* El alcalde dijo que su gobierno no puede “avalar” o “aceptar” que “estas policías comunitarias se excedan en el asunto de la seguridad interna de las poblaciones”
* Sin embargo, reconoció que esos grupos han logrado bajar los índices delictivos “de manera significativa” en las comunidades donde operan
Fernando Hernández
El alcalde Marco Antonio Leyva Mena aseguró que desde hace un año solicitó al gobierno federal el desarme de las autodefensas del Frente por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que operan en comunidades de Chilpancingo y han protagonizado diversos enfrentamientos.
En declaraciones que hizo al concluir una audiencia pública que ofreció en la colonia Indeco, el primer edil puntualizó que el año pasado solicitó a la federación el desarme de los grupos de civiles armados que se disputan el corredor que va desde el poblado de Petaquillas hasta la comunidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco, pero que tiene como centros de operaciones claves en el valle de El Ocotito y en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), donde además tienen instalados retenes ilegales sobre la carretera federal.
Leyva Mena señaló que después de que solicitó el desarme de las autodefensas, el gobierno federal le respondió que “van actuar, la federación dice que va a actuar y yo también veo actuando al gobierno del estado en este sentido, no estamos siendo omisos en este tipo de temas, es un tema bastante delicado que tenemos que ponerle mucho empeño”.
El presidente municipal priista precisó para disminuir los conflictos por el control de El Ocotito “estamos contribuyendo a la estabilidad a través del diálogo con los comisarios; ese es nuestro ámbito de responsabilidad. Pero también hay que reconocer que los índices delictivos en las comunidades han bajado de manera muy significativas” con la presencia de las guardias comunitarias.
Sin embargo insistió que “lo que no podemos nosotros avalar, permitir, aceptar, es que estas policías comunitarias se excedan en el asunto de la seguridad interna de las poblaciones; lo que no podemos aceptar tampoco es que no exista una regulación, por el tipo de armamento que utilizan, y ahí es cuando yo exhorto, convoco, de manera respetuosa al Congreso local para que pueda legislar al respecto, porque hay vacíos legales donde lamentablemente esos vacíos legales son aprovechados”.
Al alcalde se le recordó que en su momento su administración dotó de uniformes y otros insumos a uno de los grupos de autodefensa que operan en el Valle del Ocotito, y en este sentido pidió que “ubiquemos bien este tema, yo no quisiera que se pensara que la autoridad municipal está impulsando, influyendo, estimulando la creación de policías fuera del marco legal, no lo estamos haciendo”.
Añadió que “lo que nosotros hicimos es un proceso donde la gente decidió quien era su policía, la comunidad de El Ocotito, hicimos este ejercicio junto con el Instituto Estatal Electoral, junto con Derechos Humanos y decidieron quien era su policía”.
Explicó que “esta policía es un proceso de participación ciudadana que lo permite la ley y lo impulsa, en la Ley de Participación Ciudadana. Nosotros hemos dado los uniformes para que se puedan identificar y que sean parte de la seguridad de las comunidades, pero eso de ninguna manera significa que nosotros aceptemos o avalemos una conducta que vaya más allá de la Ley, por supuesto que no lo hacemos”, acotó.
En otro tema, el alcalde mencionó que la garantía que tiene que la Policía Municipal de Chilpancingo no esté infiltrada por el narco son los procesos de certificación del gobierno federal a los que han sido sometidos los elementos activos de la corporación.
Detalló que “la normatividad federal” es el mecanismo mediante el cual se puede tener la garantía de que la corporación no está infiltrada por los grupos delictivos y “estamos utilizando todos los instrumentos que están a nuestro alcance para que la policía que está actuando, la ciudadanía le tenga la confianza necesaria de su actuar público”.
“Pero también hay que reconocer que se pueden tener algunas actividades de carácter privado por parte de los policías y pueda cometer en sus conductas privadas actos que sean ilícitos, de ahí, sí, en cuanto nosotros detectemos, se aplicara todo el rigor y el peso de la Ley”, puntualizó.