Juan José Romero
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, aseguró que se tiene la intención de recorrer las comunidades abandonadas por cuestiones de inseguridad en Chilapa.
“Se tiene la intención de hacerlo conjuntamente con la autoridad a fin de que estamos viendo incluso, he estado leyendo que el gobernador ha expresado su voluntad de brindar seguridad a los pueblos para que no se desplacen”, indicó.
Mencionó que se tiene la intención también de hacer lo mismo en la Tierra Caliente, donde ha habido desplazados de comunidades enteras, aunque consideró más viable brindar las condiciones a estas personas en el lugar de donde son originarios, porque ahí están “sus animalitos, sus tierras, sus casas”.
Consideró necesario cambiar la estrategia, y para brindar las condiciones, tanto de seguridad, salud, educación y demás para evitar que salgan de sus comunidades.
Y aunque dijo, existen acciones para tratar de revertir la inseguridad, reconoció que los resultados no son los que la sociedad espera, por lo que llamó a las autoridades estatales a no “bajar la guardia”.
Llamó además a apoyar a los actores políticos empezando por el gobernador, a quien le reconoció el esfuerzo por tratar de revertir la situación de inseguridad que priva en la entidad.
Sobre el tema de Cacahuatepec, dijo que no han podido entrar a inspeccionar porque se trata de un asunto entre particulares, “recordemos que la comisión interviene cuando en el conflicto está un servidor público y ciudadanos y en este caso, no se actualiza esa hipótesis, los involucrados son civiles, por lo que le compete a la autoridad judicial”.
Urgió un marco normativo para los grupos comunitarios, sin embargo, sostuvo que otras opciones es el desarme hasta la aplicación de la ley para estos, por todos los actos en que han violado los derechos humanos.
Dijo que como ciudadanos los integrantes de la UPOEG tienen la obligación de aportar a una investigación, incluso quien se negara a hacerlo puede ser sujeto de sanciones y llevado ante la autoridad, “y ellos no son la excepción”.
“Que queden sujetos a que si alguien comete un exceso, tiene que pagar, no lo exime de la responsabilidad, sino no sería conveniente que los servidores públicos desde el ámbito donde nos encontramos podamos hacer lo que nos venga en gana”, expuso. (Notymás).