* En una audiencia celebrada ayer en Washington D. C., el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob no presentó ningún otro avance sobre la investigación que se hace sobre lo ocurrido a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014
* Funcionario de la CIDH cuestionaron con ironía que sí se pudo ubicar y recapturar al narcotraficante Joaquín Guzmán, pero no se haya podido determinar el paradero de los jóvenes desaparecidos
Redacción
A 30 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno mexicano mantiene “la verdad histórica” —que en su momento presentó quien fuera procurador de la República, Jesús Murillo Karam— como la única hipótesis viable para explicar sobre lo ocurrido a los estudiantes en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Durante una audiencia celebrada en la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, confirmó que la única hipótesis consolidada sobre lo ocurrido a los normalistas es la que se refiere a que fueron atacados por policías de Iguala, y después entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes les dieron muerte y quemaron sus cuerpos en el basurero de Cocula, para después esparcir sus cenizas en el río San Juan, en el mismo municipio.
El funcionario mexicano, quien estuvo acompañado por el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, y la subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías Guerra, y el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián, dijo que “entendemos que es una hipótesis” que genera “un terrible dolor” a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El asesor legal de las familias, Mario Patrón, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, increpó a Campa Cifrián para señalarle que con su posición estaba rechazando las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, las cuales recomendaron abrir otras líneas de investigación sobre el caso y para lograr ubicar el paradero de los normalistas.
También el comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, cuestionó a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el por qué no se ha logrado determinar qué ocurrió con los jóvenes, y en cambio el gobierno mexicano sí contó con la tecnología para atrapar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alías El Chapo.
El funcionario de la CIDH propuso a los representantes del gobierno mexicano fijar como plazo “que antes de completar tres años (en septiembre 2017), con la misma eficacia que se capturó al Chapo Guzmán” puedan ubicar el paradero de los 43 normalistas, y “así no dejar pasar más de tres años” desde lo ocurrido,
Santiago Aguirre, colaborador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que las líneas de investigación propuestas por los expertos independientes siguen pendientes de darles seguimiento por parte de la PGR.
Señaló que entre esas líneas está la aprehensión de policías del municipio de Huitzuco que posiblemente estuvieran involucrados en el caso, la indagatoria sobre el trasiego internacional de estupefacientes a través de buses de pasajeros entre Guerrero y los Estados Unidos, la conclusión del análisis de las sabanas de llamadas telefónicas de presuntos involucrados, y el esclarecimiento de la participación de presuntos perpetradores del ataque contra los jóvenes que únicamente han sido ubicados con los alias de “El Caminante” y “El Patrón”.
Durante la audiencia, la señora Joaquina García Velázquez, madre del normalista Martín Sánchez García, criticó que el gobierno mexicano inventó “la verdad histórica en enero del 2015. Fue un dolor duro soportar eso, diciendo que los hijos habían sido calcinados y sus cenizas tiradas en el río San Juan. ¿Qué esperamos? Lo que queremos es saber dónde están nuestros hijos. Esa ha sido nuestra lucha”.
Mario César González, padre del normalista César González Hernández, aseguró que “somos la voz de otros padres de la República mexicana para este Estado mentiroso, corrupto, al que le es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos”.