* Hay más puestos semifijos en las calles aledañas al centro de abasto que en sus cinco naves, denuncian comerciantes establecidos
* Acusan que la actual administración municipal ha permitido la proliferación de ambulantes en esa zona
Alondra García Lucatero
Los comerciantes establecidos del mercado central de Chilpancingo tomaron una decisión: No se irán a la quiebra por culpa del ambulantaje y los vendedores semifijos, y exigieron a las autoridades que pongan freno a estos últimos.
Y es que el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, con sus cinco naves, es el más grande de la capital. Sin embargo, afuera de él hay más comercio que adentro.
El ambulantaje comienza desde la calle Ingeniero Arturo Alvaradejo, continúa por 5 de mayo y Abasolo, se extiende por toda la avenida Roberto Nájera, sobre las laterales de la avenida Insurgentes y en las calles Violetas, Margaritas y Tulipanes.
Decenas de sombrillas, lonas, mallas metálicas, cajas y tablas se extienden sobre la lateral sur-norte de Insurgentes.
Son pequeños locales cuyos dueños se sienten inamovibles. Ninguna autoridad los quita, no importa que ocupen la banqueta y la mitad del carril lateral de la avenida.
Los peatones deben de esquivar los postes, los escalones y la vendimia. A veces, para avanzar entre la avalancha de vendedores ambulantes y semifijos, es necesario bajarse de la banqueta y caminar en el arroyo vehicular.
Según las cifras del propio ayuntamiento de Chilpancingo, hasta 2016 existía un registro de más de 700 vendedores ambulantes y semifijos en esa zona.
La cifra es alta y rebasa por mucho a los 600 comercios formalmente establecidos que hay al interior del mercado.
El Baltazar R. Leyva, el mercado más grande de Chilpancingo, es mucho más pequeño que el tianguis ambulante y semifijo que se instala afuera de él.
La calle 21 de marzo, que sube a un costado de la central de abastos, es un caso especial.
Ahí uno encuentra de todo: Ropa, fritangas, tacos de canasta, tortas, picadas, zapatos, relojes, ropa interior, mezcal de sabores, pan, chilate, películas pirata, flores, cacahuates, fruta, macetas, pescado, camarones, fajas de cargador, celulares, muebles rústicos, gallinas, guajolotes, verduras, carne de res, puerco y pollo.
Los vendedores ambulantes y semifijos se adueñaron de la calle y las banquetas.
Hace menos de un mes una mujer se desmayó en el mercado, por lo que fue necesario llamar a los socorristas. La ambulancia llegó con prontitud, pero tardó más de media hora en salir de la calle 21 de marzo porque no tenía espacio para maniobrar y los vendedores se negaron a mover sus puestos.
También el estacionamiento frontal del mercado Baltazar está plagado de vendedores ambulantes y semifijos.
Con tanto comercio informal, los locatarios formales decidieron organizarse para exigir que el gobierno municipal le ponga un alto a la situación. De lo contrario, dijeron, corren el riesgo de ir a la bancarrota.
En conferencia de prensa realizada la mañana de ayer, hicieron un llamado al alcalde priísta Marco Antonio Leyva Mena para que “ponga orden” en ese centro de abasto.
Aunque reconocieron que el comercio informal es un problema que se arrastra desde hace años, indicaron que durante el actual gobierno se ha duplicado la cifra de vendedores ambulantes y de locales semifijos.
De acuerdo con los microempresarios, sus ventas han caído hasta en un 50 por ciento. Esta situación llevó al cierre de al menos 12 locales en la Nave 4.
El tablajero Erik Esquinca Moguel detalló que cada local genera de dos a cuatro empleos formales, por lo que tienen mil 800 trabajadores que perciben salarios que van de mil 200 a mil 500 pesos semanales.
Ante la caída de sus ventas, advirtió, todos esos empleos se encuentran en riesgo.
Además, señaló que el comercio informal representa una competencia desleal para los locatarios establecidos.
Mientras un ambulante paga un pisaje de cinco pesos diarios a la Dirección de Gobernación del ayuntamiento, los locatarios formalmente establecidos pagan rentas que van de cinco a 20 mil pesos mensuales, dependiendo del tamaño del local y su ubicación. También pagan salarios, agua, luz e impuestos.
Otra situación que denunciaron fue la apropiación de espacios públicos que luego son comercializados.
Es decir, los ambulantes se posicionan en alguna zona de la banqueta o de la calle e instalan puestos que cada vez van haciendo más grandes. Con el tiempo se apropian del espacio y venden ese tramo de vía pública por hasta 300 mil pesos o lo rentan, según el tamaño y ubicación, por montos que van de tres mil a cinco mil pesos mensuales.
“Todos tenemos derecho a trabajar, pero también tenemos obligaciones. No nos vamos a ir a la quiebra, por eso vamos a empezar una gran lucha. Esto es un inicio, no vamos a quedarnos callados”, expresó el comerciante Daniel Ocampo Nava.
Los locatarios establecidos se quejaron de que existe “una impunidad total” en el mercado central.
Sin embargo, aclararon que no exigen un desalojo de ambulantes y semifijos, sino que el gobierno municipal regularice a los vendedores, cree un padrón confiable y los mueva a otros mercados que están subutilizados, como el Benito Juárez y el de la colonia del PRI.
Otra situación que denunciaron fue la reciente instalación de locales semifijos sobre la calle Violetas, alrededor del tanque estacionario de 5 mil litros de gas LP que surte al mercado central.
Se trata de habitantes de la colonia Elías Naime Nemer, quienes decidieron instalar carpas y puestos de diferentes giros en torno al tanque de gas, lo que podría desencadenar una explosión.
“Están poniendo en riesgo la vida de los locatarios, de los trabajadores del mercado, de los alumnos de la escuela que está aquí cerca, de los visitantes y ninguna autoridad ha venido a moverlos”, comentaron durante la conferencia de prensa.
También señalaron que el mercado no cuenta con extintores ni salidas de emergencias.
Ante estas circunstancias, los locatarios temen que ocurra otro incendio en el mercado Baltazar como el del 24 de mayo de 2003.
En ese entonces se quemaron 400 locales fijos, de los cuales 200 sufrieron pérdidas totales.
Por ello, dijeron que ya informaron del riesgo a las autoridades, entre ellos a Humberto Peraza Gil, secretario de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo del municipio; a Patricia Reyes Mejía, regidora de Gobernación; a Juan Manuel Valenzuela, director de Gobernación, y a Carlos Leyva, secretario de Desarrollo Urbano de Chilpancingo. Sin embargo, hasta el momento ninguno les ha respondido.