¿Pifias o pretextos?
Felipe Victoria
No tiene muchos días que uno de los más famosos penalistas mexicanos, doctor Alberto Woolrich Ortiz, presidente Nacional del Colegio de Abogados, visitó Acapulco y platicamos de cosas graves para la Justicia en este agobiado país.
Para los jodidos que roban para comer o conseguir un medicamento, no falla que sean encarcelados sin remedio, en cambio para los que gozan de influencias o tienen dinero, la impunidad es fácil de conseguir.
De suyo no ha cambiado el esquema básico general: en México para que a alguien se le haga justicia se necesitan tres factores convergentes:
Primero, que tenga la razón legal; segundo, que se la quieran dar, y tercero, que tenga suficiente para pagar por ello, de no ser así será carne de presidio justa o injustamente.
Ni es cierto que todos quienes están encarcelados sean culpables ni que todos sean inocentes, todo depende más bien de los abogados con que contaron o no y de los jueces que tuvieron su caso en las manos.
La realidad es que la ocurrente instauración del cacaraqueado nuevo sistema penal acusatorio, al momento pudiera considerarse un fracaso: mayores posibilidades de pronta libertad para quienes por angas o mangas resultan incriminados, “abaratamiento” de penalidades y resignación para las víctimas que contemplarán libres a sus agraviadores.
De ahí el presumible peligro de que cunda el virus de la venganza primitiva haciéndose justicia por propia mano cuando el esquema legal falló, o al que de plano prefirieron evitar recurriendo a la infalible Ley del Talión, esa de “mano por mano y ojo por ojo”, pero a la mexicana “con pilón”.
Ya no es noticia conocer de linchamientos en cualquier entidad, ni extraña que miembros de las corporaciones policiacas estén amafiados con la delincuencia organizada, ni que se hagan guajes con la ocasional, pretextando estar inhibidos y maniatados para actuar por los evidentes excesos en la pretendida defensa de los derechos humanos que andan con la brújula extraviada, tanto los organismos no gubernamentales como la CNDH y las comisiones estatales que en su inquietud por ganar reflectores, se colocan de ajonjolí de todos los moles, pero reculan cuando tuvieran que hacer recomendaciones contra poderosos con tal de conservar las chambas.
De la idoneidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de dos están en entredicho por haber sido impuestos por voluntad del Ejecutivo Federal y no por méritos en carrera judicial, eso con sus correspondientes rebotes a nivel de los estados, pero jueces, magistrados y ministros aprendieron a quedarse callados, que para eso tienen amistades en el periodismo.
Ese nuevo sistema sirvió para justificar enormes dispendios en adquisición de equipo, remodelación y construcción de instalaciones que se supone dejaron pingües comisiones.
En el antes DF, ahora Ciudad de México, sorprendidos en el medio judicial por la larga permanencia del guerrerense Edgar Elías Azar, muy presente en la memoria de los colaboradores de José Francisco Ruiz Massieu hace dos décadas.
Con esa maravilla del internet, aunque lejanos físicamente, nos leemos casi cotidianamente entre muchos que alguna vez servimos a la justicia en varios niveles, simultáneamente, y coincidimos que en nuestro querido país la justicia está hecha añicos, mal oliente, sumida en pifias vergonzantes y falta de honestidad y sobriedad.
Ni se diga la inconformidad de grandes juristas como René González de la Vega y litigantes experimentados como Víctor Manuel Valencia Villarreal, Alberto Woolrich, Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont Urueta, Juan Velázquez, Javier Coello Trejo, Marco Antonio Desachy, Benito Cruz Gordillo, Miguel García Jiménez y algunos más “de la vieja guardia”, cuando se tenía que ser más eficaces que doctrinarios o coleccionistas de posgrados.
Inquieta ahorita el “Caso Guerrero” en que un conocido penalista tuvo la ocurrencia de venir a debutar como fiscal general y todo le sale mal, simplemente porque “zapatero a tus zapatos”, no es lo mismo defender presuntos delincuentes pudientes, que investigar delitos y capturar eficientemente malhechores de toda laya, de los que abundan en Guerrero.
En la televisión nacional trascendió el hecho de que a un exalcalde y actual diputado local guerrerense se le vincula en compadrazgo con el tan buscado mafioso peligroso, de los que traen jodida a una región amapolera, señalado de mandar asesinar al cura que le bautizó a una bebita y de ordenar silenciar a un empleado que testificó.
Un Ministerio Público subordinado del fiscal consideró reunidos lo elementos para consignar al poderoso diputado inmune y una juez de Chilpancingo obsequió la orden de aprehensión, pero resultó que primero debían desaforarlo sus compañeros de legislatura y ahora resulta que el legislador risa y risa, porque los castigados de momento son el MP y la Juez.
Para el entorno local puede ser otra rayita al tigre, pero a nivel nacional dice mucho de la sempiterna justicia fallida en Guerrero, pues para acabarla de amolar se agregó a la tragicomedia el asesinato de un periodista que seguía el asunto de cerca.
Malos momentos para el gobernador Héctor Astudillo, porque los del equipo de procuración y administración de justicia le están fallando, y Chilapa podría arder. ¡Así de simple!