* Ramón Navarrete consideró que la Fiscalía debe mostrar efectividad en las investigaciones por lo ocurrido en San Pedro Cacahuatepec, donde fueron asesinadas 7 personas
*El legislador Héctor Vicario dijo que los miembros de la UPOEG que participaron en esos hechos deben sujetarse a la ley y responder por lo que sucedió el viernes pasado
Redacción
Los grupos de civiles armados que se asumen como policías comunitarias “tienen que ajustarse a la ley o desaparecer”, aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno.
Entrevistado al término de un evento en Casa Guerrero, el ombudsman local exigió a la Fiscalía General del Estado “efectividad” en las investigaciones para esclarecer el asesinato de siete integrantes de una familia, quienes fueron abatidos a balazos el pasado viernes por integrantes de la UPOEG.
“Que se lleve a los responsables ante los tribunales, sea quien sea. Lo que necesitamos es que la gente sepa que hay justicia”, demandó.
Navarrete Magdaleno advirtió la necesidad urgente de regular a los grupos armados que se asumen como policías comunitarias o ciudadanas.
Para ello, dijo, es necesario construir un esquema jurídico que les otorgue facultades, pero también les imponga obligaciones. “Estos grupos tienen que ajustarse a la ley o desaparecer, no hay terceras vías, no podemos seguir en la zozobra como estamos ahora”, señaló.
El ombudsman lamentó que los integrantes de la UPOEG que participaron en el ataque armado no hayan acudido a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), como su dirigente Bruno Plácido Valerio prometió ante los medios de comunicación.
En la misma conferencia de prensa, Plácido Valerio justificó el ataque armado al afirmar que se trató de una persecución y enfrentamiento con un grupo de extorsionadores que se refugiaron en la vivienda donde fueron abatidos siete integrantes de una familia, entre ellos un anciano, una madre de familia, su bebé de cuatro meses y otros tres menores de edad.
Al respecto, Navarrete Magdaleno consideró que “tendrían que decir eso ante la autoridad, porque ahí es donde se tiene que demostrar. Los asuntos no se resuelven en el periódico”.
El presidente de la CDHEG insistió en que los grupos armados que se asumen como policías comunitarias no pueden “actuar unilateralmente”, sino que deben de estar obligados a “comparecer ante la justicia”.
También se le cuestionó sobre la propuesta que ha surgido en algunos sectores sociales, de que la ciudadanía tome las armas para defenderse de los comunitarios y de la delincuencia.
“Esa no es una salida. Alguien que nunca ha tenido un arma en la mano no puede defenderse con ella, por el contrario, la gente se pone en riesgo. Los delincuentes andan armados y decididos a enfrentarse con quien quiera, hemos visto que se matan por cualquier cosa, y un ciudadano no, un ciudadano es un padre de familia, un maestro, un comerciante”, expuso.
Por su parte, el diputado priísta Héctor Vicario Castrejón consideró que todos los grupos armados que no tengan sustento legal, como es el caso de la UPOEG, deben entregar las armas porque han incurrido en excesos
En declaraciones a ANG, el legislador lamentó el asesinato de 7 personas en San Pedro Cacahuatepec, entre las cuales está un bebé de cuatro meses, perpetrado por policías comunitarios de la UPOEG.
Dijo que los miembros de esa organización que encabeza Bruno Plácido Valerio deben entregar las armas, sujetarse a la ley y responder por lo que sucedió en ese poblado de Acapulco.
Aseguró que los grupos de autodefensa y las denominadas policías comunitarias se aprovechan de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que solo sustenta la existencia de esos grupos en zonas indígenas, como es el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
“Este tipo de grupos, de asociaciones pues no tienen razón de ser, sobre todo porque cuando ocurren este tipo de casos, de asuntos, no hay quien se haga responsable, por ello considero que no deben aprovecharse de lo que implica la ley 701 que está dirigida a los pueblos indígenas”.
Indicó que lejos de garantizar seguridad a la población, estos grupos incurren en excesos como el de San Pedro Cacahuatepec, por lo que demandó una investigación pronta y que los responsables sean presentados ante la justicia