Inaceptable la propuesta de negociar con los delincuentes, dicen diputados y partidos políticos.— No hará más declaraciones escandalosas el obispo Rangel, luego de reunirse con Florencio Salazar.— La autoridad legítima no puede establecer negociaciones o pactos con criminales: Marco Leyva
Enrique Vargas
Realmente fueron muy insistentes y aventuradas las declaraciones del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, en el sentido de que hay autoridades que están coludidas con la delincuencia organizada, además que aseguró haberse reunido con cabecillas de los grupos delincuenciales, pero nunca aportó pruebas de sus dichos contra integrantes del gobierno, además de que prefiere callarse y no denunciar a quienes encabezan a los grupos que han creado tantos problemas en el estado.
Era obvio que mucha gente se iba a inconformar con esos señalamientos sin pruebas y sin indicios de ninguna naturaleza, porque si el religioso hace acusaciones de ese tipo, tiene la obligación de ofrecer los elementos que sustenten sus afirmaciones, porque si no lo hace, sólo quedan en calidad de chismes o de acusaciones sin sustento.
Con tan poco sustento, sus afirmaciones sólo sirven para que gente interesada promueva versiones contra algunos políticos o funcionarios, para utilizarlas como recurso de revancha o venganza, por resentimientos de algún tipo.
La diputada Flor Añorve Ocampo, titular del Poder Legislativo fue quien siempre mantuvo su rechazo a esa torcida postura del jerarca religioso, por lo que sostuvo que lamentaba que “sea esa la postura de un obispo, puesto que lo que el gobierno trata es disminuir la violencia y nadie que esté en su sano juicio puede pedir que continúe ese tipo de situaciones”.
Destacó la legisladora que no cree que haya autoridades que estén en disposición de dialogar con los delincuentes y permitir que sigan los asesinatos y ejecuciones, las drogas, los secuestros, pues “no se entiende de qué manera un pacto de esa naturaleza puede beneficiar a la gente”.
Más bien le pidió al obispo capitalino que reflexione sobre la manera en que plantea respaldar a las autoridades en la solución de la violencia.
Otros diputados y dirigentes de partidos compartieron esa posición, en el sentido de que no hay manera de dialogar con los delincuentes sin violar flagrantemente la ley.
Hay que pensar que el gobierno, cualquiera que fuera, en caso de que aceptara la negociación o el diálogo le daría representación legal a la delincuencia y validaría su presencia en la sociedad, como si se tratara de una parte legalmente aceptada.
Así de absurda e ilegal es la propuesta que maneja el obispo Rangel y que secundaban algunos despistados como el dirigente de la Canaco capitalina, Víctor Manuel Ortega Corona, consuegro de Pioquinto Damián Huato, quien se ha distinguido por buscar siempre maniobras de todo tipo que le reditúen beneficios personales, sin importar que sean o no legales.
El dirigente estatal priista, Heriberto Huicochea calificó de muy delicadas las declaraciones del obispo de que conoce y dialoga con los delincuentes, porque ese no es el camino, porque la delincuencia organizada es una situación muy compleja que debe combatirse con toda la fuerza del Estado, “ya que, por supuesto, no es negociable dentro de la ley”.
NO MÁS DECLARACIONES ESCANDALOSAS DEL OBISPO RANGEL, LUEGO DE REUNIRSE CON FLORENCIO SALAZAR.— El religioso de Chilpancingo se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien seguramente le hizo ver la inconveniencia social y hasta legal de que continuara con esa campaña que había emprendido de acusar al gobierno y dialogar con los delincuentes, por lo que seguramente le pidió más prudencia y no hacer acusaciones de esa naturaleza.
Después de la entrevista, el obispo Rangel declaró a los periodistas que no hará más declaraciones sobre el tema y los acusó, como siempre ocurre con los que no piensan los que dicen, que habían deformado sus palabras y que era más lo que le habían inventado, que lo que había declarado en realidad.
Por eso, se justificó: “creo que no me día entender o no me entendieron los medios de comunicación y lamentablemente me han contrapunteado con las autoridades y creo que el trabajo periodístico no se debe hacer de esa manera, por lo que decidí no hacer más declaraciones y dejar que la bola de nieve se deshaga”.
Que bueno que ya lo entendió, porque la verdad, el señor obispo, así calladito, se ve más bonito.
LA AUTORIDAD LEGÍTIMA NO PUEDE ESTABLECER NEGOCIACIONES O PACTOS CON CRIMINALES: MARCO LEYVA.— El primer edil capitalino, Marco Antonio Leyva Mena ha mantenido siempre su postura de que no es posible negociar con los delincuentes, porque sería reconocerlos como un grupo integrado a la sociedad, cuando que lo correcto es combatirlos con la ley hasta controlarlos o encarcelarlos, por lo que estimó que eran muy fuertes las declaraciones del obispo Rangel.
El alcalde puntualizó que las autoridades no pueden negociar con el crimen organizado, porque todas sus acciones deben estar respaldadas por la ley y apegadas al Estado de derecho, por lo que sostuvo que “una autoridad sustentada y legítima no puede establecer ese tipo de negociaciones o pactos con criminales”.
Insistió en que no existe ninguna posibilidad de aceptar algún tipo de acercamiento con la delincuencia, por lo que afirmó que lo que corresponde es “aplicar a los delincuentes todo el peso de la ley”.
NUEVA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL AYUNTAMIENTO.— Lo principales es proteger a la gente y entre ellos a los trabajadores del ayuntamiento, para lo cual el alcalde Marco Antonio Leyva planteó la necesidad de crear la Dirección de Derechos Humanos, al interior de su gobierno.
Esa nueva figura del ombudsman del municipio, que planteó tendrá la tarea de atender y resolver cualquier problema o afectación a los trabajadores municipales, ya que para este gobierno, señaló, “es primordial respetar los derechos humanos de los trabajadores y no trastocarlos”.
Es una propuesta muy interesante, porque hasta ahora existen las comisiones de derechos humanos nacional y estatal, pero esta propuesta crearía una especial para los empleados del ayuntamiento de Chilpancingo, de manera que se trata de una nueva forma de protección para quienes laboran en el gobierno municipal, para que no sean afectados por los funcionarios de todos los niveles y no se les impongan cargas excesivas de trabajo o cambios arbitrarios de sus lugares de adscripción o de trabajo.
Es una buena propuesta, por lo que se sabe hasta ahora, pero habrá que esperar a que definan todas sus funciones y alcances, que serán siempre en beneficio de las bases de trabajadores, que algunas veces son afectados por acciones y decisiones incorrectas.