Revisan Apreza y la ASF, las cuentas del 2011 al 2015.— Divergencias en torno a la reforma constitucional sobre la policía y justicia comunitaria.— Demandan definir el dictamen sobre el desafuero del diputado Saúl Beltrán Orozco
Enrique Vargas
Para continuar la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del estado, del 2011 al 2015, el secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, se reunió con personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para hacer una revisión exhaustiva de la forma en que se aplicaron los recursos federales en los últimos 4 años de los gobiernos perredistas.
En ese caso se trata de la administración de 3 años de Ángel Aguirre Rivero y de un año de su sustituto Rogelio Ortega Martínez, porque el nuevo gobierno ha señalado faltantes importantes, que es lo que se trata de aclarar, para, en su caso, fincar responsabilidades a quienes les correspondan, por la mala aplicación de los fondos públicos que debían destinarse a obras y servicios en beneficio de la ciudadanía, pero que sufrieron alguna desviación fuera de la norma.
Se desconoce cuánto tiempo llevará hacer la revisión de esos cuatro años, aunque la mayor parte del trabajo seguramente que ya está hecho y sólo falta hacer precisiones sobre los casos más notorios o las cantidades cuya aplicación no está suficientemente sustentada.
Habrá que esperar algún tiempo para conocer las conclusiones de la Auditoría Superior y hasta de la Secretaría de la Función Pública, para conocer el alcance de las posibles desviaciones y las consecuencias que eso habrá de representar para quienes manejaron esos fondos de origen federal.
DIVERGENCIAS EN TORNO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA POLICÍA Y JUSTICIA COMUNITARIA.— El origen de la Policía Comunitaria, que surgió en el municipio de San Luis Acatlán, de la Costa Chica, rindió muy buenos resultados durante bastantes años, pero luego se extendió la idea de forma inapropiada, ya que se crearon grupos armados de vigilantes en municipios que no son indígenas, además de que se les manejó con criterios equivocados, lo que provocó excesos en su conducta y hasta en la forma en que aplicaba su ley en diversos lugares.
Dos casos muy claros de la desviación y mala actitud de la policía comunitaria se dieron en Olinalá y en Tixtla, para citar los casos más extremos y más conocidos, porque sus dirigentes utilizaron a los grupos armados que comandaban para actuar en contra de las autoridades constituidas legalmente, lo que hizo necesaria la intervención del estado, con el apoyo de las fuerzas federales, para frenar a esos y otros grupos, al grado de que sus dirigentes terminaron en la cárcel acusados de varios delitos, como secuestro y mala aplicación de una supuesta justicia comunitaria.
En Olinalá, la comandanta Nestora Salgado pretendió convertirse en la máxima autoridad del municipio y con violencia, apoyada en sus “comunitarios” armados, agredió a mucha gente y secuestró hasta menores de edad, a los que supuestamente sometería a “reeducación”, además de que apresó al síndico municipal, al que acusó de abigeato. Nestora fue liberada por tener la ciudadanía estadounidense también, pero con la condición de que nunca volviera a Olinalá, como ha ocurrido hasta ahora.
En Tixtla actuaba en forma mucho más violenta el supuesto comandante Gonzalo Molina González, quien con su grupo armado atacó y asaltó el palacio municipal, donde sus seguidores agredieron y golpearon a los policías locales, a quienes despojaron incluso de armas de uso exclusivo del Ejército que se les habían asignado para las labores de vigilancia del palacio local, en lo que representó una de las acciones más violentas de esa organización, pues fueron muchos los disparos que se hicieron contra el edificio oficial, aunque afortunadamente no se registraron muertes resultado de esa agresión.
Aparte se ha visto que algunos de esos grupos supuestamente comunitarios se han aliado o se colocaron del lado de la delincuencia organizada, porque les representa una serie de beneficios monetarios, por lo que en varias ocasiones más que como policías que actúan en beneficio de los pueblos donde surgieron, son parte del problema de la delincuencia.
Esa situación fue necesario que el gobernador Héctor Astudillo presentara la iniciativa para reformar el Artículo 14 de la Constitución estatal, para reordenar a esos grupos y garantizar que actúan efectivamente como policías comunitarios, sin ninguna liga o relación con los grupos delincuenciales.
Los diputados priistas, encabezados por la diputada Flor Añore Ocampo, respaldan la propuesta para llevar orden a esos grupos armados, pero otros partidos pretenden mantener esa situación y hasta ampliarla, aunque se ha desviado de su propósito original y más que una defensa, son un nuevo peligro para la población de varios de los municipios donde actúan.
El PRD y Movimiento Ciudadano (MC) son los que proponen mantener y fortalecer a los comunitarios, pero deben hacerlo de tal manera que se evite la cercanía y relación con los grupos de la delincuencia organizada y sólo sirvan a sus comunidades.
Hace algunos años se propuso integrarlos a la Policía Rural, pero sus integrantes, y especialmente quienes los encabezan, se negaron a ingresar a esa policía legalmente constituida, porque rechazan ser incluidos en el marco legal que señale y delimite sus acciones y, por eso, depender de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, pues privilegian actuar por su cuenta, al servicio de sus propios intereses y con los grupos a los que han aliado, porque les resulta mucho más provechoso, aunque sea ilegal, ya que no rinden cuentas a nadie ni se sujetan a la normatividad legal.
Por eso resulta indispensable la reforma legal propuesta por el estado, para volver a ordenar a esos grupos a fin de que actúen de acuerdo a la ley y no permanezcan como una amenaza contra los ciudadanos y los turistas, a algunos de los cuales han agredido, con graves consecuencias, porque en su mayoría se trata de personas sin ninguna preparación académica ni formación policial, sino que basta con que se armen y salgan a las calles y carreteras a “imponer su ley”, la que no conocen ni en sus planteamientos básicos.
Por eso, los partidos PRD y MC, que se niegan a respaldar la iniciativa para regular y controlar a esos grupos, deben darse cuenta que suya será la responsabilidad si los pretendidos “comunitarios” siguen imponiendo su “propia ley”, en contra de la gente a la que deberían proteger.
DEMANDAN EL DICTAMEN SOBRE EL DESAFUERO DEL DIPUTADO SAÚL BELTRÁN OROZCO.— Después de varios meses de trámite se espera que finalmente se determine y defina el dictamen sobre el posible desafuero del diputado Saúl Beltrán Orozco, compadre de “El Tequilero” y acusado de los homicidios de un sacerdote y de un empleado de sus administración municipal.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputada Flor Añorve informó que luego de platicar con el presidente de la Comisión Instructora, Iván Pachuca Domínguez, se pudo determinar que ese dictamen será presentado en breve.
La tardanza se debió a que se alargaron los trámites, se dieron prórrogas, hubo garantías de audiencia (aunque irregular), y se le dio tiempo a la Fiscalía para integrar las carpetas de investigación y demás actividades que deben cubrirse, aunque se reconoce que se ha prolongado excesivamente.
Ahora, el diputado acusado anunció que solicitará una licencia para separarse de la diputación, por lo que será necesario que la Fiscalía no le pierda la pista, porque podría ser la ocasión para desaparecer y que no puedan encontrarlo cuando se le requiera, si es que el dictamen resulta en favor de su desafuero, como la lógica y la demanda de justicia indican.