*Los evidentes desacuerdos internos que hay en ese partido quedaron de manifiesto con la ausencia de las tribus Grupo Guerrero, CODUC, UIG e IDN
Jesús Saavedra
Sin quórum y en medio de una notoria división interna, este domingo el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática aprobó su plan de trabajo, presupuesto, un resolutivo en rechazo a las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y un duro posicionamiento contra el gobierno estatal y federal.
Este domingo se convocó a sesión a los 227 miembros del Consejo Estatal perredista, en un salón de fiestas al sur de esta capital, pero apenas llegaron 90 de sus integrantes, lo que hizo notoria la ausencia de cuando menos cuatro corrientes políticas de ese partido.
Llegaron a la sesión 90 consejeros de las corrientes del Movimiento Alternativa Social, de Bernardo Ortega; Nueva Mayoría, de Beatriz Mojica; Izquierda Progresista Guerrerense, que encabezaba Ángel Aguirre Herrera; Foro Nuevo Sol, de Juan Adán Tabares, y Alternativa Democrática Guerrerense, del dirigente estatal Celestino Cesáreo Guzmán.
No fueron a la sesión consejeros y dirigentes del Grupo Guerrero, de David Jiménez Rumbo; tampoco de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, de Sebastián de la Rosa; de Unidad de Izquierda en Guerrero, de Víctor Aguirre, e Izquierda Democrática Nacional, de Oscar Chávez.
La sesión estaba programada para iniciar a las 11 de la mañana, pero la sesión comenzó a la 1:20 de la tarde con la presencia de 90 de 227 consejeros, informó el secretario de la mesa del Consejo, Alfredo Pano Pérez.
Enseguida se sometió a votación la aprobación del presupuesto, del plan de trabajo y no hubo problemas e impugnaciones en esos dos puntos, y se dio lectura enseguida un pronunciamiento “en defensa de la soberanía nacional y el rechazo a las políticas públicas del gobierno de los Estados Unidos”.
Luego de la lectura del documento, los consejeros presentes aprobaron ese pronunciamiento “ante la embestida racista, clasista, criminal y violatoria de los derechos humanos del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”.
Pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto “emprender una política vigorosa en defensa de la soberanía nacional y que se aproveche el momento que transitan las relaciones México-Estados Unidos para desarrollar una economía nacional fuerte y diversificada, y generar lazos con otras regiones del mundo que permitan generar fuentes de empleos dignos, bien remunerados y suficientes para la clase trabajadora mexicana”.
Además, demandaron al presidente “que implemente un plan emergente legal y político en defensa de los mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos, a efecto de proteger a los connacionales de las embestidas racistas del gobierno del Donald Trump”.
Finalmente en la sesión se aprobó un duro posicionamiento político con severas críticas para los gobiernos federal y estatal por “la ostensible falta de resultados”, por lo que “el país y el estado se les deshacen a ambos”.