarles sus armas
Redacción
En respuesta a las advertencias por parte de autoridades estatales de que los grupos que se autodenominan policías comunitarios operan fuera de la ley y por eso deben ser desarmados, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero emitió ayer un comunicado en el que afirma que sus integrantes están preparados para resistir la presión del gobierno.
En tono retador, esa organización asegura que “no nos amedrenta ni nos preocupa, a ningún integrante de este sistema de seguridad y justicia ciudadana de la UPOEG, la amenaza del gobierno corrupto y menos de los delincuentes”.
Expresa que sus integrantes “estamos preparados para esta presión, pero debemos de tener cuidado porque algunas autoridades han sacado declaraciones en los medios de comunicación en nuestra contra, como si ellos no tuvieran responsabilidad”.
De acuerdo con información del portal Bajopalabra, el martes en la noche la comandancia de la UPOEG en El Ocotito convocó a los policías de los pueblos cercanos a una reunión urgente y pidieron también la presencia de sus simpatizantes, después de que autoridades de los tres niveles de gobierno han expresado que hay grupos de policías comunitarios que deben ser desarmados porque no operan en el marco de la Ley 701.
Esta postura oficial se reforzó después del ataque armado registrado el viernes pasado en San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco, que dejó un saldo de siete muertos, entre ellos un bebé de cuatro meses y dos menores de edad, y sobre el cual la Fiscalía General del Estado (FGE) ha descartado que se hubiera tratado de un enfrentamiento contra delincuentes, como lo explicó el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
En la reunión realizada en El Ocotito, los civiles armados de la UPOEG pidieron al pueblo “apoyarlos” ante la posibilidad de que elementos de las fuerzas federales desplieguen un operativo que tenga como objetivo desarmar a los guardias de esa organización que operan en pueblos de esa zona.
Plácido Valerio reiteró el martes pasado que lo ocurrido en San Pedro Cacahuatepec no fue un ataque directo de la policía ciudadana contra una familia, sino el resultado de un enfrentamiento contra un grupo de extorsionadores.
Explicó que la UPOEG recibió la llamada de auxilio de un abogado, quien estaba siendo víctima de extorsión. “Antes de llamarnos a nosotros ya había llamado a la estatal y a la Federal y ningún policía acudió”, añadió.
Por ello, dijo, un grupo de 12 elementos de la UPOEG se movilizó a bordo de una camioneta de la organización y al llegar al lugar se toparon con los tres presuntos extorsionadores, lo que detonó una persecución a balazos.
Indicó que en su huida, los presuntos delincuentes ingresaron a la vivienda y comenzaron a disparar desde el interior, por lo que los policías de la UPOEG respondieron con disparos de escopetas, revólver 38 especial y rifles M1 y 22.
Plácido Valerio ofreció que este miércoles los siete policías ciudadanos comparecerían ante el Ministerio Público en el puerto de Acapulco, para declarar sobre esos hechos, tan pronto la justicia federal les otorgara un amparo, pero esto no ocurrió, según lo confirmó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.